El Mar Menor ‘asiste’ por segundo año consecutivo a la cumbre climática mundial, en Sarm el Seij (Egipto). Se presenta en la COP 2022 la Iniciativa Legislativa Popular convertida en Ley, publicada en el BOE del 30 de septiembre pasado tras su tramitación parlamentaria. Todo, gracias al apoyo constatable de 636.000 personas y un inmenso eco popular. Fue y es un gran logro social y divulgativo conseguido por los ocho promotores de la ILP junto a organizaciones ecologistas, plataformas y personas de Salvemos el Mar Menor y SOS Mar Menor. Un éxito colectivo, en definitiva, que cristalizó en la gran manifestación de 55.000 personas en Murcia y ahora en la Ley 19/2022.
Paralelamente cierta artillería jurídica y económica va descargando sus baterías contra la Iniciativa y la Ley desde diversos ángulos. La primera, basándose en lagunas o dudas sobre su encaje en el ordenamiento legal español. La segunda, menos ajustada, desperdigando mediáticamente bombas de racimo llenas de invenciones sobre ‘falsas acusaciones’ contra el sector agroindustrial como principal causante por el uso indiscriminado y masivo de fertilizantes con nitraros. Y teniendo esta segunda como principal actor a la Fundación Ingenio, fomentada inicialmente por el PP regional, pero ahora cercana a Vox.
Las críticas jurídicas, ‘fuego amigo’ algunas, coinciden con reticencias expresadas sotto voce por sectores progresistas sobre la utilidad práctica de la ILP, aunque hayan mantenido en todo caso su colaboración para conseguir las más de 600.000 firmas. El recorrido de las denuncias que se presenten al amparo de la nueva Ley probarán su utilidad. Los ataques directos coincidentes desde la Fundación y Vox no son sino expresión de la resistencia de la agroindustria a admitir su papel decisivo en el ecocidio de la laguna por el efecto de nitratos, pozos ilegales y filtraciones de purines. Algo meridianamente establecido hace tiempo y refrendado en octubre por el texto del informe final de la Eurocámara tras visitar el Mar Menor.
Ingenio y Vox tocan a rebato. La Fundación, como portavoz del lobby agroindustrial que la creó y mantiene; el partido ultra, para acrecentar su caladero de votos en el entorno marmenorense, inmersos ambos en esa especie de negacionismo ilógico, defensor de prácticas insostenibles. En tal contexto, un informe de CajaMar asegura que la Región fue la que más aumentó sus cultivos ecológicos (un 22,8%) en 2020. Sin embargo, el Consejo de Agricultura Ecológica Regional (Caerm) precisa que solo es ecológico un 4% de lo que crece en el Campo de Cartagena. Muy por detrás de Altiplano (26%), Valle del Guadalentín (24%), Noroeste (22%), Río Mula (11%) y Valle del Segura (7%). Al tiempo, la zona cartagenera es la que más agua del Trasvase consume, el 32%, según el MITECO.
Con la nueva simbiosis Ingenio-Vox, López Miras y Antonio Luengo deberían cuestionarse su apoyo inicial a la Fundación, presentación en San Esteban incluida en mayo de 2020. Es decir, deben decidir si están de parte de la UE o de Vox y la Ingenio, como señala el eurodiputado socialista Marcos Ros. Desde Podemos, María Marín manifiesta que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena puede haber desviado indebidamente fondos para financiar a la Ingenio.
En un ambiente tan controvertido, sería urgente que se emprendiera y finalizara el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2022, para lo que está habilitado el Gobierno, según la ‘Disposición final primera/Desarrollo reglamentario’. Aparte del éxito de firmas, su plasmación en Ley, las presencias en la COP y las actuaciones en marcha, se hace perentorio que el Gobierno central apruebe ese desarrollo para establecer mecanismos de aplicación, puesto que solo en referencia a la Comisión de Seguimiento (art. 3) la Ley establece un tope de tres meses para constituirla: el 3 de enero. El reglamento para toda la Ley urge. Sin dilación, porque está en juego su practicidad.
