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La Opinión de Murcia

José Luis Vidal Coy

El Prisma

J. L. Vidal Coy

Inconstitucionalidad aplicada

Cumplir y hacer cumplir le ley. Se supone que la misión primordial de todo funcionario público. En ese apartado entran, obviamente, los electos que desempeñan un trabajo de representantes de sus electores. No queda circunscrito, pues, el cumplimiento de ese precepto a los empleados públicos ‘de carrera’, sino que también abarca a quienes temporalmente ejercen alguna responsabilidad pública por haber sido elegidos para ello.

Sin embargo, se vienen presenciando en la Región de Murcia ya innumerables pisodios de negativas de los funcionarios electos de aceptar el cumplimiento de normas superiores emanadas del Estado con las que disienten. Es una especie de insumisión legal, tanto más llamativa por cuanto a ella pretenden acogerse, aunque sea solamente a nivel de declaraciones públicas, aquellos de quienes se supone que su misión principal es cumplir y hacer cumplir la ley.

Los ejemplos son múltiples. Desde normas que afectan a la distribución del agua del canal Tajo-Segura a pautas relativas a la educación pública, pasando por líneas que suben, bajan o eliminan impuestos, poniendo en entredicho el respeto al Estado de Derecho cuyos principios se supone que rigen la vida social y la convivencia.

Es curioso que esa especie de insumisión activa de las autoridades regionales de Murcia se manifieste con una virulencia notable cuando el Gobierno central es del partido alternante, es decir, el PSOE. Cuando han gobernado ‘los suyos’, léase José María Aznar o Mariano Rajoy, la fantasmagórica contestación a las normas de la autoridad central ha sido mucho más tímida, cuando no inexistente.

Se presencia así la insólita situación de unos gobernantes regionales, y en algunos casos locales, que al menos de boquilla amenazan con no cumplir las leyes que no les gustan. En plural, porque los casos de salida de pata de banco son numerosos. Es una especie de falaz sistema a la carta, antidemocrático y anticonstitucional, según el cual se acatan y se hacen respetar las normas que gustan a los representantes de turno, al tiempo que se ponen todo tipo de trabas, al menos declarativamente, a las que disgustan a esos mismos prebostes o están en contradicción, según ellos, con la ideología que defienden.

Dos rubros son especialmente sensibles y repetitivos en cuanto al tema que nos ocupa aquí, en la Región de Murcia. Esos dos campos son específicamente todo lo relativo a la educación y a la fiscalidad. En uno como en otro, los gobernantes murcianos que han prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y la leyes al tomar posesión de sus cargos han rechazado estentóreamente, primero, la aplicación de normas educativas estatales atentatorias de su visión de la ‘libertad de enseñanza’.

Luego, han puesto mil trampas e intentado voltear las leyes para favorecer su visión del asunto, que se resume, básicamente, en que cada quien haga lo que le venga en gana frente a la normativa estatal. Por ejemplo: en la ‘libre’ elección de centros educativos que solo favorece a los privados-concertados y en la vergonzante y vergonzosa aplicación de un llamado ‘pin parental’ desvaído y ridículo.

En cuanto a los impuestos, se trata de boicotear la aplicación de las tasas que sean para que los ciudadanos tengan ‘más dinero en sus bolsillos’, sin reparar en la quiebra de la financiación autonómica y culpando siempre a un sistema de distribución imperfecto: principios neoliberales elevados a su máxima potencia, la del sálvese quien pueda.

Convendría recordar una declaración de 2017 de Regina Plañiol, diputada popular a la sazón en la Asamblea de Madrid: «En alguna Comunidad se cuestiona lo básico, se cuestiona el cumplimiento de la ley y, por lo tanto, se cuestiona la democracia, pero la democracia no está por encima de la ley». No hay constancia de que se refiriera a Murcia; ni, premonitoriamente, al actual Gobierno madrileño de Díaz Ayuso. Pero deberían hacérselo mirar. Sea.

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