La pasada semana, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, protagonizaba en el ayuntamiento de Murcia unas desafortunadas declaraciones más que por anunciar su voluntad de terminar con el Trasvase, lo que corresponde al ámbito de su libertad de expresión, por el lugar donde se produjeron: la casa de los murcianos cuya mayoría defendemos que es una obra que genera riqueza para toda España y que no atenta contra nada ni nadie.
Vamos a dejarlo en que no es elegante el asistir como invitado a un evento e incomodar al anfitrión sonándose la nariz con la servilleta de hilo, que se me ocurre que es lo que vino a suceder. Admito que el maestro de ceremonias no estuvo a la altura para responder a tan poco protocolaria colega.
Pero de ahí a que los populares se sientan tan afrentados como para promover una moción y declararla persona ‘non grata’ va un trecho tan inútil como yermo en su efectividad. Yermo como la tierra que la primera edil toledana se empeña en dejar la nuestra para echar el pan que nos niega a los patos del río que nadan bajo el Alcázar.
El empeño en defender el Tajo-Segura no ha de estar en pronunciamientos plenarios que hagan escarnio de los oprobios verbales. Está en lo que en esta Región debería copiar de lo que han conseguido en Castilla La Mancha: la unidad de los dos grandes partidos, cuando menos ellos dos, en torno a un objetivo que no es otro que cerrarnos el grifo en Entrepeñas y Buendía.
Mientras, por estos lares, se sigue abordando el desafío como una guerra de globos de agua que se arrojan en política doméstica unos a otros.
Hace muchos tiempos que fueron hora de conseguir un frente, sí, digo bien, un frente común de la mayoría de la sociedad en esta Región contra quienes se empeñan en apropiarse de los recursos que son de todo el Estado.
El egoísmo de que lo que sobre es también para mí y esa visión de ‘nos quitan el agua’ no difiere mucho de otros estereotipos miopes como el de ‘España nos roba’.
Preservar el Trasvase va a exigir mucha cohesión social, mucho trabajo en la calle para reorientar una opinión pública nacional adversa, mucho recurso en los tribunales y más destreza política en las Cortes y ante Moncloa.
Esa sí es ‘non grata’: la tarea que aguarda hace años y que ahora se vuelve más perentoria que nunca.
