Cerrar el año con la aprobación de dos leyes muy importantes para los murcianos y murcianas, es una satisfacción y un orgullo, pero también motivo de agradecimiento sincero, porque soy consciente de que con ellas las políticas sociales avanzan en mejorar la calidad de vida de quienes más nos necesitan.

En julio, gracias a la gran mayoría de los parlamentarios, salió adelante la Ley de Servicios Sociales, que está en pleno proceso de desarrollo e implementación. En 2022 cuenta para ello con una partida presupuestaria que ha crecido un 200%. Me habría gustado, por responsabilidad de los garantes políticos, que sus votos hubieran seguido esta misma línea, pues hablamos de una norma que obtiene la gratuidad de la atención temprana hasta los seis años de edad. Un servicio que en 2022 estará dotado con 6,2 millones de euros.

Aun con ello, este es el mejor de los regalos de reyes para todos aquellos menores que se encuentran en situaciones de riesgo o que muestran algún trastorno en el desarrollo o alguna discapacidad, y sus familias. Y lo será, porque cada nuevo tratamiento al que tengan acceso les llegará a partir de 2022 totalmente gratis y por igual, residan en el municipio de la Región en que residan.

Ha costado mucho llegar hasta aquí. El proceso de elaboración del proyecto de decreto contó con la participación de todos los agentes implicados, y la mayoría de ellos apoyaron los términos contemplados en la proposición de ley aprobada ayer por la Asamblea Regional. Desgraciadamente no ha sido un consenso unánime, pero se ha escuchado a todos. La oposición a esta norma tan necesaria para el interés general responde al rechazo en el cambio que supone la valoración pública, elemento que resulta imprescindible para que la atención temprana sea un servicio universal y gratuito, capaz de beneficiar a los más de 4.600 menores de la Región de 0-6 años, también los prematuros, y sus familias.

Y no solo eso, también quienes prestan el servicio se convertirán en beneficiarios directos, ONGs y entidades locales, que recibirán una financiación pública estable por la prestación de dicho servicio. En definitiva, una norma que fomenta la estabilidad y equidad financiera de las entidades prestadoras y de los profesionales que procuran servicio en ellas.

Nuestro objetivo es proporcionar una respuesta lo más inmediata posible a las necesidades de los niños, niñas y sus familias, dando rango de ley a las intervenciones. Mediante un procedimiento coordinado y sometido a criterios de celeridad, abreviando los plazos internos y obligando a la Administración a responder y notificar en cuarenta días.

La gestión de este procedimiento se realizará maximizando el uso de medios electrónicos y la simplificación administrativa. Hemos desarrollado un aplicativo informático específico, que asegura la mayor agilidad y eficiencia en cada paso, desde la recepción de la solicitud a la valoración, a la emisión del informe de valoración y la resolución.

Los ámbitos de actuación de los tres sistemas que tradicionalmente intervienen en el trabajo y la atención con los menores y sus familias (el educativo, el sanitario y el de los servicios sociales) están preparados. Pero además, vamos a desarrollar una programación formativa especializada sobre Atención Temprana.

También se contemplan medidas para dar una respuesta inmediata ante situaciones que requieran una atención urgente detectada por cualquiera de los agentes de los tres sectores implicados, incluidos los CDIAT. Lo mismo ocurre en caso de diagnóstico pediátrico de discapacidad. Y todo ello conforme a los protocolos que se establezcan por la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana mediante acuerdo de los representantes de las entidades implicadas, que será convocada inmediatamente tras la entrada en vigor de la ley.

Entra en vigor un texto que sin duda ha mejorado con aportaciones que concretan el objeto y los procedimientos, y que atiende además las principales demandas de todos los grupos parlamentarios.

Un documento que dota de seguridad a un servicio básico y necesario en los primeros años de vida de los menores que precisan de atención temprana y a sus familias. Porque se trata del resto de sus vidas.

Gracias a todos y a todas quienes han participado de este proceso, sin excepción alguna, por la intensa labor desarrollada. También a los que se han mostrado en contra, porque ellos nos han llevado a elevar a ley este servicio, contando con el máximo de aportaciones posible y el aval de la Asamblea Regional. Una ley que tendrá sus más y sus menos, que siempre se podrá mejorar, pero que sin duda marca un antes y un después en la atención temprana de nuestra Región.