Estamos haciendo un ejercicio de intentar conocer la realidad de los hechos». ¿Quién se puede fiar de alguien que se expresa así? Son palabras del ministro Bolaños en una entrevista en la que tuvo que hacer malabares para que sonara inocente que el Gobierno haya tardado un año en enterarse de que al menos dos de sus máximos miembros, el presidente y la ministra de Defensa, han sido espiados con el software Pegasus. Asegura que se hizo una «verificación muy en profundidad que significó incluso que el presidente se quedara sin móvil unas horas». Reconocer que el presidente ha sido víctima de espionaje y que nadie se enteró hasta un año después es tan grave y un paso tan arriesgado que indica lo desesperado que está el presidente. Parece evidente que la estrategia responde a un intento de escurrir el bulto ante la denuncia de que más de sesenta políticos y abogados, entre otros ciudadanos catalanes, han sido espiados con un programa tan sofisticado, caro y destructivo que está considerado un arma de guerra.
La primera versión del Gobierno fue que el CNI espió a independentistas de forma individualizada y con control judicial. A continuación la ministra de Defensa justificó en el Congreso estas actuaciones: «¿Qué ha de hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué ha de hacer cuando declara la independencia? ¿Cuando alguien corta las vías públicas? ¿Realiza desórdenes públicos?».
Esas palabras eran inevitables porque la verdad se iba a terminar sabiendo, pero marcan la brecha insalvable que separa al PSOE de los independentistas catalanes, que solo pueden ser socios cuando dan ambos la espalda a sus principios. Y de ahí viene el pánico de Sánchez, que prefiere vivir chantajeado que espiado, aunque quien lo chantajee sea un enemigo más cierto, peligroso y cercano.
Por eso, como siempre en alguien que sobrevive a golpe de relato y que sabe que este está a punto de colocarle en el lado de los malos, su segunda versión tenía que ser un audaz giro de guión. Nosotros también somos víctimas del espionaje. De momento no ha colado. Aunque sea cierto, no aclara nada, sino que lo complica todo y deja demasiado en evidencia la debilidad del Gobierno y sus intenciones sospechosas al poner al pie de los caballos al propio Centro de Inteligencia. Si el Estado estaba detrás de las escuchas a los independentistas, ¿significa eso que también lo está del espionaje al presidente?
De aquí va a salir la certeza de que todos espían a todos. Pero la clave es a quién se espía y por qué. Y me temo que el relato va hacia un desenlace previsible: el responsable es la ultraderecha, los fascistas. Y si la cosa se pone tensa todavía se apuntará a Villarejo y las cloacas del Estado que quedan por limpiar. Así pagará Sánchez la lealtad que está mostrando el PP a la hora de ocultar estas prácticas mafiosas. Y todo volverá a su cauce.
