Que el Partido Popular no apoye un acuerdo que lleve la firma de una organización amiga como es la CEOE es un grave error, pues sin duda demuestra que sus dirigentes anteponen sus intereses partidistas a los generales, y eso ocurre cuando uno no tiene altura política. Una gran oportunidad perdida por Casado para demostrar su liderazgo a los votantes de centro.

Pero que algunos partidos denominados de izquierdas, no respalden al Gobierno de coalición, no es solo un varapalo al propio Ejecutivo, que lo es, sino toda una declaración de intenciones contra las organizaciones sindicales CC OO y UGT, que nadie se olvide, tienen una representación cercana al 70% de delegados sindicales en España, (CCOO un 36% y UGT un 32%).

Sin duda, si la reforma laboral no cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso, lo que realmente pierde es la legitimidad de los agentes sociales y, por lo tanto, a partir de ese momento quedarían deslegitimados para cualquier otra negociación.

Probablemente, la reforma laboral saldrá adelante con el apoyo final de algunos grupos políticos más Ciudadanos, que podría estar haciendo uno de los últimos favores políticos de su corta trayectoria, no al Gobierno, sino a la propia Constitución, la cual reconoce a los agentes económicos y sociales su capacidad de intervención, aunque nadie descarte una salida en falso, aprobando la reforma por Real Decreto.

Pero las organizaciones sindicales mayoritarias se están jugando estos días mucho más que una reforma laboral pactada; lo que está sobre el tapete político es su capacidad de interlocución en la vida laboral.

Y sería, como se dice metafóricamente, un torpedo en la línea de flotación de la representación sindical, y es que si a su ya cuestionada interlocución por parte de quienes quieren terminar con ellos, solo les faltaría que las propias fuerzas de izquierda le clavaran un rejón en el pescuezo, lo que les haría hincar la rodilla y sufrir una grave derrota.

Si hace unas semanas, con la Ley de Reducción de la Temporalidad en las Administraciones Públicas, que modifica los acuerdos alcanzados entre el ministerio de Función Pública y los agentes sociales, supuso un bofetón en toda regla para las organizaciones sindicales mayoritarias de funcionarios, ahora podemos estar asistiendo a principio del fin del derecho a la negociación.

Lo que se juega en los próximos días en el Congreso de los Diputados, cuando se vote la reforma laboral, no es solamente un modelo de relaciones laborales, sino la legitimidad de las partes; en definitiva, está en juego la propia Constitución española, la misma que unos la llevan en las muñecas, pero que muchas veces la utilizan de papel higiénico, y para muestra un botón: la renovación del Consejo General del Poder Judicial es otro ejemplo de cómo algunos no dudan en prostituir la propia Carta Magna, y es que el órgano de dirección de los jueces se permite incluso el lujo, en plena decadencia, ponerse a jugar, no con la futura Ley de Vivienda, sino con el futuro de millones de personas que siguen pagando por cincuenta metros cuadrados auténticas barbaridades mientras las Administraciones públicas se siguen mirando el ombligo.

Ya solo faltaría para terminar con los sindicatos, que dentro de dos años, con un posible gobierno de coalición entre PP y Vox, el partido ultra, imponga su promesa / propuesta, de limitar el derecho de huelga, tal y como viene recogido en su programa Agenda España: «Prohibiendo las acciones coactivas en las huelgas políticas», seguro que entonces el Consejo General del Poder Judicia se taparía la nariz y a vivir que son dos días.