Todos los actos tienen consecuencias y mucho más cuando se llevan a cabo en el ejercicio de un poder que afecta a millones de personas, como ocurre con las decisiones del Gobierno de un país importante como España. Las protestas ciudadanas son la manifestación de descontento con las decisiones desacertadas de la clase política, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la huelga del transporte. La subida exponencial de los costes de producción de los transportistas, que en no pocos casos hacen inviable ese tipo de negocios, está en el origen de una huelga que ya está provocando problemas de abastecimiento en numerosos sectores.
El Gobierno y sus terminales mediáticas subvencionadas aseguran que todo es una conspiración ultraderechista para dañar a la banda de Sánchez y las cosas chulísimas que lleva haciendo desde que llegó al poder. Pero es que la izquierda no entiende que sus medidas provoquen una repugnancia instantánea entre la población, por eso busca otro tipo de explicaciones que entran de lleno, en no pocos casos, en el terreno de la pura paranoia. Sin embargo, es perfectamente posible estar en contra del socialismo sin necesidad de profesar determinadas ideas ridículas, sino desde presupuestos de estricta racionalidad. Los izquierdistas no lo entienden y siguen alimentando patéticamente el miedo a la ultraderecha, en una especie de teoría de la conspiración en la que todo el mundo está en contra de ellos por motivos inconfesables. Que sigan; ese es un camino que desemboca tarde o temprano en un gran castañazo electoral.
El conflicto del transporte se está enquistando porque, para sorpresa del Gobierno, los camioneros rechazan las subvenciones y exigen simplemente que se les deje trabajar. Acostumbrados a comprar votos con dinero público, los socialcomunistas no entienden los motivos de este rechazo, pero es que la España que trabaja no es como los sindicatos de clase (alta), dispuestos a todo con tal de que no les falte el trinque público para mantener a sus miles de liberados. El ridículo sideral de la manifestación de UGT y CCOO para proteger al Gobierno del desprecio ciudadano da una buena muestra de la baja autoestima de unos palmeros a los que ya no hace caso nadie, a pesar de lo cual siguen exhibiendo la vitola de ‘más representativos’.
Pero el conflicto del transporte está sirviendo también para que en el PP surjan los oportunistas, que tratan de encaramarse a la pancarta para sacar réditos políticos. Vean si no al presidente López Miras encabezando las protestas de los transportistas y pregúntense dónde estaría este muchacho si el Gobierno fuera de su partido. La respuesta es tan obvia que nos exime de cualquier explicación.
La huelga de camioneros es solo la espita por la que ha comenzado a salir la presión de una sociedad cada vez más empobrecida por la política delirante de una izquierda posmoderna, que sacrifica la prosperidad actual de todos en el altar de constructos sociológicos como el cambio climático, cuyas regulaciones y gravámenes están detrás de gran parte de la subida exponencial de los precios del combustible.
En términos sociológicos estamos en una situación diametralmente opuesta a la que dio lugar al surgimiento de la extrema izquierda como actor político. Ahora es el pueblo (o sea, los de abajo) el que protesta contra los podemitas, instalados en el poder, todo un giro del guion que está provocando episodios de aguda esquizofrenia y desembocará, no lo duden, en una crisis política en el seno de la izquierda de consecuencias imprevisibles. Los camioneros han dado el primer paso para que haya un adelanto electoral.
