La solución orquestada a la moción de censura contra López Miras en marzo de 2021 con el apoyo del transfuguismo y los expulsados de Vox marcó un punto de inflexión en la degradación de las instituciones democráticas de nuestra Región, ahondada aún más, si cabe, por la vergonzosa operación urdida entre Abascal y Feijóo y ejecutada entre LM y Antelo para dinamitar el pseudogrupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional.
La responsabilidad de toda esta degradación democrática corresponde, desde luego, a sus protagonistas y palmeros, que ni sienten ni padecen con esta situación, pero la cuestión es que una buena parte podría haberse evitado si a la reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia, que eliminó el sistema electoral menos democrático de todo el Estado y que algunos ahora se plantean recuperar, le hubiera acompañado una reforma del Reglamento de la Asamblea Regional introduciendo la figura y la reglamentación del diputado/a no adscrito/a, como lo han hecho otros Parlamentos autonómicos, e incluyendo el transfuguismo como causa por la que también se adquiere tal condición, como ha hecho recientemente el Parlamento de Andalucía, único hasta ahora que ha incorporado los acuerdos de la Adenda III del Pacto Antitransfuguismo de noviembre de 2020.
Siguiendo, por ejemplo, reglamentos como el de Navarra o Cataluña, entre otros, Martínez Vidal, Molina, Campuzano y Pascual serían diputados/as no adscritos/as, no miembros del Grupo Mixto, con la consiguiente reducción de derechos de participación política y recursos; no así Liarte y Carrera, que podrían mantener el Grupo Parlamentario con dos diputados en ambos parlamentos, en cuyo caso, seguramente Vox no habría puesto en marcha la desaparición de su grupo parlamentario.
No obstante, la clave está en dos cuestiones: una, que el transfuguismo sea considerado causa para adquirir la condición de diputado no adscrito y, dos, que diputados/as expulsados no puedan apropiarse del Grupo Parlamentario del partido en cuya candidatura se presentaron a las elecciones, usurpando una representación y unos recursos que no les corresponden, como han hecho los tránsfugas de Cs y los expulsados de Vox.
Esto es lo que ha resuelto el Parlamento de Andalucía con la reforma de abril de 2021. Es verdad que está pendiente del pronunciamiento del Constitucional, pero, de momento ahí está en vigor. En esta dirección habrá que seguir avanzando para blindar nuestra democracia de los caprichos del destino, o de algunos.
