Acabamos de rememorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que no olvidaremos durante los restantes 364 días del año, pero próxima a esta hay otra conmemoración también de flagrante abuso y conculcación de los Derechos Humanos, del más extenso incumplimiento y desprecio del Derecho internacional y de la más vergonzosa y criminal colonización de un territorio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino instituido por la ONU desde 1977, en el 29 de noviembre.

Sé que puede ser una causa lejana para la mayoría de la ciudadanía, algo que rellena de vez en cuando unos segundos del noticiario televisivo y a lo que atendemos con la indiferencia del desconocimiento, ocupados como estamos en el quehacer diario y con nuestras propias preocupaciones.

Sin embargo, hay tres cosas que deberíamos tener presente: que hay 34 palestinos/as que forman parte de la ciudadanía murciana, refugiados y exilados ante la imposibilidad de volver a su tierra ocupada cada vez en mayor extensión por el estado de Israel, unas veces bélicamente y otras mediante asentamientos de población reiteradamente declarados ilegales por la ONU; que seguramente tienen familiares, amigos/as o conocidos/as que han sido asesinados/as, como las mujeres a las que recordamos hace unos días, de manera ignominiosa, incomprensible y cobarde y que la negación de los Derechos Humanos es algo que no debemos consentir en ninguna parte del mundo. 

Probablemente la estrategia más eficaz para resistir cualquier intento de conculcar estos derechos sea tejer redes de solidaridad entre todos los colectivos de víctimas de tales injusticias, una solidaridad que elimine la angustiosa sensación de soledad en la lucha particular y la conecte con todas las luchas por la justicia y la igualdad en cualquier parte del mundo. En el caso de Palestina, una forma concreta de solidaridad es apoyar la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como acaba de hacer el gobierno belga al anunciar, siguiendo las directrices de la UE de 2015, que etiquetará los productos originarios de los asentamientos israelíes de Cisjordania, considerados por el derecho internacional como territorios ilegalmente ocupados.

Por cierto, el Gobierno regional podría tener también un gesto solidario con los conciudadanos/as palestinos/as de nuestra región. No digo que tiñan la fachada de la Asamblea con los colores de la bandera palestina, o sí, pero ignorarlos, tampoco.