El próximo curso político va a tener la intensidad natural de los años electorales. A finales de 2023 (si ERC y Bildu no deciden otra cosa) tendrán lugar las elecciones generales. La llamada fiesta de la democracia tendrá lugar algunos meses después de que se sustancien los comicios autonómicos y municipales, una suerte de primera vuelta de las presidenciales puesto que de su resultado dependerá en gran medida quién ocupará la Moncloa a partir de 2024.

Pero es que en Murcia la cosa se anima todavía más, porque el Partido Popular, hegemónico en el último cuarto de siglo, no tiene asegurado el Gobierno de la región por mucho que las encuestas funcionariales auguren lo contrario. Tan es así que los populares murcianos ya no aspiran a revalidar las mayorías absolutas de Valcárcel sino, simplemente, a alcanzar ‘una mayoría suficiente’. Esto es, lo suficiente para mantener el Gobierno de San Esteban y asegurar el sueldo cuatro años más a los centenares de altos cargos que viven de la ubre autonómica, aunque en nuestro caso sea poco nutricia.

El PP ha perdido en Murcia las últimas cinco elecciones que han tenido lugar. El dato es significativo, pero a los dirigentes murcianos parece no preocuparles, convencidos de que el voto cautivo de la derecha repartido en otras siglas les permitirá seguir controlando el cotarro. Creen con sinceridad que Vox hará presidente a López Miras, aunque hay quien dice desde dentro de la formación conservadora que no votarán jamás a un presidente que los ha traicionado, como ocurrió con la rebelión de los tres diputados expulsados de Vox.

Los populares, por otra parte, cerraron su congreso de una manera que ha servido exactamente para lo contrario de lo que se pretendía, que era ofrecer una imagen de unidad. En estos momentos, el PP está dividido en Murcia entre los defensores a ultranza de López Miras (muchos de los cuales dependen de que el actual presidente mantenga el cargo para seguir en nómina) y los que se ilusionaron con la posibilidad de que la alcaldesa de Archena diera un paso al frente y liderara una nueva forma de hacer política en nuestra región.

No es precisamente la mejor situación para afrontar una reválida electoral a nueve meses vista, pero la torpeza de los dirigentes nacionales al impedir el surgimiento de alternativas al liderazgo de López Miras ha dejado al partido dislocado, dividido y en medio de un enfrentamiento soterrado que tiene todas las papeletas para enquistarse de muy mala manera a partir de septiembre.

La jugada clave ahora es decidir de qué manera se resuelve el cisma popular para afrontar unidos y con empuje las dos importantes citas que se avecinan. Los dirigentes populares no pueden ver ni en pintura a la alcaldesa de Archena, aunque con la hipocresía que caracteriza a los políticos afirmen que quieren integrarla junto a su equipo en las estructuras del partido. No es así, como demostró el propio López Miras deshonrando el acuerdo al que había llegado con ella para formar una lista unitaria en el pasado congreso. Quieren eliminarla del tablero, porque su simple presencia amenaza un estatus quo que solo las imposiciones desde la dirección nacional mantienen de forma precaria.

Patricia Fernández en el parlamento autonómico es una bomba de relojería para los actuales dirigentes del PP, porque al presidente de la Comunidad autónoma no lo eligen los votantes, sino los diputados de la Asamblea Regional. La confección de las listas para las autonómicas, por tanto, va a ser la segunda prueba de fuego. O detienen el juego sucio y aceptan la discrepancia legítima o pueden acabar destruyéndose a sí mismos. Igual no nos vendría tan mal.