Los artículos 2 y 149.1.22 de nuestra Constitución, así como el artículo 2 de la Ley de Aguas de 1985, son, a mi juicio, determinantes para establecer sin complejos una planificación hidrológica nacional.
El articulo 2 de nuestra Constitución dispone: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
En su artículo 149-1 la Constitución preceptúa: «El Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 22ª. La legislación, ordenación y concesión de aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma...».
Por su parte, la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, dispone en su artículo 2: «Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico».
Si las Comunidades autónomas están obligadas a ser solidarias entre ellas, las aguas superficiales son del dominio público estatal y su legislación, ordenación y concesión de aprovechamientos corresponden en exclusiva al Estado, puede alguien explicarnos a qué viene tanto revuelo político e informativo por lo que hace unos días dijo Feijóo sobre el Trasvase Tajo-Segura en Guadalajara, o hace meses en Murcia; lo que sobre estos asuntos opinan García Page (PSOE) y Paco Nuñez (PP) en Castilla-La Mancha.
Todos pueden opinar, faltaría más, pero ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni mucho menos su ministra del ramo, Teresa Ribera, tienen capacidad por sí solos para legislar, ordenar, conceder o derogar un trasvase ni promover otro.
Todos ellos saben que, conforme al artículo 66.1 de nuestra Ley de Leyes, son las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, las que representan al pueblo español y que es a ellas, conforme al número 2 de ese artículo a las que corresponde legislar.
¿Conoce alguien una iniciativa legislativa en torno al Trasvase? Ninguna. Entonces ¿a qué tanto revuelo? ¿Será porque se aproximan elecciones? Seguro.
El agua no tiene color, sabor ni olor, sin embargo, a cada proceso electoral colorea, sabe fatal y huele peor. Cuando los líderes políticos actúan de esa forma me recuerdan a la expresión popular ¡agua va!, cuando en el pasado se arrojaba por ventanas y balcones, a fin de que la gente se apartase a tiempo para no ser bautizada con lo que, a más de agua, contenía otros líquidos y sólidos nada limpios.
¡Ya está bien! Ninguno de estos aguadores nacionales explica por qué han eliminado de su política sobre agua al río más caudaloso de España, el Ebro, que vierte al Mediterraneo 8.000 hectómetros cúbicos los años de sequía. ¿Acaso se ha secado el Ebro o vuestra memoria? ¿Qué complejo os asiste despistados? ¿Dedicáis vuestro tiempo a solucionar problemas o a inventarlos?
El agua es de todos los españoles, les sirve para beber y lavarse, también para dar empleo, entre otros, a cientos de miles de obreros del campo que, sin otra cualificación profesional, la necesitan como el pan que les procura sembrar, cultivar y cosechar.
No sigáis por el cauce beligerante de la guerra del agua sin fundamento, porque cuando oigáis a la sociedad decir ¡agua va! será tarde, os caerá encima para no tener que disfrazaros.
Y ojo, Feijóo, no le mandes más ‘jamones’ al presidente murciano porque se le pueden descolgar las colañas.
