El fin del consenso

El motivo central de este desbaratamiento no es, como se supone, que las enmiendas en el Congreso establezcan normas para impedir que se produzcan en el futuro situaciones como las derivadas de la fallida moción de censura, en que una parte de los diputados de uno de los partidos que la firmaron, Ciudadanos, se negaron a secundarla, fueron expulsados de su organización y, a pesar de esto, se mantienen en el Gobierno. Este dictado no tendría consecuencias para la situación actual, más allá de la percepción de un ‘reproche moral’ desde la letra del nuevo Estatuto a los diputados/consejeros de Cs, pues un presidente nombra para su Gobierno a quien le parece más oportuno, y hay que suponer que en el futuro no se producirán situaciones como las que han caracterizado a la presente legislatura o si se produjeran quién sabe si podrían perjudicar al PP, al que ahora han beneficiado.

LA CAUSA REAL. La causa real por la que ha sido retirado el Estatuto se constata en que las enmiendas pretendían introducir en la ley orgánica, superior a todas las que derivan de ella, la limitación de mandatos, lo que afectaría a la continuidad de Fernando López Miras como candidato electoral de su partido, el PP, una vez que había conseguido en el Parlamento autonómico, aun cuando Cs estaba entero, suprimir esa censura de la Ley del Presidente que él mismo había aprobado con su voto en tiempos en que ni siquiera se le podía pasar por la imaginación ser jefe de Gobierno. 

Este punto ha sido el decisivo, aunque la motivación ha quedado difuminada porque su socio parlamentario, Vox, no es ni siquiera partidario del actual Estatuto, de modo que menos lo podría ser del reformado, que introduce algunos de los derechos que son como bestias negras en su escasamente sofisticado discurso.

Vox ha explicado con precisión el motivo de la retirada (no comparten en absoluto la expresión de los ‘nuevos derechos’ que contempla), pero el PP, que no se atreve a tanto, ha vendido la iniciativa como un gesto de pundonor autonómico, pues no están dispuestos, dicen, a permitir que los independentistas catalanes y Bildu tengan voz y voto para enmendar el Estatuto enviado desde la Asamblea murciana. Los populares recurren a un efecto formal para ocultar lo sustantivo, y lo hacen mediante un recurso propagandístico que saben muy querido a su clá. Ezquerra y Bildu, sus espantajos, acaban resultando, en la práctica, los responsables de la retirada, cuando ésta en realidad se produce por la propuesta de reposición desde el Congreso de una norma, la limitación de mandatos, que en su día se aprobó en la Asamblea Regional por iniciativa del propio PP, sin necesidad de que ERC y Bildu les condicionaran para hacerlo.

LÓPEZ MIRAS, INDEPENDENTISTA. Tiene gracia la referencia a los independentistas catalanes. Tal vez en el PP murciano no se percatan de que están reaccionando como ellos cuando la reforma del Estatut catalán: Zapatero les prometió que se aprobaría tal como viniera del Parlament, y esto provocó una gran escandalera en el PP, que respondió enviando el texto aprobado al Tribunal Constitucional. Bien, ¿no se da cuenta ahora López Miras de que está actuando como el Gobierno catalán de entonces, que exigía que no se tocara una coma del texto que había enviado al Congreso? 

El PP murciano, según le conviene, acepta o no lo obvio, y es que el Congreso dispone de facultad para retocar las leyes orgánicas que le son propuestas. Ahora no le parece bien que esto sea así, pero cuando la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, comandada por una vieja conocida de los populares, María Dolores de Cospedal, que contemplaba la liquidación a fecha fija del trasvase Tajo-Segura, dispusieron desde Murcia todos los efectivos propagandísticos para que el proyecto fuera reformado en ese punto, y reprochaban al PSOE que no les secundara con la misma energía. 

¿En qué quedamos entonces? ¿Puede el Congreso de los Diputados modificar las propuestas de reformas estatutarias que les son remitidas? Para el PP nacional, en el caso de Cataluña, sí; para el PP murciano, en el caso de Castilla-La Mancha, también. Pero para López Miras, cuando se trata del Estatuto murciano, no. 

Y esto lo mantiene alguien que luce la bandera de España en la muñeca y en los calcetines y que, por tanto, se podría entender que es partidario de que funcionen como deben las instituciones estatales, el Congreso en este caso. Deslegitimar la soberanía nacional por el hecho de que ERC y Bildu dispongan de protagonismo parlamentario es el equivalente a quienes opinan que habría que ilegalizar a Vox porque es un partido que no les gusta, en lugar de combatirlo en el territorio de las ideas, teóricamente tan fácil si no pasa por una estigmatización genérica, que es lo que hace el PP con los independentistas. 

DEMOCRACIA O TERRORISMO. Mi generación ha atravesado varias décadas instando a los independentistas vascos a que defendieran sus reivindicaciones, que como tales no eran punibles, en el escenario político democrático, y es lo que ahora están haciendo, bien por convicción sobrevenida o por el hecho indiscutible de que ETA ha sido derrotada, no solo policialmente, sino por el hartazgo social de la población vasca, aunque éste nos resulte algo tardío. 

Es cierto que, como herederos del terrorismo, no han mostrado públicamente señales de perdón, como hicieron en su día los responsables del apartheid sudafricano, que lo manifestaron mirando a los ojos a las víctimas en un escenario público, pero a nadie se le oculta que es mejor un diputado de Bildu, por mucho que nos repugne, que un terrorista de ETA en activo. Era lo que les pedíamos, que defendieran sus ideas en las instituciones democráticas. De hecho, la presencia de Bildu en el Parlamento, por muy molesta que resulte, constituye el más elevado grado de legitimación del sistema democrático español. Es su involuntaria concesión al establecimiento que pretenden destruir y que, por contra, consolidan. Soportamos a Bildu, es decir, esto es una democracia. 

En cualquier caso, por lo demás, la responsabilidad de que Bildu sea una fuerza emergente se debe a que, por ejemplo, el PP sea incapaz de conectar con la sociedad vasca. La mejor manera de acabar con Bildu es ganarle en las urnas, y esto es lo que el partido de Casado no sabe hacer. En vez de quejarse de la presencia política de Bildu deberían reflexionar acerca de qué es lo que provoca la ausencia en el País Vasco del PP en su lugar. Inés Arrimadas fue capaz en su día de superar en número de votos a los independentistas catalanes, es decir, no es imposible vencerlos, pero para hacerlo hay que disponer de una cierta inteligencia y de una mejor estrategia, algo de lo que está exento el PP, a juzgar por los resultados electorales. Por tanto, habrá que preguntarse, dado que Bildu está ahí, si será por su mérito o por demérito de otros. Lo que resulta vergonzante es que se aluda a Bildu, al que el PP se muestra incapaz de neutralizar en las urnas, para llorar por el hecho de que ese partido intervenga democráticamente en las decisiones parlamentarias. 

RETIRADA SIN CAUSA. Pero resulta que ni Bildu ni Ezquerra han dado señales de querer disminuir cualquiera de los derechos y competencias que constan en el proyecto del Estatuto remitido desde la Asamblea Regional al Congreso de los Diputados. No se han detectado iniciativas que pretendan disminuir de manera esencial el texto de la constitución autonómica. En todo caso, la coalición del Gobierno nacional habría estado de acuerdo en actualizar cuestiones que después de la redacción inicial del Estatuto murciano han surgido de manera muy llamativa, incontemplada en su momento y que, por tanto, requerían atención, caso de la disolución de un partido con grupo parlamentario que en parte se acomoda en el Gobierno, y que en este caso ha beneficiado al PP, pero quién sabe si en el futuro, en circunstancias similares, podría perjudicarlo. Son aspectos colaterales, como la limitación de mandatos en otro momento institucionalizada por el propio PP, en modo alguno esenciales al texto nuclear del Estatuto, tal como fue aprobado mediante un extraordinario (y habría que añadir: emocionante) consenso en el remate de la Novena Legislatura, la mejor que ha conocido esta Región, antes de que la Asamblea fuera presidida por un tipo indescriptible (es descriptible, pero es mejor obviarlo, pues a la vista está). 

EL CONSENSO FUE UN SUEÑO. La clave, en realidad, es que el presidente de la Comunidad era ya de entrada muy poco entusiasta del Estatuto reformado, como se constató en la intervención parlamentaria que supuso el colofón de la sesión en que fue aprobado. Frente a la concordia de los cuatro portavoces de los Grupos que habían alcanzado el consenso (Víctor Martínez, PP; Joaquín López, PSOE; Miguel Sánchez, Cs, y Óscar Urralburu, Podemos), la alocución de López Miras transmitió una sensación de desgana y de sospecha adelantada de que aquello podía ser letra muerta. La maldición de aquel consenso puede percibirse hoy en que ninguno de los ‘padres’ del reformado Estatuto está en su lugar inicial: Víctor Martínez ocupa una función discreta en la Administración regional, y gracias; Joaquín López ha sido desplazado a un chiringuito del Gobierno socialista; Miguel Sánchez es senador de Cs, pero su partido en Murcia lo ignora, y Urralburu ya no está en Podemos, sino en el partido de Errejón. La Novena Legislatura fue un sueño.  

La Décima es una transición accidentada hacia un horizonte en que el Gobierno se constituirá entre el PP y Vox, ya de manera formal, y ambos partidos no querrán verse comprometidos por un Estatuto avanzado, pues López Miras ni siquiera atiende al actual (desplaza habitualmente, cuando le conviene, las competencias que figuran en su articulado hacia el Gobierno nacional con el pretexto de que no han sido transferidas, a pesar de que se registran como responsabilidad de los departamentos de sus consejerías), y en cuanto a los de Abascal, les sobra todo lo que suene a autonómico, salvo en lo que se refiere al cobro de sus sueldos.

La retirada de la reforma del Estatuto, por el interés de la continuidad de López Miras como candidato del PP, constituye la renuncia definitiva a cualquier posibilidad de consenso entre las fuerzas políticas de la Región ante la perspectiva de un horizonte de hegemonía plena de la derecha, esta vez, después de varias décadas, en coalición con su extremo más inmoderado. Incapaces de concertar ni siquiera en lo básico, trasladan al fantasma de Bildu su propia indisposición. Y cuela.