La militar Teresa Franco criticó el acoso dentro del Ejército, luchó para que las mujeres fueran tratadas de forma equitativa y denunció la ausencia de chalecos antibalas femeninos. A partir de ese momento su vida laboral se complica y comienza a ser hostigada hasta que denuncia por acoso laboral a su superior por «delitos continuados de extralimitación en el ejercicio del mando y de abuso de autoridad». Teresa era además secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME, asociación que defiende los derechos laborales militares, ya que el sindicalismo es ilegal dentro del Ejército). Para su capitán fue demasiado. Así lo resume Teresa: «No solo le había puesto una denuncia interna sino que encima era mujer y pertenecía a una asociación como secretaria de Igualdad. Creo que él no soportaba eso, el acoso que sufrí estaba fundamentado por el machismo».
Tras diez años en el Ejército con un expediente intachable, a raíz de la denuncia llega a acumular en un solo año seis faltas y 33 días de arresto. Durante la instrucción del caso se ordena estudio psicológico de la denunciante, no del presunto agresor. Todo manifiestamente irregular. Teresa padeció situaciones límite que la llevaron a sufrir un aborto espontáneo.
En 2018 el Ejército del Aire del que Teresa formaba parte, rebuscó en su vida privada y escudriñó sus redes sociales para determinar que se excedía en la labor asociativa y en la libertad de expresión (sic). Sería interesante saber cuál es la medida de libertad de expresión que el Ejército estima suficiente. Y sobre todo qué contenido debe tener esa libertad de expresión y asociativa para recibir el visto bueno.
La misma institución que la acosaba, ha juzgado y absuelto a su acosador. Eso es lo que suele pasar cuando se es juez y parte. Esta resolución parece demostrar que justicia y militar son términos mutuamente excluyentes, un oxímoron perfecto. La sentencia considera a la militar como «demasiado cualificada» para su rango, sobrecualificación que la habría llevado a ser excesivamente susceptible ante determinados exabruptos y comportamientos poco respetuosos. Cualquiera diría que el Ejército prefiere personal con baja formación y poco sensible ante las injusticias. No es este precisamente el modelo de Ejército moderno y democrático al que un país avanzado debe aspirar. La sentencia es una mala noticia no solo para Teresa, lo es para una sociedad justa y democrática.
Teresa está sufriendo lo mismo que combate. Por denunciar injusticias e irregularidades está siendo perseguida por tierra, mar y aire. En su lucha por eliminar del Ejército el miedo a los mandos superiores, a las represalias, al acoso continuado, está viviendo un calvario que dura ya más de ocho años. Lo que ella perseguía es que prevaleciera la justicia sobre la credibilidad de la palabra de los mandos superiores. No ha sido así. El capitán ha sido absuelto precisamente por falta de testigos, como si nadie más le hubiera oído gritarle «si te pones chula, te meto una patá en la seta». El temor a las represalias ha podido más que la necesidad de justicia. No obstante, la acusación ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo.
Para que el acoso no termine, esa sentencia está siendo aprovechada por Vox para pedir su cese como concejala del ayuntamiento de Murcia, así como la supresión de la concejalía de Igualdad por suponer «un gasto superfluo para las arcas municipales». El acoso no debe parar, piensan, debemos enseñar a las mujeres cuál es su lugar, piensan. Fuera concejalía de Igualdad, que no es más que un estorbo, que no sirve más que para que surjan este tipo de casos, piensan. Ni ella ni ninguna. Que no queden raíces.
Desde el Colectivo +mujeres queremos mostrar toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a la concejala Teresa Franco y a la concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Murcia.
