La ministra de Transición Ecológica, cuyo departamento tiene encomendado solucionar los graves problemas del Mar Menor, ha estado estos días en el lugar del crimen recogiendo pistas para demostrar que el Gobierno de Sánchez no ha tenido nada que ver con el desastre medioambiental que se cierne sobre nuestra albufera. El Gobierno regional también se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan pese a llevar 27 años gestionando las competencias de medio ambiente, al igual que los Ayuntamientos de la ribera (no la ministra; la del Mar Menor), de distinto color político, que también silban mirando hacia arriba aunque llevan décadas vertiendo aguas fecales al mar por las pésimas condiciones de sus redes de alcantarillado.

Pero las tres instituciones públicas que velan por la protección de nuestro medio natural no solo coinciden en que los políticos no han tenido ninguna responsabilidad en la degradación del Mar Menor. El consenso alcanza también a señalar a los culpables de que las aguas maremenorenses reposen sobre fangos y algas podridas: los agricultores de la zona. La solución, entonces, no puede ser más sencilla. Se trata de suprimir la agricultura de todo el Campo de Cartagena y seguir vertiendo porquería a través de los alcantarillados y las escorrentías mineras puesto que, sin las labores agrícolas, la presión contaminante será mucho menor y se extenderá en el tiempo durante el plazo soñado por cualquier político: el que excede a una legislatura. Falta saber qué piensa hacer el Gobierno con las más de 10.000 familias inmigrantes que viven de las labores agrícolas, porque convertir a los titulares en agentes de igualdad u observadores de género va a resultar improbable dadas sus dificultades con el idioma.

Pero la ministra estuvo en Murcia, cosa que se agradece porque siempre es agradable contar con la presencia de un miembro del Gobierno y más si ostenta una vicepresidencia. La última vez que pasó por aquí fue el pasado mes de febrero y, entonces, anunció que sus visitas a la región tendrían un carácter trimestral, para ir viendo sobre el terreno cómo avanzan las inversiones destinadas a acabar con los problemas del Mar Menor. Han sido cinco los meses transcurridos en lugar de los tres anunciados, pero tampoco vamos a exigirle puntualidad dado el permanente ajetreo del Gobierno de Sánchez. Bastante hace la ministra con pasar por aquí en plena ola de calor.

El tema aquí era ver cómo va lo nuestro, es decir, los más de 450 millones de euros anunciados en inversiones, una cuestión a la que se ha prestado poca atención porque se conoce que el desembolso gordo aún no ha empezado. Cuando se ponga sobre el tapete una partida sustanciosa habrá nueva visita y grandes titulares a favor del Gobierno, lo que nos permite asegurar que el feliz acontecimiento se producirá un par de semanas antes de que comience la campaña de las generales, para que Sánchez pueda mostrar en el momento preciso su sensibilidad con un problema medioambiental creado por la derechona.

De momento, el Gobierno ha creado una oficina técnica, denominación funcionarial claramente inferior a los alardes eufónicos de conceptos como Observatorio, Consejo, Comité, Foro o Comisión, pero es que todos ellos ya los había copado el astuto López Miras con los órganos creados en los últimos meses, una jugada maestra que ha dejado a los socialistas (aún más) estupefactos.

Yo creo que el Gobierno central confía en que habrá otra sopa verde, mientras el autonómico implora para que no haya nuevos episodios de anoxia. De momento va ganando López Miras, pero es que él reza mucho más.