Nuevo año para el legislativo. No así para el poder judicial, cuyo inicio es en septiembre, con la apertura del año judicial, que salvo un año (por razones no aclaradas suficientemente) preside el Jefe del Estado, y donde se reivindica por el presidente del Tribunal Supremo lo mismo cada curso, con el mismo resultado, ni caso. La última es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que si tenemos en cuenta las declaraciones del presidente del Gobierno no va por buen camino. Solo que como suele hacer lo contrario de lo que dice, se abre una pequeña esperanza para que sea renovado en este 2022. Sin embargo, el poder legislativo tiene en sus botones de la votación llevar a cabo unos proyectos que en lo que se refiere a Justicia son interesantes y ambiciosos, con miras a sentar las bases del Plan de Justicia 2030, orientado al bienestar en derechos.
Tres son las leyes claves. Todas basadas en la eficiencia: la procesal, la organizativa y la digital. La procesal debe ir encaminada, en mi opinión, sin merma del sistema garantista español, a acortar los plazos procesales y a limitar el sistema de recursos para evitar que se usen solo para dilatar un procedimiento, ya sea con una imposición de multas, ya sea con que se admitan en un solo efecto y así poder ejecutar provisionalmente lo acordado judicialmente. La organizativa conlleva tres novedades: la creación de los tribunales de instancia, que es un acierto, pues cuando más dudas y problemas se plantean suele ser siempre en los principios del ejercicio de una profesión; si son tres los jueces y no uno solo, mejor para todos.
La segunda es la Oficina Judicial, que ya está en marcha en nuestra Región de forma pionera y debo apuntar que no todo ha sido positivo, pues en ocasiones pasa por tantas manos un litigio que se demora más de lo deseable en su tramitación.
La tercera son las oficinas de Justicia en el municipio. Así se pone fin a los 7.600 de juzgados de paz existentes, después de dos siglos de funcionamiento, para evitar que más del 30 % de la población se vea obligada a desplazarse a la cabeza de su partido judicial para hacer trámites, tales como obtener información general del estado de tramitación de los procesos judiciales o realizar gestiones procesales con cualquier órgano judicial, además de lo actualmente existente de actos de comunicación o Registro Civil. Supongo que estará pensado esencialmente para las personas mayores y para las que carezcan de medios digitales. De todas formas habrá que esperar hasta finales de este año para que entre en funcionamiento y a ver cómo influye la nueva ley del Registro Civil.
Si estas tres leyes van acompañadas de un conveniente presupuesto económico pueden ser válidas para agilizar la Justicia en un futuro (año 2030), que digo yo, ya podrían acometerse reformas a más corto plazo. Como por ejemplo se ha hecho con la laboral, que a fines de este mes deberá el Congreso de los Diputados convalidar el decreto ley del Ejecutivo, que al parecer cuenta con el consenso de patronal y sindicatos. Otra cosa es si será o no efectiva, o simplemente un brindis al sol. Me refiero a lo de la desaparición de la temporalidad en los contratos. O lo que es lo mismo, el fin de esa conducta de contratar por seis meses, otros seis meses sin trabajar y nuevamente te contratan por el mismo tiempo, con la intención de no crear antigüedad en el trabajador, aunque no siempre sale bien si interviene un juzgado de lo social. También parece que este año se va a afrontar la reforma de la ley de financiación autonómica, que está pendiente desde 2014. Solo espero que sea justa y equitativa con todas las Comunidades autónomas, y no hayan enchufadas y olvidadas por mor de apoyos parlamentarios o criterios partidistas. Fe. querido lector, aunque los antecedentes históricos de nuestra Región exijan un esfuerzo de credulidad.
