El próximo primero de diciembre el profesorado de Educación pública no universitaria elegiremos en las urnas la Junta de Personal docente que reflejará una nueva correlación de fuerzas sindicales mediante el voto libre y democrático. Este proceso electoral viene enmarcado en al menos dos circunstancias muy evidentes que lo perfilan como un momento de enorme significado para la escuela pública. Ambas están relacionadas con una idea de Xavi Hernández que leí hace tiempo: «El fútbol es crear espacios y ocuparlos».
La primera circunstancia se expresa en tres movimientos muy bien calculados dentro del panorama político educativo.
En el ámbito universitario, una catedrática de una universidad privada y confesional gestiona la dirección general de Universidades e Investigación. Su antecesor, profesor e investigador de la UMU, tuvo la dignidad de presentar su dimisión para no participar en la súbita resolución del expediente que autorizase a impartir estudios de Veterinaria a la empresa de la actual directora general.
La UMU arrastra un déficit de financiación pública por parte de la CARM cercano a veintitrés millones de euros. La UPCT, en torno a ocho millones. Estos recursos alcanzarían para levantar la persiana cada día. Olviden aquello de la investigación, la innovación, el crecimiento. ¿Qué representante de ambos claustros universitarios ocupa algún lugar en la estructura de la consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía desde el que reclamar el mero cumplimiento de las obligaciones de su Gobierno a Fernando López Miras? Nadie.
En el ámbito no universitario, la consejería de Educación está al servicio de la aritmética parlamentaria para guardar el sillón del presidente regional. Desglosar a estas alturas el ancho desconocimiento del sector por parte de la actual consejera es una reiteración agobiante. No fue elegida por error, sino para cuadrar las cuentas del presidente y para seguir desmantelando la escuela pública al son del derecho a la libertad de elección de centros.
De hecho, entre 2009 y 2018 la matriculación en la escuela pública ha crecido un 7,4%. No obstante, la inversión en la red de centros públicos ha disminuido en un 9%. En paralelo, los conciertos han procurado a los centros privados un crecimiento de matrícula del 21’4% , gracias a un aumento del 31’9% de los fondos públicos que reciben de la administración murciana. «No hay dinero» es la respuesta tipo a cada necesidad reclamada por un centro público. Ya saben ustedes dónde está el dinero.
El tercer movimiento en el marco político educativo la realizó la consejera de Educación el pasado 27 de septiembre al proponer como presidente del Consejo Escolar Regional al representante en nuestra región de la Confederación Española de Centros de Enseñanza privados y concertados. Junto al vicepresidente, dos representantes del sector privado y privado concertado a la cabeza de un órgano que realiza dictámenes sobre programación general de la enseñanza, ordenación del sistema educativo o evaluación y calidad.
¿Cómo queda el sector público? Relegado y ausente, todo hay que decirlo. Hoy, el espacio educativo crece bajo el prisma de políticas privatizadoras, curiosamente ejecutadas por supuestos servidores y servidoras públicos, unas veces docentes de la propia escuela pública y otras simples paracaidistas.
La segunda circunstancia determinante para las elecciones docentes de diciembre no puede obviar la autocrítica entre las organizaciones sindicales. La nueva Junta de Personal docente debe denunciar el modelo político promotor de un sistema educativo que asfixia a la escuela pública. ‘Ocupar’ ese espacio de representación requiere convertir nuestro voto en un serio aviso a aquellas organizaciones sindicales cuya actitud ampara las políticas devastadoras para la educación pública.
La designación de un dirigente de la privada para dirigir el Consejo Escolar Regional fue contestada en absoluta minoría por quienes sí cumplimos nuestra obligación de ‘ocupar el espacio’, en ausencia del resto. Mismo escenario hace escasos días durante el debate y aprobación del dictamen sobre la nueva Orden de Conciertos Educativos, significativo estreno del presidente asociado a la escuela privada. Hace dos años, la reducción de más de cuatrocientos docentes en la Programación General de la Enseñanza, con el dictamen positivo del Consejo, solo fue denunciada por la organización que suscribe.
Las organizaciones de la Junta de Personal docente público debemos ocupar con una sola voz los espacios de representación donde debe ser escuchada y (dadas las circunstancias) defendida la Escuela Pública. Detrás de la pancarta, sí, pero también allí donde el voto de más de 20.000 docentes nos exige representar sus derechos. Porque quienes conciben la educación como negocio ya han colocado a sus peones en el Gobierno.
