La vicepresidenta primera pide moderación salarial para no contribuir al monstruo de la inflación, la vicepresidenta segunda apoya a los sindicatos que exigen cláusulas de revisión salarial en los convenios, la patronal pide subidas que no pongan en peligro la viabilidad de sus empresas y, mientras tanto, a nadie se le ocurre pensar en una subida salarial lineal que reequilibre la gran brecha salarial que existe en nuestro país entre los que más ganan y los que menos.
La inflación va por el 10%, y todo apunta a que entre los sinvergüenzas que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para subir los precios de manera descarada y abusiva y la maldita guerra, los precios van a seguir subiendo, hasta que algún día nos demos cuenta de que la fiesta está a punto de acabarse, y entonces empecemos a tomar medidas drásticas en nuestra economía.
Ahora que el debate sobre si la subida salarial tiene que estar acorde con la inflación, sería bueno que, de una vez por todas, la próxima subida que afectará a los empleados públicos, deberían, aunque fueran los sindicatos hacer algo de provecho en este aspecto, y, por una vez y para que sirva de precedente, pensar en los salarios más bajos a la hora de sus reivindicaciones y proponer esta alternativa real.
Si finalmente la subida salarial para los empleados públicos ronda el 5%, es una cifra cualquiera, alguien debería exigir que el montante global se distribuya linealmente entre todos los empleados públicos.
Muy probablemente para los salarios más bajos supondrá una subida del 10% y para los que ganan más puede que suponga ‘tan solo’ un incremento del 1 o 2%, pero habremos logrado algo más que necesario, redistribuir la crisis de manera más justa y equitativa, pero, ante todo, habremos dado un paso importante para equilibrar unos salarios en la Administración pública que sigue abriéndose la brecha de la diferencia salarial.
Sería también todo un síntoma de solidaridad, y es que una parte de la sociedad cree que los salarios en la Administración pública saltan los dos mil euros como mínimo, cuando la realidad es bien distinta.
Hay gente en la Administración pública cuyo salario está en más de ochenta mil euros, otros, muchos más, rondan entre los cuarenta y cincuenta mil euros, pero la mayoría se circunscribe entre los veinticinco y treinta y cinco mil euros anuales brutos.
Ha llegado el momento de que los gobiernos apliquen un índice corrector sobre los salarios.
No hay gasolina para pobres, al contrario, entre todos pagamos que quien tiene un Ferrari se beneficie de las deducciones en las estaciones de servicio.
Más aún, en este país, una familia con ingresos superiores a cien mil euros anuales y que sea considerada familia numerosa tiene descuentos fiscales especiales y hasta la luz le sale más barata, o si una persona con una discapacidad del 33% se compra un vehículo de alta gama y su patrimonio ronda el millón de euros o los cinco, da igual, Hacienda te premia con exenciones fiscales. En cambio, si eres un simple trabajador y ganas mil euros al mes, y por necesidad te tienes que comprar un coche de segunda mano (uno nuevo es impensable), Hacienda no te perdona y te recuerda que somos todos.
Esperemos que el Gobierno de coalición vuelva a pensar de nuevo en los salarios más bajos de este país, y cuando hable de subida salarial no aplique la tabla rasa y ponga sobre la mesa una subida lineal en la negociación colectiva, y que la aplique en la Administración pública por decreto. Sería todo un síntoma de justicia social.
