Lo único claro que traía la mal llamada Ley Celáa, apellido de la ministra, es que cuando hubiera un cambio de Gobierno, se produciría la novena reforma educativa en cuarenta años. Pero más allá sobre los aspectos positivos o negativos de la LOMLOE, y tras una gran contestación social en la calle en nombre de la ‘libertad’, término por cierto últimamente demasiado prostituido por parte de la educación privada, sobre todo la que depende de los conciertos para asegurar su futuro económico y laboral, lo que resulta llamativo es el empeño de algunas Comunidades autónomas en convertirse en insumisas de las leyes emanadas de las Cortes Generales.
Alguna ¿responsable? de la Comunidad educativa, negacionista, para ser más preciso, ha convertido a su departamento en una especie de ‘Camarote de los Hermanos Marx’, donde cada día un nuevo capítulo de este vodevil se presenta en las portadas de los diarios de comunicación. Sería bueno recordar que hace unas semanas cesó a un alto cargo suyo, según sus propias palabras, «por actuaciones muy graves», para que días después otro consejero lo nombrara director general de otro departamento. Es el mercado, amigos.
No es rebeldía, ni tampoco es la respuesta a una hoja de ruta formativa que apueste claramente por la educación pública, es simplemente insumisión política para favorecer a un lobby que ni tan siquiera necesita ser de presión, pues hasta hay momentos en los que los propios centros privados se ven desbordados, y encantados, por cierto, por el afán privatizador de la actual consejera.
A la consejera de Educación no le importa lo más mínimo el sistema educativo público, y solo lo utiliza, tras apostar por desmantelarlo, para utilizarlo como escudo humano frente al ministerio de Educación. Hubiese sido un claro ejemplo de coherencia educativa que la consejera hubiera abierto un debate con la comunidad educativa pública antes de pronunciarse con ocurrencias, pero, claro, ¿cómo va a pedir consejo y asesoramiento a quienes consideran parte del problema?
España está abocada más tarde que temprano a que la política educativa deje de ser un juguete en manos de irresponsables. Ahora se cumplen doce años de que quizás el mejor ministro de Cultura que ha tenido este país en los últimos decenios, junto a Mercedes Cabrera, me refiero a Ángel Gabilondo, estuviera a un metro de conseguir un consenso educativo en España; solo la mirada corta y perversa de María Dolores de Cospedal, que antepuso sus intereses partidistas e individuales al interés general, tiró por la borda una ley que hubiera marcado para mejor el sistema educativo español.
Ahora, con las encuestas a favor de un cambio de Gobierno, y si el de Castilla y León, donde cogobiernan la derecha y la extrema derecha como si fueran primos hermanos, tiene traslación al Gobierno de España, la LOMLOE apenas habrá cumplido dos años de vida, y la octava reforma dará paso a la novena, que a su vez será el preámbulo de la décima.
La comunidad educativa, principalmente los docentes, pero sobre todo los alumnos y alumnas, se merece un poco más de respeto institucional, y que los Gobiernos dejen de jugar a la insumisión normativa, principalmente porque estaríamos trasladando a la sociedad en su conjunto que las leyes emanadas del poder legislativo puede uno usarlas arbitrariamente.
