La Opinión de Murcia

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Pulso Político

Censura en las aulas

Antonio Espín

Que los acuerdos de Gobierno con la ultraderecha iban a retrotraernos a tiempos pretéritos, era una obviedad que advertimos desde el primer momento. Pero que se iban a sobrepasar todas las líneas rojas sin ningún pudor, es algo que, aunque previsible, nunca hubiese dado por hecho, después de más de cuarenta años de democracia en nuestro país.

La Región de Murcia lleva tres años siendo el conejillo de indias de la ultraderecha, gracias a la connivencia con la que López Miras y los suyos abrazan las aberraciones que estos plantean. Al PP le importa un bledo las graves consecuencias que esto pueda tener para nuestra convivencia pacífica y el enorme daño social que ocasione.

Tanto es así que no les duele en prendas censurar todo aquello que les molesta, poniendo el dedo acusador sobre las personas y colectivos de nuestra Región que no son de su agrado. A la ultraderecha les sobran las mujeres feministas, las personas LGTBI, los inmigrantes, las personas con discapacidad y los funcionarios públicos. Y consideran que educar en igualdad, en el respeto a la diversidad o en el cuidado de nuestro entorno son cuestiones ideológicas. Y, ante esto, el PP calla y otorga, admitiendo como buenos sus peligrosos discursos que, en el ámbito educativo tienen, si cabe, mayor repercusión.

Intentaron instalar la censura en las aulas con su pin parental, para que pudieran vetarse los contenidos que no les gustan. Pero la justicia les paró los pies. Intentaron eliminar en las escuelas el lenguaje que incluye a las mujeres, a sabiendas de que toda nuestra legislación va, precisamente, en sentido contrario. Y, ahora, pretenden ejercer la censura sobre cuantos libros de texto o materiales escolares se alejen de sus rancias doctrinas ultraconservadoras.

Han venido a imponer por la fuerza sus postulados y López Miras, lejos de plantarse frente a semejante despropósito, aprueba todas las sandeces de su consejera de Educación, baluarte de la más extrema de las extremas derechas.

Quieren vendernos la falsa idea de que la escuela adoctrina, que nuestro profesorado no ejerce su trabajo con neutralidad. Quieren meter sus manos en las decisiones que pertenecen a los claustros docentes y eliminar de un plumazo la autonomía que la Ley otorga a los centros para desarrollar sus propuestas curriculares. Y lo hacen poniendo en tela de juicio el funcionamiento del sistema educativo, sin una simple prueba de esa supuesta irregularidad de la que hablan. Y es que, en palabras de la consejera y del propio presidente, no ha habido ni una sola denuncia al respecto.

Mientras tanto, dejan a miles de familias sin libros gratis, incumpliendo la Ley, y abandonan nuestros centros públicos que, literalmente, se caen a pedazos. Por tanto, queda claro que, además de dar la batalla cultural, lo que pretenden es que el árbol nos impida ver el bosque. Trasladando el debate educativo a estas cuestiones, superadas hace años, intentar esconder su absoluta incompetencia en la gestión educativa.

Pero los datos hablan por sí solos. Tres décadas de Gobiernos del PP nos han llevado a ser la comunidad con más colegios gueto, con menos becas de comedor escolar, con la mayor tasa de pobreza infantil, con menor inversión pública por alumno, con mayores ratios, con peores servicios complementarios y con las tasas más altas de fracaso y abandono escolar temprano. Un panorama desolador que, ni con todos los disparates del mundo, pueden ya ocultar.

Esos, y no los que ellos plantean, con el propósito de seguir confrontando con el Gobierno de España, son los verdaderos problemas endémicos de nuestra Región. Pero prefieren seguir con su huelga de brazos caídos, dejando a miles de alumnos desprotegidos, mientras utilizan la Educación como arma arrojadiza en sus sucias guerras partidistas.

En el PSOE, con Pepe Vélez, lo tenemos claro. La Región necesita un gobierno que revierta esos datos, que afronte con determinación los grandes retos educativos y que proteja, por encima de todo, los derechos fundamentales de nuestros menores. Y eso mismo haremos en el Gobierno regional a partir de 2023.

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