España sufre las restricciones más duras y las sanciones más caras de toda Europa. La fiesta de Pedro Sánchez le va a costar a los españoles una media de 10.000 euros anuales. 

El mal llamado plan de ‘ahorro energético’ de Sánchez es el más intervencionista de Europa. Alemania, Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Grecia o República Checa evitan prohibiciones drásticas y dialogan con las empresas.

En España, sin embargo, se ha generado un rechazo y enfrentamiento con empresas, familias, comunidades y ayuntamientos, que son los que soportan las improvisaciones de este Gobierno. Estas medidas son abusivas, unilaterales e invaden competencias. El diálogo y la cogobernanza brillan por su ausencia. Las pymes, los autónomos y las familias, son los que pagarán el pato. La patronal reclama ayudas para afrontar los costes que supondrá la aplicación de estas medidas, pero no ha obtenido respuesta.

Las recetas del PSOE no funcionan. Trasladan la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los españoles, como por otro lado viene siendo habitual en ellos. Están instalados en el «yo invito y tú pagas». Es fácil imponer obligaciones cuando uno no tiene que cumplirlas y obligar a otros a pagar cuando no te duele el bolsillo.

Sobra este Gobierno y faltan agallas. Como las que ha tenido Alemania, anunciando una bajada de impuestos de 10.000 millones para aliviar la inflación. Para eso hace falta un Gobierno serio, que Alemania tiene y España no. El PP lleva meses proponiendo un Plan económico y fiscal que dé oxígeno a los españoles, pero la soberbia y el egoísmo del PSOE les ha llevado a rechazarlo. 

Freír a impuestos a los españoles y despilfarrar está en el ADN de la izquierda, que ha dejado España hecha un solar cada vez que ha gobernado para que luego venga el PP a arreglarlo. La izquierda es un imán para atraer crisis económicas: con Felipe González, Zapatero y Sánchez, a España le ha ido peor. Pocos pueden decir como Aznar y Rajoy que dejaron una España mejor que la que encontraron.

Hasta 27 impuestos ha subido Sánchez: renta, patrimonio, sociedades, IVA, servicios digitales, transacciones financieras, primas de seguros, residuos, plásticos, gas… No hay sector al que no le hayan puesto la mano encima. Una subida de impuestos de 80.000 millones. Algo insostenible con un 11% de inflación, la mayor en décadas.

Las bajadas de impuestos y el ahorro no van con la izquierda, ellos son más de despilfarrar hasta que se acabe el dinero, como hicieron con el saqueo de los ERE en Andalucía, donde robaron el dinero público (más de 1.000 millones de euros) para tejer sus redes clientelares y pagar a sus amiguetes, cocaína y prostitutas incluidas, que es el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia.

Hace unos días, López Miras decía que «hablar de corbatas no ayuda a las familias a llegar a fin de mes, bajar impuestos sí». Palabras dichas desde el convencimiento de quien aplica y cumple sus políticas de baja presión fiscal. En la Región, nuestro presidente sigue apostando por la bajada de impuestos y lo ha demostrado con hechos: deflactación, bonificaciones y reducciones en el IRPF; eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; extensión de esta exención a tíos y sobrinos; simplificación administrativa; y eliminación de trabas burocráticas y tasas autonómicas para compensar la situación económica o la crisis de la guerra en Ucrania.

Lejos de seguir estas fórmulas de libertad económica y control racional del gasto, hace unos días conocíamos que el Gobierno central sigue engordando su estructura con 73 asesores más y 14 altos cargos, que se suman a la interminable, a la par que inútil, lista de estómagos agradecidos. Ojalá vinieran a solucionar algo, pero no será así.

Con la mayor subida de inflación, luz, gas, carburante y cesta de la compra, los españoles necesitan ayudas y actuaciones ejemplares, no más cargas. Tenemos un Gobierno irresponsable que pide esfuerzo, pero que no se esfuerza; que impone sanciones que ellos no cumplen; que nos dice que nos apretemos el cinturón, pero que viaja en Falcon para ir a un concierto. En definitiva, un Gobierno que es el último en dar ejemplo.

Hace unos días, el Gobierno de Sánchez regalaba 11.400 millones más a Cataluña y 1.100 millones más al País Vasco. Con ese dinero se pagaría toda la deuda de la Región de Murcia causada como consecuencia del sistema de financiación impuesto por Zapatero. Pero qué importa «millón arriba millón abajo, Chiqui», como diría la chiquiMinistra, cuando «el dinero público no es de nadie» (Carmen Calvo ‘dixit’).

Una lo entiende todo cuando recuerda que la actual ministra de Hacienda viene del peor PSOE: el de los ERES. El dinero público, dicen, no es de nadie, pero el Tribunal de Cuentas ya les ha dado otro tirón de orejas y ha detectado 25 errores por valor de 9.000 millones en el primer ejercicio del Gobierno de Sánchez. Los continuos maltratos a la Región de Murcia en temas de importancia capital como agua, financiación o infraestructuras demuestran, además de su sectarismo, una falta al respeto al más de millón y medio de españoles que viven en esta Región. No es cuestión de ser alarmistas, sino realistas. Se agradecería un poco de autocrítica y de humildad. Reconocer que vienen tiempos duros sería una demostración de sinceridad que no tienen. Pero ellos viven en una eterna primavera infantil como si habitaran «el país de Nunca Jamás» y el despertar será duro. 

Pero todavía hay esperanza. En unos meses podemos elegir cambiar las cosas. Hay una alternativa ilusionante de un proyecto diferente, una política adulta y seria que devuelva la prosperidad económica y social a España, la dignidad a las instituciones y el bienestar a los españoles. Una política centrada en lo importante: la del Partido Popular.

Mientras tanto la fiesta sigue y la pagamos todos. La paga también usted, que está leyendo esto, mientras ellos se aferran al poder ofreciendo con su dinero, el de los españoles, cheques en blanco a independentistas y filoetarras.