La reforma laboral

En Murcia y en 2020, las ETTs intervinieron en la formalización del 52,8% de los contratos temporales, lo que coloca a la Región en un lamentable número uno entre las Comunidades autónomas. De hecho, «lideró de largo esa tasa» por regiones, según Asempleo

Dicen los futboleros que no hay que cambiar lo que funciona bien. Ergo hay que hacerlo cuando lo que hay no pita. Este es el caso con la reforma laboral de 2012 ejecutada a las bravas de la mayoría absoluta del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Hay datos estadísticos suficientes para asegurar que esa involución normativa en las condiciones del mercado de trabajo no ha traído ninguno de los grandes beneficios prometidos. Se hace necesaria y urgente, por tanto, una contarreforma.

La forma se discute actualmente, pero, en base al puro empirismo, se observa que la calidad de vida y de empleo de la mayoría de los asalariados no había mejorado cuando, no mucho antes de la pandemia, los indicadores macroeconómicos mostraban que España estaba cercana al nivel anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria que, unida al crash derivado de las hipotecas subprime, nos arrastró a la peor crisis social desde la Guerra Civil.

Entre ellos sigue destacando la precariedad y la temporalidad en el empleo. Un dato reciente, de septiembre: del total de contratos firmados en la Región de Murcia, 9.312 fueron indefinidos (un 12,09%) y el resto, 67.777, temporales. Es decir, fueron temporales el 87,91% de los contratos en ese mes.

Peor aún: los más afectados por ese problema directamente causante de un empobrecimiento general por caída del poder adquisitivo siguen siendo los menores de 40 años. Si antes o al principio de la crisis inmobiliario-financiera los jóvenes españoles aspiraban a ser ‘mileuristas’, ahora se conforman con ser ‘seiscientoseuristas’. Además, está más que constatado que muchos trabajadores temporales firman decenas de contratos al año de dos días, cinco, quince, alguno que otro de un mes, con suerte. Otros son despedidos sistemáticamente los viernes y recontratados los lunes. Esa temporalidad galopante alcanza a sectores como Sanidad, Enseñanza, Funcionariado…

En esas disfunciones se constata la intervención de las empresas de trabajo temporal, con una influencia desmesurada en la contratación. En Murcia y en 2020, las ETTs intervinieron en la formalización del 52,8% de los contratos temporales, lo que coloca a la Región en un lamentable número uno entre las Comunidades autónomas. De hecho, «lideró de largo esa tasa» por regiones, según expresó Asempleo (patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo) en una nota distribuida el 21 de febrero pasado.

Un postrer dato. Hace apenas quince días se supo que la labor controladora del Ministerio de Trabajo, a través de las inspecciones regionales, ha conseguido la conversión en indefinidos de 267.000 contratos temporales fraudulentos en lo que va de año, como informó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en el Senado. De donde se deducen meridianamente dos cosas. Una, que muchos empresarios hacen de su capa un sayo y exprimen más allá de los límites legales determinadas normas. Dos, que si la Inspección de Trabajo se pone a funcionar como debe hacerlo, es bastante más difícil que prosperen las instrumentalizaciones torticeras de las normas laborales. Cosas ambas que hacen urgente la supresión de las directrices de la reforma laboral de Rajoy que permiten aquellas prácticas. 

Además, volviendo a Murcia, es sabido que los dos sectores clave de la economía regional (turismo y agricultura) tienen una tasa de contratación temporal o fraudulenta (y muchas veces ambas cosas a la vez) espeluznante.

Por qué no la tocarán, por Pablo Molina

El Gobierno finge seguir empeñado en acabar con esa reforma legislativa, a la que tanto debe. No lo hará, claro. De hecho, la propia Yolanda ya ha reconocido que derogar, lo que se dice derogar, no van a derogar nada. Modificarán algo, si acaso, pero sin tocar su esencia

Pedro y Yolanda están profundamente agradecidos a la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012. No lo dirán, claro, pero ambos saben que sin ese cambio legislativo, la crisis por el coronavirus habría desembocado en un cataclismo para la economía española con efectos aún más devastadores a medio y largo plazo.  

La política impone supeditar la verdad a los intereses electorales, por eso ningún partido reconoce a su adversario el menor mérito, aunque eso obligue a los beneficiarios a realizar continuas cabriolas dialécticas para evitar un mínimo reconocimiento al partido rival. Es el caso de Yolanda Díaz, que ha llegado a presumir en el Parlamento de que la legislación laboral que aplica el Gobierno ha salvado a miles de empresas y centenares de miles de puestos de trabajo, obviando que se estaba refiriendo a las leyes aprobadas por un Gobierno del PP. 

La denostada reforma laboral tuvo tres ejes fundamentales: limitar el poder de los sindicatos en las pymes, permitir la subsistencia de las empresas con fuertes caídas de beneficios y fomentar el empleo juvenil y de los parados de larga duración. Los tres objetivos son buenos para la economía y los trabajadores; en consecuencia, la izquierda se impuso como primer deber acabar con ellos de raíz. El pacto de legislatura ya incluía en su frontispicio la derogación total de la reforma laboral de 2012 como uno de los ejes principales que daban sentido a esa coalición socialcomunista, para que no quedaran dudas de cuál era el compromiso de Iglesias y Sánchez en materia laboral. 

Nada más echar a andar la legislatura, los ministros del ramo comenzaron a estudiar la manera de cumplir un compromiso que, en realidad, no tiene complicación alguna. Bastaba con firmar una disposición con un único artículo del siguiente tenor literal: «Artículo único: queda derogado el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral». Firmado, Su Persona. Compromiso cumplido, vamos con el siguiente. 

¿Por qué no lo han hecho así? Pues en primer lugar porque el Gobierno necesita mantener la reforma de Rajoy para seguir atendiendo a las empresas y trabajadores con dificultades económicas. No en vano, la modificación del marco de trabajo impulsada por el último Gobierno del PP se puso en marcha en mitad de una recesión pavorosa, en la que cerraban miles de empresas diariamente y las cifras del paro estaban completamente disparadas. La flexibilización de la legislación laboral española, la más esclerotizada del continente, era fundamental para que las empresas con dificultades económicas pudieran aguantar los rigores de la recesión sin ir al cierre definitivo y al despido masivo de trabajadores.  

El mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los famosos ERTE, surge precisamente en ese contexto, para aliviar de manera temporal la carga laboral de empresas con fuertes caídas de beneficios sin necesidad de reducir plantillas. Cómo serán de evidentes sus efectos beneficiosos que la vicepresidenta comunista ha presumido en no pocas ocasiones de los ERTE, sin mencionar que fueron un invento de Fátima Báñez, ministra popular, y no de una especulación teórica elaborada por los círculos podemitas, como podría llegar a pensarse cuando se le escucha hablar del tema. 

El Gobierno finge seguir empeñado en acabar con esa reforma legislativa, a la que tanto debe. No lo hará, claro. De hecho, la propia Yolanda ya ha reconocido que derogar, lo que se dice derogar, no van a derogar nada. Modificarán algo, si acaso, pero sin tocar su esencia. Va a ser divertido ver cómo se lo explican a sus votantes durante la próxima campaña electoral.