De nuevo salta el globo sonda sobre la reforma de la ley electoral regional, que el secretario general del PP murciano desmiente, aunque, según información periodística, lo confirman fuentes del propio PP, del Gobierno regional y de los grupos parlamentarios tránsfugas. El objetivo es, después de la reforma de la ley que permite a López Miras ser de nuevo candidato en 2023, elevar el listón para la obtención de representación en la Asamblea Regional del 3% actual al 5%, tal como establecía la ley electoral antes de su reforma en 2016, y quien sabe si, ya puestos, también recuperar las cinco circunscripciones o quizás alguna más.

La intención de una reforma semejante, sea real o no, nos sitúa a todos/as ante una disyuntiva entre más o menos democracia. La diferencia sustancial entre el 3% y el 5% como límite electoral estriba en tener una Asamblea Regional más plural y heterogénea y, por tanto, más representativa de la diversidad social de nuestra región o una representación legislativa más monolítica a costa de hurtar representación a otros grupos más minoritarios, pero suficientemente representativos del sentir ideológico y político de una parte sustancial de la ciudadanía.

Este es el efecto que produce un sistema electoral con cinco circunscripciones como el de la ley anterior. Casos como la circunscripción del Altiplano, con dos diputados en juego, obligaba a obtener un resultado por encima del 25% para obtener representación, pervirtiendo así la norma del límite del 5% o cualquier otra que hubiere. En Izquierda Unida lo sabemos bien, desde 1983 perdimos la posibilidad de obtener en las diferentes elecciones hasta trece diputados/as por estos sesgos antidemocráticos que introducía el sistema de circunscripciones, llegando a tener resultados por encima del 14% en algunas de ellas, y que, sin embargo, sí hubiéramos obtenido en caso de una ley electoral como la actual, totalmente proporcional.

El PP quiere cerrar la etapa de los sobresaltos que han alterado su cómoda posición en el gobierno desde 1995 y desde la que ha facilitado fielmente los proyectos económicos de las élites de esta región (desarrollos urbanísticos, grandes e inútiles infraestructuras, agroindustria intensiva), sobresaltos que empezaron con la pérdida de la mayoría absoluta en 2015 y alcanzaron el punto álgido con la moción de censura. La manera de hacerlo es dar una vuelta a su favor a la ley electoral regional. Más control, menos democracia.