Los programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social que se desarrollan en 34 municipios de la Región de Murcia, en algunos desde hace 15 años, pueden interrumpirse, sine die, por la ineficacia de la Consejería de Política Social que dirige Isabel Franco. Dicha interrupción, además de abocar al paro a unos 150 trabajadores/as de 18 colectivos afectados, dejaría, por falta de previsión de la consejera, a 3.500 personas usuarias actualmente de estos programas sin la herramienta que les podría permitir salir de la situación de exclusión a través de la inserción laboral.
Estos programas se financian entre un 80% y un 92% con el Fondo Social Europeo, fondo que la Comisión Europea aprobó ya para el periodo 2021-2027 en junio del año pasado con efecto retroactivo del 1 de enero de 2021.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda comunicó el 1 de octubre el reparto de dichos fondos a las CCAA que, a su vez, han de aprobar su Plan Operativo de gasto regional del FSE correspondiente al periodo en cuestión y remitirlo a la Comisión Europea.
Sin embargo, el Gobierno regional no ha concluido aún dicho Plan Operativo, por lo que la convocatoria de subvenciones, para este año 2022, que financian anualmente estos Programas, la ha realizado con fondos propios que cubren gastos solo hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, ante la falta de financiación para continuar el desarrollo de las actividades, las entidades, ONG,s integrados en la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-RM), se verán obligadas a cerrar los programas y despedir a los trabajadores/as, dado que no disponen de ‘riñón financiero’ para asumir los gastos hasta una próxima resolución de la siguiente convocatoria de subvenciones, por ahora sin fecha prevista.
Quizás, reducir el plazo de resolución de seis a tres meses, como ya hacen muchas CCAA, realizar convocatorias plurianuales y hacer efectivos mecanismos de cobro anticipado de las subvenciones (previstos en la ley), faciliten las garantías de estabilidad financiera que necesitan los programas y exigen los colectivos. Estas medidas podrían ofrecer una salida al actual conflicto con una convocatoria inmediata de cara a 2023 resuelta mediante procedimiento de tramitación anticipada. Pero antes, el Gobierno regional ha de hacer sus deberes y aprobar el Plan Operativo de gasto regional del FSE. Casi nada.
