El 3 de octubre de 2017 una tensa concentración en el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor y Torre de Romo fue el culmen de una nefasta jornada de represión policial con una exhibición desmedida y amedrentadora a la puertas del IES Mariano Baquero, que acabó con unos actos violentos que provocaron el cierre del tráfico ferroviario durante algunas jornadas. De aquellos hechos resultó una acusación sobre cuatro jóvenes de nuestros barrios, uno de ellos menor de edad, que ni siquiera fueron identificados en el lugar ni en el momento de los hechos. No, no fueron cogidos ‘con las manos en la masa’.

Bastantes días más tarde, los tres jóvenes, que no tenían la condición de minoría de edad, fueron citados a Comisaría para prestar declaración por los hechos de aquella noche, a partir de la cual se inició el expediente que derivó en una acusación de penas de 133.000 euros y ocho años de prisión. 

El juicio del menor se ha iniciado hace breves fechas y el de los otros tres está previsto para el 24 de marzo próximo. 

Esta Plataforma siempre ha mantenido una defensa pacífica y no violenta de sus reivindicaciones. Siempre ha condenado el uso de la violencia y también lo hizo respecto a los hechos de aquella noche. Esta ha sido nuestra estrategia y con ella nos hemos presentado en cuantos ámbitos administrativos hemos accedido, desde el Ayuntamiento de Murcia, a la Asamblea Regional, al Congreso de los Diputados y hasta el mismo Europarlamento, en su Comisión de Peticiones. Discrepamos de quienes creen necesaria y promueven la existencia de víctimas o ‘héroes’ en las luchas ciudadanas; somos de la opinión de que la conquista de derechos y logros sociales por el camino de la no violencia es mejor y más duradera que cuando se logran con sangre o vidas humanas. Esta ha sido nuestra tesis de lucha y de ella no nos vamos a apear. 

La Plataforma Pro-Soterramiento ha mantenido desde el principio un apoyo incuestionable hacia cuatro personas que la denuncia de Adif y Aldesa de aquel momento y de aquel contexto pretendió convertir en chivos expiatorios y escarmiento por unos hechos que ocurrieron en presencia de las Fuerzas de Orden Público, sin que hicieran nada por impedirlo, en medio de una masa de miles de ciudadanos que desde el 12 de septiembre, día de la Romería de la Fuensanta, se venían concentrando en este entorno para defender la no partición de la ciudad por un nuevo tendido ferroviario para la llegada del AVE en superficie. 

Hemos mantenido reiteradas entrevistas con las familias de los afectados, hemos actuado como ‘acercadores’ entre las partes cuando ha sido posible, que todos sabemos que no pudo ser mientras el delegado del gobierno fue Francisco Bernabé. Tras la moción de censura que trajo el cambio de Gobierno de España, los ‘aires’ cambiaron y entonces fue posible otra dinámica de cercanía y entendimiento entre ciudadanía y Gobierno. La Delegación del Gobierno tuvo como titulares personas que facilitaron la comunicación y pusieron fin a la represión y todas las hostilidades, Diego Conesa y Francisco Jiménez fueron los autores de esta pacificación social en los primeros momentos y José Vélez sigue su pauta. 

Hemos dejado de ser mal vistos por quienes elaboraron la denuncia de la que se derivaron las penas que penden sobre las cabezas de los cuatro jóvenes de las vías; hemos dejado de ser la ‘bestia negra’ que fuimos para la delegación del gobierno y el Fomento/Adif/Aldesa de años atrás, que nos tenían como antagonistas. Hasta hemos tenido que sufrir el insulto del señor Bernabé anteayer mismo, que no se cansa, asemejándonos a los asaltantes al Pleno del Ayuntamiento de Lorca, y de algún ‘facedor’ de chistes de un medio. Podemos dar fe del nuevo ambiente que se respira entre el Fomento y Adif actuales y las empresas constructoras, con quienes podemos dialogar con respeto y nos atiendes incluso en nuestras discrepancias. 

Hemos empezado a disfrutar de los primeros frutos de más de treinta años de lucha pacífica y no violenta, que nos sirve de fuerza para mantener nuestra reivindicación hasta donde se comprometieron nuestros gobiernos en el Convenio de 2006: Barriomar y Nonduermas. Pero los juicios siguen en pie y las penas por lo civil y por lo penal nos hieren profunda y personalmente no sólo por su cuantía, sino porque no existen pruebas para mantenerlas: los jóvenes únicamente fueron testigos, no autores de los hechos. Aunque se hayan dado muestras de cierta flexibilización que hemos sabido por el actual delegado del Gobierno, José Vélez.

Sin ser expertos en jurisprudencia, nos consta que en Justicia es difícil evadir el banquillo de los acusados cuando un juez te convoca, incluso sin pruebas. Sabemos que la retirada de una denuncia es factible en los casos a instancia de parte, siendo suficiente para que las causas a juzgar decaigan con la retirada por parte del acusador, como en el caso de calumnias o injurias. Pero en los casos, como el asunto que nos ocupa, considerado como perseguible de oficio, la retirada está en manos de la Fiscalía y sólo ella puede decidir retirar la denuncia. 

Ésta es nuestra propuesta: Ante la falta de pruebas la Fiscalía puede decidir retirar la acusación y pruebas no hay. Nadie puede traer pruebas de lo que no ocurrió; los jóvenes sólo fueron testigos de unos hechos que ellos no protagonizaron. ¿Cómo se puede mantener un caso sin pruebas? Es lo que pedimos con todo respeto a la Fiscalía de este caso, sin que se considere que nuestra propuesta sea ni injerencia ni intromisión en la acción de la Justicia. Nos anima a ello una reciente actuación en este mismo sentido, del que traigo el subtítulo de la noticia en La Opinión de 5 febrero: 

«La Fiscalía de la Región, al igual que hizo el Supremo en otoño, archiva el caso al no ver indicios de delito después de que la CHS aportase documentación sobre las actuaciones en la laguna salada»

 Es posible. La Fiscalía puede archivar el caso, porque no hay indicios de delito.

Nunca fuimos partidarios de influir en la Justicia con presión social, por lo que algunos podrán llamarnos ingenuos. En un estado democrático de Derecho la Justicia debe ser independiente y los jueces deben actuar con imparcialidad. No obstante dada la cercanía temporal de los juicios ajustamos nuestra actitud de no protagonismo público ante el Ministerio Fiscal, en la defensa de unos acusados sin pruebas, y le pedimos respetuosa pero palmariamente que solicite el archivo de este caso que ya arrastra años de sufrimiento personal con unos proyectos de vida de cuatro jóvenes pendientes de una salida a esta injusta situación. 

Mucho más cuando el proyecto de Soterramiento que se defendía aquel 3 de octubre está siendo realidad y se ha llevado a cabo tal como lo pidieron los miles de ciudadanos concentrados en tal fecha y los 50.000 que unos días antes, el 30 de septiembre, llenaron el eje Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Gran Vía de manera pacífica, no violenta y ejemplar.