Hace unos cuantos meses, cuando Teresa Vicente lanzó la idea de la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, para el Mar Menor, más de una y más de dos cejas ecologistas se enarcaron ante la propuesta. Muchos creímos que esa iniciativa podía quedar en un simple brindis al sol: se antojaban inalcanzables las 500.000 firmas. Sin embargo, el tesón superó ampliamente ese número con 640.000 firmas registradas fehacientemente.
Hay que reconocer el mérito de la profesora Teresa Vicente. Su empuje tuvo éxito gracias al apoyo que prestaron y la movilización a la que se sumaron una variopinta amalgama de organizaciones ecologistas y sociales: 91 en total, entre regionales, nacionales e internacionales. Además de un sinfín de comercios que se prestaron a tener pliegos para recoger firmas.
Fue, pues, una movilización popular en toda regla que consigue su objetivo inicial frente al rechazo de la Asamblea Regional. La mesa del Parlamento murciano se negó a tramitar la ILP pretextando una supuesta falta de competencias. Era septiembre de 2020. En la sesión del jueves en las Cortes, Vox se quedó solo, mientras el PP recogía velas ante la evidencia de las casi 640.000 firmas recogidas fehacientemente.
Es muy real que el Mar Menor se aproxima a una situación irremediable. Una nueva anoxia puede estar al caer, alerta la portavoz de Podemos, María Marín. «Dos años y medio después del ecocidio del 2019, nada ha cambiado», dice. Todo el mundo lo sabe, pero parece que hay quien no se quiere enterar. Por ejemplo, el Gobierno de López Miras. El mismo día del estreno de la ILP en el Congreso, nació propagandísticamente un Comité de Seguimiento del Mar Menor que más bien parece un grupete de paniaguados del baranda regional, que lo preside, para respaldar la inacción y la política de permisividad que hasta ahora se ha llevado desde San Esteban y las consejerías interesadas respecto a la laguna salada. Solo falta la portavoz de la Fundación Ingenio, pero dizque las mujeres no son del agrado de los formadores de ese enésimo comité.
Es el octavo instrumento ad hoc y su objetivo es claramente marear la perdiz, poner palos en las ruedas de quienes quieran cumplir lo de «quien contamina, paga» y servir a los intereses políticos y económicos de gobernantes, grandes agroindustriales y urbanizadores al por mayor. Al menos Vox lo dice claramente. El PP esconde su boicoteo tras un fárrago de comités de paniaguados, declaraciones ambiguas y rodeos de la legislación. Así, la principal preocupación del diputado popular Juan Luis Pedreño en la presentación de la ILP en el Congreso parecía ser la de qué figura legal ejercerá la representación de la laguna. ¿Quizá también López Miras?
Desde tiempo inmemorial, tanto como años el PP gobierna en Murcia, la línea oficial es la actitud del avestruz ante los desmanes en el entorno marmenorense. Tanto es así que recientemente el TSJ regional (de probado izquierdismo ecoloradical, como todo el mundo sabe) instó al Gobierno regional a sancionar a ocho empresas vertedoras de contaminantes desde sus desaladoras ilegales en el Campo de Cartagena, dejando negro sobre blanco que la responsabilidad sobre la laguna es de la Comunidad Autónoma y no de la CHS. Tuvo que intervenir la Fiscalía para que ese tribunal superior interviniera y dictara la orden.
Con este panorama, quién puede creer que los mandamases murcianos trabajarán por revertir el ecocidio de la laguna. Como muestra la creación de ese ‘nuevo’ comité, el PP con los tránsfugas de Cs, los rebeldes de Vox y la propia formación ultraderechista seguirán permitiendo que agroindustria, ganadería extensiva y promotores asilvestrados campen como caballo de Atila para llevar la Región al número uno estatal de prosperidad. Tal que estamos ahora mismo. Lo intentarán aunque una nueva iniciativa para salvar la laguna alcance el millón de firmas.
