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Los buitres asoman en La Alberca

En La Alberca, treinta familias, casi en su totalidad jóvenes parejas con muchos hijos menores, con contratos de alquiler en vigor, y al corriente del pago, han sido denunciadas por la Sareb, con el fin de expulsarlas de sus viviendas. Están afectadas alrededor de cien personas, de las que más de veinte son menores

Algunos de los afectados por los desahucios, en la Ciudad de la Justicia. | JUAN CARLOS CAVAL

En La Alberca, treinta familias, casi en su totalidad jóvenes parejas con muchos hijos menores, con contratos de alquiler en vigor, y al corriente del pago, han sido denunciadas por la Sareb, con el fin de expulsarlas de sus viviendas. Están afectadas alrededor de cien personas, de las que más de veinte son menores. Familias que desean seguir viviendo en sus casas, pagando sus alquileres como hasta ahora, e incluso, algunas de ellas, dispuestas a comprar las viviendas.

La Sareb o ‘banco malo’ (como si los hubiera buenos) fue ideado por el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, bajo la premisa de que no nos iba a costar ni un euro a los españoles, para que absorbiera los activos tóxicos de los ‘bancos buenos’, promociones, créditos, hipotecas, viviendas no vendibles, etc. A día de hoy ya hemos pagado más de 40.000 millones por el invento de De Guindos, lo que eleva el gasto público en rescate bancario en la crisis de 2008.

La Sareb está detrás de miles de desahucios en todo el país, y ahora se ha convertido en entidad pública, como consecuencia de todo ese dineral invertido en sanear ‘bancos buenos’, y el Gobierno ha entregado su gestión a dos fondos de buitre: Blackstone e Hipoges, con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario, pasando por encima de la Ley de Vivienda en trámite, que prohíbe la venta de vivienda de titularidad pública. Aliseda y Anticipa, dos gestoras inmobiliarias de Blackstone, se encargarán del 45% de los activos del banco malo, e Hipoges, dependiente del fondo de inversión KKR, se hará cargo del otro 55%. En conjunto, comercializarán a partir de julio 25.300 millones de euros en inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados.

Fondos cuyo único objetivo en ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, son elegidos por la vicepresidenta Calviño para gestionar un bien, que debe ser considerado de interés social, y en situación de emergencia habitacional, en un país que, con las mayores medidas de protección ante desahucios, registró 41.359 desahucios (CGPJ).

El procedimiento judicial por el que pretenden expulsar a estas familias de sus casas fue iniciado por la Sareb en 2017 contra la empresa promotora, sin que haya intentado en ningún momento embargar las rentas de alquiler que cada mes han ido abonando, lo que hubiera podido reducir la deuda en cerca de un millón de euros ¿Es así como gestionan el interés público?

Mientras el Parque Público de Vivienda en España es inferior al 3% del total de vivienda disponible (la media europea está muy por encima del 20%) la inversión pública en dicho parque es ridícula, y en situación de emergencia habitacional endémica, el Gobierno dispone la venta de un patrimonio público ya pagado, para tras liberar a los ‘bancos buenos’ de sus activos tóxicos, y sigue sin exigirles ningún reintegro de esas decenas de miles de millones que, procedentes de la Sanidad, Enseñanza, salarios, dependencia públicas, etc., fueron destinados a sus rescates, como hicieron algunos países europeos e incluso Estados Unidos.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, venimos exigiendo la cesión de todo el Parque de la Sareb a los Parques Públicos de las Comunidades autónomas donde estén ubicadas las viviendas. Ya los Gobiernos valenciano y catalán han reclamado para sí los correspondientes.

En la Región de Murcia, donde la Sareb cuenta con alrededor de 3.000 viviendas, Unidas Podemos presentó una propuesta en ese sentido en la Asamblea Regional que fue rechazada por la mayoría de tránsfugas y Vox con que gobierna el PP.

En La Alberca empezamos a ver las consecuencias, planes de vida truncados, menores forzados a abandonar su entorno. Mientras, el Congreso iniciará en breve la tramitación del proyecto de ley que el Gobierno ha denominado Ley por el Derecho a la Vivienda, que prohíbe tajantemente la venta de vivienda pública, el propio Gobierno encarga a dos peligrosos buitres la venta del patrimonio acumulado a fuerza de decenas de miles de millones detraídos de las partidas destinadas a los Derechos Sociales.

En nuestra región, la punta del iceberg está en las treinta familias de La Alberca; pronto iremos conociendo más casos, si el Gobierno no lo impide.

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