El 19 de mayo de 2016 la Asamblea Regional aprobó, por unanimidad, una de las primeras y más ambiciosas leyes autonómicas de igualdad social LGTBI. Un hito, impulsado por el PSOE, que nos ponía en la vanguardia legislativa de los derechos humanos. Pero aquello fue una ensoñación.
El Gobierno del Partido Popular, que tiene la obligación de ejecutarla, la guardó entonces en un cajón, y ahí sigue. Lo peor es que al sistemático bloqueo de esta norma se le han sumado una ristra de actuaciones manifiestamente contrarias a ella.
El veto parental, la prohibición del lenguaje inclusivo, la censura de la diversidad en los libros de texto y el ninguneo constante a los colectivos LGTBI son solo algunas de las lindezas aprobadas y bendecidas por el pacto PP-tránsfugas-ultraderecha que mantiene a López Miras en San Esteban.
No es solo, por tanto, el incumplimiento flagrante de la Ley lo que amenaza los derechos humanos en la Región de Murcia, sino también una agenda de gobierno trasnochada, radical y con claros tintes LGTBIfóbicos, que ha llevado a nuestra tierra a retroceder décadas en el tiempo.
El PP de López Miras gobierna con los herederos del franquismo, que nos metían entonces en las cárceles como a delincuentes y que siguen llamando hoy desviados a quienes no somos heteronormativos. Gobierna con quienes quieren derogar la Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, con quienes abogan por ejercer la censura en las aulas y acabar con la diversidad en la vida pública. Gobiernan con los enemigos acérrimos de la igualdad, que marcan, además, las directrices del Gobierno en estas áreas. Lo hacen porque el Gobierno depende de ellos y porque saben que en el PP están encantados de que alguien les obligue a hacer lo que es propio de su naturaleza, pero que, por decoro, durante un tiempo intentaron disimular.
El discurso de la derecha murciana ha subido tanto el tono que, en su pugna por ver quién es más radical, el PP es, en muchas ocasiones, más ultra que la ultraderecha.
Desgraciadamente, las consecuencias las pagamos otros, de forma muy cruda. Desde que gobiernan juntos, la LGTBIfobia campa a sus anchas en la Región. Hay más miedo y más inseguridad en nuestras calles. Más intimidaciones, más amenazas y más discursos públicos que incitan a la violencia. Tanto que, en el año 2021, las denuncias por estos delitos de odio aumentaron un 70% con respecto al año anterior. Una lacra social que, sin duda, tiene responsables, cómplices y aliados políticos, que no se esfuerzan siquiera en esconderlo.
De ahí que la semana pasada votaran en contra una iniciativa del PSOE para prohibir las terapias de conversión de la identidad de género y la orientación sexual con las que, algunos desalmados, dicen «curar la desviación homosexual». Votó en contra de prohibir esta práctica nociva y rechazada por toda la comunidad médica y científica, incluso, la vicepresidenta Isabel Franco. Treinta años después de que la OMS dejara de considerar la homosexualidad una enfermedad, la misma señora que despliega la bandera arcoíris en la fachada de su consejería, sigue apoyando estas terapias aversivas, contrarias a todas luces al pleno desarrollo de la personalidad, promulgado como derecho fundamental en nuestra Constitución. Una señora tránsfuga, de la que dependen las políticas LGTBI de la Región, y que se sienta en el Consejo de Gobierno con una consejera de Educación de extrema derecha, avala cada uno de sus disparates y vota cada pleno con los fascistas.
Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Lleva tres años bloqueando la Ley de Igualdad Social, no convoca ni da contenido al Observatorio LGTBI y rechaza públicamente que el Gobierno se persone como acusación popular en los asesinatos ocasionados por delitos de odio.
No debe extrañar a nadie que gais, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales no la queramos a nuestro lado, y mucho menos en los actos del Orgullo. Es, junto a López Miras, quien más daño ha hecho a los derechos del colectivo en las últimas décadas. Y los malos, a ser posible, cuanto más lejos mejor.
Queda claro. Los derechos de las personas LGTBI son incompatibles con las derechas. Desde el PSOE, liderado por Pepe Vélez, seguiremos siendo firmes en la defensa de los derechos humanos. No daremos ni un paso atrás. Abogamos por una Región diversa y orgullosa. Y lo será, en mayo de 2023, con un Gobierno progresista.
