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Trabajar y ser pobre

Un trabajador en una de las líneas de producción de coches de la planta de Opel España. Stellantis

Trabajar y ser pobre, ¿les suena? es la realidad de muchísimas personas en el mundo. La temporalidad, la parcialidad, los contratos en fraude de ley, el salario en negro, condiciones leoninas fuera de todo marco legal y moral… Todo ello se da, en mayor o menor medida, dentro de las fronteras de la Comunidad murciana sin sonrojo alguno por parte del Ejecutivo regional que tiene el foco puesto en reducir los impuestos a las grandes empresas que en apoyar a las pymes y a la población obrera que sostiene la realidad económica.

Hoy, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que está dedicada a los millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo que merecen y reclaman justicia salarial.

Uno esperaría, teniendo un trabajo, poder costear una vida digna, pero la realidad es que el tiempo de nuestra familia, nuestro ocio y nuestro descanso se vende barato y las exiguas ganancias se emplean en pagar los altos costes de la vivienda, la energía, el transporte o la alimentación.

Y así andamos, viendo cómo, poco a poco, se desangra el llamado estado de bienestar en aras de un estado capitalista que solo se ocupa de obtener beneficios rápidos y que precariza, cada vez más, a la clase trabajadora y huye de unas relaciones laborales serias que permitan repartir beneficios entre la empresa y las plantillas.

Quizá les parecerá una afirmación dura, sin embargo, está absolutamente fundamentada. El 20% de las personas trabajadoras de esta Región son pobres y el 48 % de la población tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes. De hecho, según los últimos datos publicados en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Segundo Trimestre de 2022 (INE) los costes laborales y salariales en la Comunidad de Murcia están entre los más bajos de todas las Comunidades autónomas del Estado español, concretamente los terceros por la cola. Según estos, una persona trabajadora en nuestra Comunidad percibe, por término medio, el 87% por ciento del salario medio en España solo por el hecho de trabajar en esta Región. Según esta encuesta trabajar en la Región de Murcia cuesta al empresariado 344,49 euros menos por mes por persona que la media en el conjunto de España en términos de coste laboral y 269,45 euros en coste salarial.

Si a esta realidad se le suma que el coste de la vida en la Región se encarece mes a mes por encima de la media nacional el resultado sobre la economía de las personas trabajadoras y sus familias es devastador. Se trata de una situación que viene agravada por un aumento en la inflación que cabalga con más fuerza en la Región de Murcia que en el conjunto de España, como demuestra el último dato del IPC de agosto (11 % inflación regional frente al 10,5% estatal) y que deteriora a mayor velocidad el poder adquisitivo de las familias obreras murcianas

Cuando hablamos de trabajo decente se nos puede ir la mente fácilmente a países de África o América del Sur, pero la triste realidad es que está a la orden del día y en nuestra misma Comunidad autónoma.

Pero no se equivoquen, el trabajo decente no solo es cobrar un salario digno y justo que te permita vivir (no sobrevivir). Tiene que ver también con trabajar en un espacio libre de violencias, libre de acoso sexual y por razón de sexo, libre de discriminación salarial.

Es realizar contratos de trabajo por las horas reales de trabajo. Es renovar los convenios colectivos desde el respeto a los y las trabajadoras. Es no explotar a los inmigrantes que no tienen documentos para poder trabajar. Es respetar el derecho a conciliar la vida laboral y la personal familiar. Trabajo decente es entender que los beneficios de las empresas no pueden estar sometidos a la desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores. Es respetar a los y las trabajadoras en sus reclamaciones laborales y salariales, sin que la respuesta sea el despido o el acoso laboral. Trabajo decente es entender que la organización de los y las trabajadoras es normal dentro de las relaciones laborales. Es revisar los destajos anualmente para que las plantillas no pierdan poder adquisitivo. Trabajo decente es vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, y poner los medios de transporte adecuados para evitar accidentes itinere en la medida de lo posible.

Un trabajo, en resumidas cuentas, donde no haya ni mal trato ni maltrato y del que volvamos a casa con una buena sensación porque, al margen de lo mucho o poco que nos guste nuestro mundo laboral nuestra realidad personal es más importante.

Acabo de recibir la cita para el dermatólogo que pedí en mi hospital madrileño de referencia, considerado un modelo de gestión desde que se semiprivatizó en tiempos de Esperanza Aguirre. Mi cita es para el 5 de mayo de 2023, es decir, dentro de siete meses. No se trata de una operación, se trata solo de una consulta.

A partir de hoy, cada vez que vea a Isabel Díaz Ayuso sacar pecho por sus recortes de impuestos a los madrileños pensaré en mi cita con el dermatólogo y sabré por qué es dentro de siete meses: porque a la vez que a los madrileños nos recortan los impuestos nos están recortando los servicios públicos, que se financian con los impuestos, no con sonrisas. Del mismo modo, cada vez que escuche a Núñez Feijóo pedirle a Pedro Sánchez que baje los impuestos me acordaré de todas esas personas que esperan durante meses, incluso durante años, a una operación o de todos esos alumnos que reciben clases en barracones o hacinados en aulas insuficientes por falta de presupuesto para construir colegios, incluso para pintar y arreglar los que hay. Supongo que a Feijóo y Ayuso les da igual, porque sus seguros médicos no les harán esperar siete meses y sus hijos o sobrinos no tienen que compartir aula con la chusma.

A cualquiera que le pregunten si quiere pagar menos impuestos va a decir que sí, yo el primero. Pero si al que le preguntan le dicen que, pagando menos impuestos, va a tener peores servicios públicos, o simplemente no va a tenerlos, quizá lo piense antes de responder. Al final, de lo que se trata es de elegir entre un Estado social y uno liberal en el que cada ciudadano se ha de solucionar sus problemas por su cuenta y allá el de al lado si no puede hacerlo. La disyuntiva es tan vieja como el mundo: individualismo o socialización. Cualquiera de los dos caminos es válido en una democracia, pero para elegir uno de los dos la gente debe saber cuáles son las consecuencias de esa elección.

Y a veces da la impresión de que muchas personas las ignoran, habida cuenta de la ligereza con la que reclaman pagar menos impuestos mientras exigen los mismos servicios públicos, como si la cuadratura del círculo (menos ingresos para el Estado y el mismo gasto) fuera posible. Que los que pueden vivir sin esos servicios públicos lo hagan se comprende, pero que quienes los necesitan para vivir se entiende ya menos.

Una corriente abolicionista de los impuestos se está extendiendo por España, auspiciada por una oposición que no tiene que rendir cuentas de lo que pase por ello luego y alentada por una crisis que hace creer a muchos que donde mejor está su dinero es en sus bolsillos y no en las arcas de un Estado que a saber lo que hará con él. Olvidan estos (y calla la oposición) que los impuestos no son cargas caprichosas que se establecen para sangrar a los ciudadanos porque sí, sino la forma que tienen los Estados de procurar el bien común en función de las posibilidades de cada uno y no del sálvese quien pueda, que es lo que muchos defienden hacer, incluso algunos tan desorientados como para, tras pedir pagar menos impuestos, quejarse de que en los hospitales públicos tarden un año en darles una cita médica. Aunque para desorientación (mejor llamarlo cinismo) la de esos presidentes autonómicos que, tras bajar sus impuestos todo lo que pueden y hacer bandera política de ello, cuando tienen problemas financieros acuden al Estado para que les socorra como la ultra liberal Ayuso hizo cuando la Filomena. Para eso sí estaban bien los impuestos…

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