Ni el estado de la tecnología actual, ni el desarrollo de la economía, ni las existencias de níquel, litio y cobalto, metales necesarios para la elaboración de las carísimas baterías, permiten realizar una transición de los vehículos de combustión a los eléctricos de la manera tan radical como ha sido planificada por los principales Gobiernos, el de España en lugar bien destacado, faltaría más. Por tanto, ni siquiera asumiendo que eliminar los coches con motores de explosión sea imprescindible para detener el apocalipsis climático que se avecina (lo cual es mucho asumir), el mundo civilizado puede permitirse una revolución tan brutal como la que alimentan los Estados con su delirante política de implantación de energías verdes.
Que ni siquiera son verdes porque, si bien es cierto que el uso de una placa solar contamina menos que la electricidad proveniente de una central térmica, el consumo de energía necesario para producir ese tipo de materiales produce emisiones contaminantes muy por encima de la reducción prevista durante su vida útil. Lo mismo ocurre con la contaminación producida por la elaboración de los sistemas de propulsión eléctrica, mucho mayor que la reducción de emisiones que tendrá lugar durante la vida del coche por las carreteras. Es la versión ecofriendly de hacer un pan como unas tortas, el famoso dicho popular con que la gente bautizaba las soluciones absurdas que empeoran el problema que se quiere solucionar.
Nada hay que objetar a la decisión individual de comprar un vehículo eléctrico. Como ha ocurrido siempre a lo largo de la Historia, cuando los Gobiernos no intervienen creando demandas artificiales de un bien determinado, los mercados van evolucionando sin tensiones hasta que una determinada tecnología se impone a todo lo anterior. Ocurrió con la llegada de los coches a motor, que desplazaron progresivamente a los carruajes por sus innegables ventajas de todo tipo. Si los Gobiernos hubieran prohibido circular a los vehículos de tracción animal y hubieran impuesto una fecha límite para que todo el mundo comprara un coche se habrían producido fuertes tensiones, desabastecimientos de materias primas y agravios inaceptables contra aquellas personas que solo podían tener un mulo y un carro para trabajar.
Pues esa es exactamente la situación a la que estamos abocados con la imposición del coche eléctrico, el único que va a poder fabricarse en el mundo occidental a partir de 2035 de acuerdo con los planes de la UE. Según los fabricantes de este tipo de vehículos (todos, porque en trece años ya no podrán fabricar otra cosa) haría falta localizar otras trescientas minas de litio para poder abastecer la demanda de baterías eléctricas que se va a producir para poder producir tanto vehículo eléctrico. No es probable que el planeta Tierra nos ofrezca de pronto cientos de nuevos yacimientos de materiales raros al alcance de la mano, salvo que caiga un meteorito de enormes dimensiones formado por estos metales, en cuyo caso el problema quedaría resuelto de manera aún más radical.
Mientras tanto, la persecución del coche de gasolina o gasoil afectará a la gente que no puede gastarse los 20-30.000 euros añadidos que cuesta un vehículo eléctrico, es decir, el sector de la población con menos recursos. Se cumple así, una vez más, la Ley de Hierro del socialismo, según la cual las medidas socialistas destrozan fundamentalmente a las clases populares, precisamente las que votan mayoritariamente a los demagogos izquierdistas que, una vez en el poder, legislan a favor de los que más tienen. Porque ¿quién se compra hoy en día un coche eléctrico para trabajar? La respuesta a esa pregunta hace innecesario añadir nada más.
