Me cuesta trabajo entender por qué al Partido Popular le molesta tanto que, desde el Gobierno de España, se hagan políticas para ampliar y garantizar derechos a la ciudadanía. Les ha pasado siempre que en España ha gobernado el Partido Socialista. Desde siempre, se han opuesto a los avances, los consideran una amenaza para sus intereses. Y como es costumbre en la derecha, de nuevo toman la misma posición respecto a la futura Ley Estatal de Vivienda, y respecto a las medidas que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y familias con menos recursos económicos.

Es imposible conseguir una recuperación justa en este país, ni en ninguno de sus territorios, si no se implementan, por parte de las administraciones públicas, políticas que pongan en el centro a la parte más débil de la sociedad.

Con la futura Ley Estatal de Vivienda, la primera de toda la democracia y cuyo anteproyecto está en fase de tramitación, el Gobierno central cumple con los compromisos de la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también con el compromiso de garantizar el acceso a la vivienda que mandata la Constitución española a los poderes públicos.

Nadie debería ser ajeno a los problemas que tienen los jóvenes para poder empezar un proyecto de vida independiente, tampoco deberían ser ajenos a que hay miles de familias a las que les es imposible, ya no digo difícil, sino imposible, pagar el alquiler, y mucho menos adquirir una vivienda. Estas dificultades se agudizan en la Región de Murcia, una de las Comunidades más empobrecidas de España. Y ante este panorama, el presidente López Miras y el consejero competente en la materia, con ese aire de prepotencia y de falta de empatía que les caracteriza, se permiten jactarse de que no piensan cumplir esa Ley.

Les diré que si incumplen esta Ley, el daño directo no se lo van a hacer a Pedro Sánchez, se lo harán a los jóvenes de la Región, a las familias con menos recursos, y eso sería intolerable, o más bien, despreciable. No nos podemos permitir que se materialice esta decisión de un Gobierno regional al que no le interesan los problemas de la gente, y está entregado a contentar a unos pocos, aunque esto perjudique a la mayoría.

Estamos hablando de una Ley de Vivienda que recoge medidas de contención y bajada de precios el alquiler en zonas declaradas tensionadas por la administración competente, que tiene previstas; deducciones fiscales a los pequeños propietarios de la vivienda cuando sean destinadas para alquiler asequible; que junto con a la vivienda protegida, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada; y también el de gran tenedor de vivienda, en este último caso, para evitar que, como ha pasado hasta ahora, la vivienda no sea objeto de especulación urbanística e inmobiliaria.

En esta misma línea, la Ley está enfocada a generar un gran parque público de vivienda al que poder recurrir para dar soluciones habitacionales a quienes necesitan esta ayuda, así como blinda el parque público de vivienda social para que no pueda ser enajenado a fondos de inversión como ya se ha hecho en algunas ciudades, dejando así a los más vulnerables en la más absoluta indefensión. 

La regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad será objeto de mejora, reforzando la colaboración y comunicación entre los órganos judiciales y los servicios sociales.

Ante esto, con la mayor sinceridad, me pregunto ¿a quién le pueden parecer mal que se tomen todas estas medidas tendentes a garantizar un derecho fundamental como la vivienda digna? ¿A quién le puede parecer mal que los jóvenes reciban un bono de vivienda joven de 250 euros al mes que les ayude a pagar la renta del alquiler, o que el gobierno lance y financie un seguro que garantice al dueño de la vivienda el pago del alquiler durante un año cuando el arrendatario es una persona joven? ¿A quién le puede parecer mal que los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en el capítulo de vivienda, sea el más elevado de toda la historia, ascendiendo a 3.290 millones de euros?

La respuesta es clara: al presidente de la Región de Murcia le parece muy mal. Pero le parece mal porque pone en evidencia a su Gobierno, en un compromiso que no quieren cumplir. El Partido Popular está acostumbrado a obviar las políticas de vivienda en la Región de Murcia y esta norma estatal les empuja a hace lo que no les gusta: gestionar, ser valientes y a actuar procurando la igualdad de condiciones entre los murcianos y murcianas a la hora de acceder a una vivienda digna.