Hace unos días pasaba por la Región la vuelta a España en Vespino. Un desafío de los aficionados a esta motillo que durante casi treinta años vino a ser como un capricho urbanita frente a su oponente rural: la Mobylette. Lo cierto es que las dos nacieron con un sistema de arranque que, sin distinción de clases sociales, obligaban al piloto, para arrancarlas, a pedalear encaramado sobre el cuadro a lo Federico Bahamontes en el Tourmalet. Unas protuberancias que servían para el impulso animal cuando sin carburante ponían a tono los cuádriceps e isquiotibiales del piloto.
Aquellos propulsores quemaban aceite y gasolina, presumían de una potencia de dos o tres caballos y alcanzaban los 45 kilómetros a la hora en llano y con viento en popa.
Sus propietarios se sentían afortunados dentro de la escala de valores que a finales de los 60 y comienzos de los 70 separaba la felicidad de la conformidad y la resignación. Eran estas últimas sensaciones las que imperaban en los estertores de una dictadura tardía y trasnochada.
Me vienen a la memoria estos ciclomotores que, junto a la Velosolex, se manejaban con desprecio a la seguridad (si acaso con una gorrilla para evitar la insolación), al hilo de la imparable subida de los hidrocarburos en este país que día tras día, semana tras semana, baten récords sin que se atisbe una moderación en los próximos meses tal y como ingenuamente esperan en Moncloa.
Se rumorea que el Gobierno está pensando en prolongar más allá del 30 de este mes una rebaja de esos veinte céntimos por litro que en más de la mitad ya se han quemado por las alzas constantes de precios.
Estamos a tiempo de evaluar si la medida es efectiva y, lo más importante, si es de justicia social. Parece que no: ni lo uno ni lo otro.
En lo primero porque es muy sospechoso (hasta el presidente de Iberdrola habla de los beneficios extraordinarios de las petroleras) que el coste del diésel en España sea más caro que el de Francia y Portugal cuando estos países le imputan más impuestos.
En lo segundo, bonificar los carburantes a clases altas, medias y menos medias por igual no parece de lo más progresista en el reparto del dinero público.
Hay que vigilar de cerca el mercado de la producción y distribución y buscar una fórmula equitativa de subvencionar el gasto de las familias para no echar de menos el Vespino.
