Según el informe de la Comisión del Juego en la Región de Murcia referido al año 2021, parece que la actividad del juego y las apuestas se recupera, acercándose a los niveles prepandemia, a tenor de las tasas cobradas por la Comunidad Autónoma que gravan la recau dación originada por esta actividad. Tasas, por cierto, que han gozado de unos beneficios fiscales que, junto a la laxitud legislativa y normativa que han practicado los gobiernos regionales del PP, han propiciado que la Región de Murcia encabece, con diferencia, el ranking de la proporción de salones de juego en relación al número de habitantes.
Recordaremos solo algunos datos para contextualizar la situación: en la Región de Murcia existe un salón de juego por cada 4.149 habitantes (1/4.149), cantidad que triplica la media nacional, (1/12.180 hab.) y queda muy lejos de las dos comunidades autónomas siguientes, Canarias y Baleares, con una proporción de 1/7.267hab. y 1/7.873hab. respectivamente.
Estas ratios contrastan escandalosamente, por ejemplo, con la de Cataluña, que cuenta solo son 127 salones de juego para una población de 7,7 M (1/61.129 hab.), cuando Murcia, en términos absolutos, cuenta con 366.
La razón de este contraste, como decíamos anteriormente, no es otra que la permisividad y laxitud normativa ejercida por los gobiernos regionales y en especial el de López Miras, que ya acumula dos proyectos de decreto aparcados: el primero, para regular la publicidad exterior de los salones, haciéndola menos llamativa; y el segundo, para prohibir la instalación de salones de juego a menos de 500 metros de un centro educativo.
Ambos proyectos de decreto ya fueron presentados en la Comisión del Juego y Apuestas de la Región de Murcia en abril de 2021 y en marzo de 2019, respectivamente.
Incluso este último, el del establecimiento de una distancia mínima obligatoria de los salones de juego a los centros educativos, fue anunciado a bombo y platillo en septiembre de 2018 y, sin embargo, sigue durmiendo en algún cajón a pesar de que, de aprobarse, apenas surtiría efecto alguno ya que no afectará a los salones existentes, ni siquiera cuando tengan que renovar las licencias, como si lo prevé, por ejemplo, la ley valenciana del juego.
Así que el juego vuelve al nivel prepandemia, mientras el Gobierno regional sigue en su insultante dejadez y desidia, engañando, además, a la ciudadanía. Alguna explicación sobre el particular nos merecemos, Fernando.
