Entre tanto ruido semanasantero, huertano y sardinero, lo que más llama la atención, si de política hablamos, es el silencio del Gobierno. Del Gobierno regional y también de la oposición socialista, incluso de lo que queda de Ciudadanos, y hasta de Vox. Un silencio incómodo.
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, inauguró la semana pidiendo una auditoría externa sobre los contratos del Servicio Murciano de Salud (SMS) durante el estado de alarma en 2020, que cifra en 120 millones de euros, pues sugiere la existencia de un ‘caso mascarillas’ en esta Comunidad. En un vídeo ampliamente reproducido en redes sociales, del que nos hicimos eco el pasado lunes, Marín advierte sobre cinco incidencias sospechosas en la tramitación de esos contratos concedidos a dedo por la grave situación de excepcionalidad sanitaria.
- Asegura que muchos de ellos recayeron en empresas inmobiliarias o dedicadas a actividades deportivas, sin experiencia alguna en la comercialización de productos relacionados con la salud.
- Otros fueron concertados con empresas creadas exprofeso para desarrollar esa actividad, sin presencia anterior en el mercado.
- Algunos de esos contratos fueron abonados antes de la recepción del materal, asegura Marín. Este apunte es especialmente llamativo: usted no tiene un euro para comprar mascarillas y venderlas después al Gobierno; pues bien, el Gobierno le adelanta el dinero.
- Otros contratos superan el plazo de ejecución, establecido por ley en un mes.
- Y, finalmente, habría algunos que ni siquiera tienen reflejo en el Portal de la Transparencia.
Esto es lo que dice Marín. Si observamos el panorama nacional podemos deducir que estos supuestos no serían extravagantes, habida cuenta de las noticias que consumimos en parecidos términos, sobre todo las procedentes de la Comunidad y el ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre que podían existir irregularidades al respecto en varias Comunidades, incluida la murciana.
También podríamos despejar el asunto diciendo que Marín se apunta a un bombardeo, que siguiendo la onda de los escándalos madrileños pretende proyectar un infundado prejuicio sobre el Gobierno la Región de Murcia, y que Podemos es Podemos, ya se sabe. Pero lo extraño es que la diputada no haya recibido ni siquiera esa respuesta maquinal, sino que su denuncia y su propuesta han sido cubiertas por el silencio. Y esto, con el riesgo subyacente que tal actitud comporta, pues es bien sabido que quien calla, otorga.
Cabe preguntarse: ¿cómo es que ante acusaciones tan graves no ha salido el propio presidente a dar cuenta detallada de los contratos de emergencia, de las empresas que los disfrutaron, de sus accionistas y directivos, de las actividades que sobre ellas aparecen en el Registro, y de las condiciones en que se produjeron tales adjudicaciones? El hecho de que el estado de alarma autorizara a suprimir las normas de tramitación y de concurrencia no libera a las Administraciones de la obligación de ofrecer con posterioridad información detallada sobre la adjudicación de los contratos. De hecho, el Gobierno debería haberse adelantado al requerimiento de un partido de la oposición para ofrecer de antemano la máxima transparencia. Pero el silencio nunca es una respuesta. O tal vez sí, y muy significativa.
La manera que tiene este Gobierno de administrar los contratos públicos, antes y durante la pandemia, es muy particular. Adjudicó el servicio de ambulancias del SMS a una empresa constituida al afecto al olor del concurso, integrada en un grupo constructor muy ligado a las obras públicas de los Gobiernos PP. Todo legal, como en la Federación Española de Fútbol, todo legal. Pero como se produjo un cierto escandalillo por el caso, tomaron la decisión de que, en adelante, los contratos del SMS no los gestionaría ese ente autónomo, sino que quedarían en manos de Torrente, el de Puerto Lumbreras (¿les suena Puerto Lumbreras?), director general de la consejería de Salud, el único del staff que no se vacunó a destiempo a pesar de participar en la reunión en que se decidió que todos se vacunarían y, por tanto, el único que no cayó con todo el equipo.
Otro contrato épico ha sido el de la televisión autonómica, adjudicado a la empresa cuyo director general es el marido de la secretaria general de Presidencia, con rango de consejera, es decir, miembro ésta en la práctica del consejo de administración de la entidad pública que endosa la concesión a la productora dirigida por su marido. Un concurso que ha estado en tela de juicio por su convocatoria tardía, por prórrogas a la empresa finalmente beneficiada que carecían de justificación racional o simplemente de justificación alguna, por la corretería de determinados profesionales del tráfico de influencias acreditadas con carísimos cafelitos en el madrileño hotel Palace, por incidencias irregulares en el tribunal calificador que obligaron a su recomposición, y con espléndidas puertas giratorias para el político que gestionaba la convocatoria del concurso hacia alguna consultora privada que calificó las ofertas. No se dirá que han faltado luz y taquígrafos para la transparencia: todo tan explítico que, encima, requiere de felicitación por la habilidad para decretar la omertá en derredor y por su conclusión legal.
Si se permiten tamaña desenvoltura en los concursos convencionales que están sometidos a publicidad y derecho a la concurrencia, es legítimo preguntarse: ¿qué no habrán podido hacer con las adjudicaciones a dedo amparadas en el estado de alarma sanitaria? Pero, en este punto y en este momento, no se puede ir más allá, pues hemos de entender que el Gobierno pusiera el máximo rigor en la imparcialidad para atender las ofertas de contratos en el capítulo sanitario. No sería concebible lo contrario cuando, en algunos puntos de la pandemia morían en la Región de Murcia unas treinta personas al día.
Pero es precisamente por esto por lo que llama la atención que el Gobierno no haya salido raudo, con una montaña de datos, a dar respuesta pública a las insinuaciones, por otro lado muy detalladas, de la portavoz de Podemos: todas las empresas contratadas, esta, esta y esta, eran profesionales del sector; no hubo ningún militante destacado del PP o en la reserva que se convirtió de manera sobrevenida en empresario del sector sanitario; no hubo intermediaciones pedáneas, palaciegas ni de allende los mares; se cumplieron los protocolos administrativos existentes para las situaciones de excepcionalidad; no se ha ocultado información sobre la inversión de un solo céntimo, etc. Podrían incluso añadir: no es cierto que una ya exconsejera se reservara fondos covid para engrosar su partida de promoción personal en medios de comunicación, como pareció detectar su sucesora.
¿Por qué no responden a María Marín? ¿Por qué no se muestran inmediatamente dispuestos a aceptar su propuesta de encomendar una auditoría externa sobre las cuentas del periodo de la pandemia? ¿Por qué no distribuyen una información detallada y convincente que hiciera innecesaria a ojos de todos esa auditoría? Tal vez suponen que Podemos, por ser un partido escorado a la izquierda, que derrota ante la opinión pública general en asuntos tan sensibles como la invasión de Ucrania y las masacres de Putin, no merece que el Gobierno le preste atención, pues su derrumbe vendrá por sí mismo, y darle un protagonismo especial de parte del PP a sus iniciativas podría revitalizarlo. Pero esa estrategia no consigue velar las denuncias enunciadas por la diputada podemita, que quedan en el aire si se las responde con el silencio.
Lo curioso es que el resto de los partidos parlamentarios avalen al Gobierno de manera implícita. Lo del PSOE ya es un caso crónico. Es posible que, bajo el liderazgo de Diego Conesa, este partido cometiera importantes errores, pero bajo la batuta de Pepe Vélez se ha ido a la clandestinidad. No actúa por no pecar. En este caso es legítimo sospechar que si no quieren indagar en los contratos sanitarios del PP murciano tal vez se deba a que también el Gobierno de Pedro Sánchez está bajo sospecha, con varios altos cargos imputados, y señalados algunos ministros, como Calviño por parte marital, exministros como Illa y hasta los propios padres del presidente. ¿Podría existir la consigna de ‘dejar pasar’ estos asuntos para no hacernos daño unos a otros? No cabe la menor duda, y no sería la primera vez. El PSOE murciano sufre el síndrome francés: el futuro se librará entre la derecha y la extrema derecha, y ellos, haciendo de monigote testimonial.
En cuanto al reducto de Ciudadanos, tan activo en su momento con el ‘caso vacunas’ hasta el punto de justificar en él su ruptura con el PP para concertar con el PSOE una moción de censura, su falta de motivación en este caso no es extraña, pues es lo propio en la política general. Los dos diputados que todavía se titulan de ese partido, pero sin disciplina alguna a su dirección, tránsfugas de sí mismos, se limitan a practicar el método del diputado zángano: ir, fichar y cobrar. Así, hasta el final de la legislatura. El Gobierno, encantado.
¿Y Vox? Vox es el aliado natural del PP, pero incluso si no fuera por esto cabe suponer que sería incapaz de apoyar una iniciativa de Podemos que, de haber estado atento, podría haber sido suya. Pero, a efectos electorales, y volvemos al caso francés, la pugna no está aquí entre la derecha y la izquierda (el partido mayoritario de ésta, el PSOE, se dedica a difundir la propaganda del Gobierno central y ha renunciado a hacer oposición al regional), sino entre la derecha y su versión más desprejuiciada. Al presidente del Gobierno regional no le preocupa el PSOE ni Podemos, sino Vox. Pero Vox actúa en ciertos casos de protector del PP, como si tuviera miedo de que sus críticas coincidan con las de la izquierda aun a costa de blanquear a los populares en asuntos en los que ellos no son corresponsables.
Por tanto, sobre las muy precisas denuncias de María Marín, se ha corrido un manto de silencio. No solo del Gobierno regional, actitud que redobla la sospecha, sino del conjunto de la oposición: unos, por no remover el patio en asuntos en que pudieran aparecer escaldados; otros, por simple renuncia o gandulería; y otros, como en el caso de Vox, son competidores del PP y socios parlamentarios a la vez, una contradicción difícil de administrar.
Nos hemos quitado las mascarillas. Pero nadie quiere conocer qué se escondía tras ellas. Tal vez el silencio cómplice de todos.
