Opinión | Carta de un expresidente

El agua y el muro de las lamentaciones

Nuestra Región de Murcia y el Estado de Israel tienen en común la carencia de algo tan vital como el agua. Ambos son pioneros y ejemplares en su uso; la necesidad agudiza el ingenio, el de los agricultores me refiero.

Sin embargo, mientras en Israel han solucionado el problema sin recurrir al muro de las lamentaciones, en Murcia solo contamos con las razonables quejas, lloros, protestas y lamentos del presidente de nuestro Gobierno.

Llama la atención, sin embargo, que un asunto de la competencia exclusiva del Estado, a tenor del artículo 149.1.22 de nuestra Constitución, esencial para la vida y desarrollo de España, cargado de la solidaridad entre las regiones preceptuada en su artículo 2, cuyos debates y decisiones sólo corresponden a las Cortes Generales, se ventilen en manifestaciones publicas o eventos regionales, conducentes a la protesta, el llanto, la queja y las lamentaciones de unos y el intento de domesticar a los españoles, también con el agua, por otros.

Las grietas del muro de las lamentaciones de Jerusalén albergan no solo deseos, peticiones y lamentaciones, también pecados, ajenos y propios, que es preciso reconocer para ser creíbles.

La política hídrica nacional fue defendida por el republicano Indalecio Prieto, proyectada y ejecutada durante la dictadura con el acueducto Tajo-Segura, puesta en marcha por la UCD, exigida por la Ley de Aguas de 1985 del PSOE y cumplimentada por el PP de Aznar el 21 de julio de 2001, para llevar el agua del Ebro al levante español.

Otros, como Zapatero, para lograr su investidura, lo derogaron el 18 de junio de 2004 por Real Decreto Ley a petición de ERC, como aclaró su diputada, Bonas Pahisa, según consta al Diario de Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, número 236, de 6 de abril de 2005, página 6. Pecado socialista.

Pero, como expuse anteriormente, a más de quejas, llantos y protestas por la acción del contrincante hay que introducir en el debate los pecados propios, hacer examen de conciencia, y confesarlos con propósito de enmienda; lo contrario no sirve, es pura hipocresía.

¿Que hizo el presidente Rajoy durante los ocho años de su mandato para recuperar el PHN de Aznar? Nada. Por contra, en el congreso nacional del PP celebrado en Valencia en junio de 2008, nombró secretaria general a Cospedal, quien el 29 de enero de 2007 había votado en las Cortes de Castilla-La Mancha la reforma del Estatuto de aquella región, que contenía una Disposición Transitoria Primera que ponía fin al trasvase en el año 2015 (Diario de Sesiones de las Cortes castellanomanchegas, número 85 de aquel año). Pecado popular. La indicada reforma fue retirada de la Comisión de Constitucional en abril de 2010, al no reunir el apoyo de los 176 diputados necesarios, excusó el PSOE. Solo cuatro habíamos mantenido su inconstitucionalidad en el trámite de toma en consideración ante el plenario, dos años antes. El Trasvase se salvó.

El agua, asunto de Estado, solo tiene un lugar para su debate y decisiones, las Cortes Generales, y unos legítimos actores, los diputados y senadores, especialmente los murcianos, encargados de velar por el cumplimiento de sus compromisos electorales. Las cúpulas orgánicas te podrán tildar de indisciplinado, pero nunca de sumiso, traidor o ‘estomago agradecido’.

Quiero creer y confío en que los ataques al Trasvase no se consoliden y sí su continuidad, por dos razones: 1. Creo que el PSOE solo intenta complacer eventualmente a García Page, presidente manchego. Conoce las encuestas y, por tanto, que la fecha de caducidad del Gobierno Sánchez está próxima. Finalmente se excusará, como entonces, de no disponer de tiempo para derogarlo. 2. No tenemos porqué desconfiar de los compromisos de Feijóo y Abascal. La próxima legislatura será la de la aprobación de un PHN que está prácticamente hecho. Solo hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, a ningún otro sitio, y confiar sin lamentaciones.

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