La tele es una tómbola

Si nada como un pato, camina como un pato y grazna cuacuá lo más probable es que sea un pato. Las cosas a veces son lo que parecen. Y lo que parece es que el concurso para la renovación del contrato de la televisión autonómica es un chanchullo. Si lo es o no desde el punto de vista de la legalidad, aparte de la obviedad política, lo ponderará la Fiscalía Anticorrupción, ante la que el PSOE, y mira que ha tardado, ha denunciado lo que para la mayoría del personal es evidente desde hace la intemerata. 

Aquí, en estas páginas, se ha venido advirtiendo sobre el caso por activa y por pasiva, pero como es desgraciadamente habitual en esta Región, a quien señala que el rey va desnudo se le suele tachar de obsesivo, maniático o prejuicioso. Lo curioso es que todos lo ven, pero parece que está feo decir lo que es obvio. Sin embargo, alguna satisfacción hay que tener si acabas leyendo, por fin, en jerga jurídica, lo que uno ha venido relatando en prosa periodística, y es que la readjudicación de la gestión de la televisión pública ha estado siempre decidida en favor de Secuoya, la actual concesionaria. Y esto es algo que se sabe no por ciencia infusa, sino porque, en caso de haber pretendido disimularlo, el Gobierno lo ha hecho muy mal. No han podido ocultarlo ni en el texto ni en el subtexto, tal vez creyéndose protegido por una cierta omertá derivada del reparto de migajas al sector audiovisual de la Región, el realmente existente y el sobrevenido, que en ocasiones se ramifica hacia los propios medios de comunicación que podrían denunciarlo. 

La denuncia del PSOE se ha producido, no sabemos si casualmente, poco antes de que un comité de expertos renovado por curiosas incidencias producidas en el original, anunciara, como probablemente hará antes de que concluya noviembre, que Secuoya seguirá siendo la adjudicataria, pues en caso de no hacerlo sería preciso prorrogar una vez más el contrato a esta empresa, que cuando lo consiguió lo hizo bajo una normativa que establecía que el periodo que le correspondía sería improrrogable. Tan improrrogable era que a costa de las dilaciones del Gobierno, al principio inexplicadas y después justificadas de rondón por la pandemia, ha facturado ya más de diecisiete millones de euros del presupuesto público, que se dice pronto, fuera del tiempo que abarcaba su contrato.

LA FUGA DE CELDRÁN. Todo esto no ha ocurrido sin convulsiones. Una, se diga lo que se diga, fue la dimisión en su día del consejero de Presidencia y Hacienda Javier Celdrán («si no dimito, mi familia me pondrá las maletas en la puerta», dicen que dijo para irse, como si el número dos del Gobierno, al cabo de las mil, estuviera acuciado por problemas de conciliación), pues veía venir la vía judicial una vez que convocó la renovación del concurso al límite de la expiación del contrato vigente con Secuoya, cuando era evidente que sería necesaria una prórroga a favor de ésta (prórroga inexplicable sino por su dilación, y vetada en la letra de las bases contractuales) cuando la tramitación habría requerido un año, como poco. Cabe suponer, como excusa, que se llegó a esta situación por ineptitud del consejero; digamos que ‘se le pasó’ mirar el calendario, cosa perfectamente probable, pues en los Gobiernos de López Miras, con contadas excepciones, no es posible encontrar muchas luces de excelencia, pero este pretexto nunca será reconocido, por razones obvias, de manera que habrá que suponer legítimamente algún supuesto tipo de intencionalidad. 

Y ya después vino la cobertura del coronavirus para seguir prorrogando la gestión de Secuoya (recuérdese: su contrato era improrrogable), como si no hubiera sido posible resolver durante la pandemia un concurso determinado a fecha concreta mientras, sin embargo, se emitían decretos para derogar leyes sobre medio ambiente, vivienda o administración de los puertos. No quiero ni siquiera detenerme en el dato de que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal el estado de alarma decretado por el Gobierno central, en lo que tanto se ha regodeado el PP, que tal vez conllevaría la anulación de las medidas tomadas por el regional bajo ese manto, entre ellas las sucesivas prórrogas a la gestión de Secuoya, perfectamente agradecida con la intensificación, si todavía era posible, del sesgo partidista de sus emisiones, acentuando la marca TeleMiras, para otros TeleTeo o TelePAS.

EL CASO DE LA INDOCUMENTADA. Otro de los aspectos convulsivos fue el adelanto de una de las personas designadas para el comité de expertos en emitir su valoración, cosa que la invalidaba para permanecer en el mismo y, por supuesto, también su prematuro voto. Se hacen cábalas sobre esa actitud, pero la aproximación más lógica es que esta mujer, a sabiendas de lo que podría venir desde el ámbito judicial después de la chapuza prevista, decidió cometer conscientemente (subrayo, conscientemente) una irregularidad a fin de ser desplazada de su función, ya que no se entiende que alguien que es designado para integrar un comité de contratación en la Administración pública desconozca las reglas que han de presidir su comportamiento, y si las desconociera cabría pedir responsabilidades a quien la nombró, matiz que ha pasado completamente desapercibido, pues es difícil que una persona indocumentada acerca de las condiciones de su trabajo pueda decidir sobre un contrato público multimillonario. Rumores más que fundados indican que le vio las orejas al lobo cuando constató presuntamente que el informe de resolución había sido elaborado desde fuera del ámbito del propio comité de expertos (o sea), de modo que rompió la baraja saliéndose por la tangente. En cualquier caso, a efectos formales, quien la nombró debió dimitir según reglas no escritas que en la Región de Murcia se desoyen.

Lo gracioso es que esta persona, la ‘jurado’ que adelantó impropiamente su decisión, fue sustituida, no por decreto del consejero de Hacienda, que es lo que habría correspondido, sino por la secretaria general del departamento, Sonia Carrillo, quien también se retrajo de ocupar plaza, y el designado, que ha acabado de presidente de la mesa de contratación, vino a la Administración regional desde Jumilla, donde ejercía de recaudador municipal, como persona de la plena confianza de quien, en tiempos del Gobierno Garre, ejerció una función tan extraña como excepcional, la de comisario político de Economía, un tal Vicente Martínez Pujalte, quien sin función específica alguna, pero con el soporte de un nombramiento público, en la práctica tutelaba al consejero de Hacienda de entonces, y todo esto en una consejería cuyo secretario general era un joven Fernando López Miras, a la sazón quien puso la firma en el contrato inicial que convertía a Secuoya en concesionaria de la televisión pública.

En este punto podríamos añorar al partido Ciudadanos que por entonces lideraba electoralmente Miguel Sánchez, quien introdujo en su pacto con el PP para hacer presidente a Pedro Antonio Sánchez una comisión parlamentaria de investigación acerca de cómo Secuoya obtuvo el contrato inicial. El hoy senador de Cs me dijo en su día que lo habían llamado de la tele para ofrecerle una cámara que lo acompañara en todas sus actividades políticas, y lo cierto es que tal comisión nunca se constituyó, con seguridad debido a falta de voluntad de otros miembros de Cs, entonces y ahora poco amigos de Miguel Sánchez. 

JUEZ Y PARTE. Sustituir en el cargo a Celdrán, de quien se dice que desde altas instancias se le reprochó «no tener cojones para adjudicar la concesión a Secuoya», llevó lo suyo. Quien vino a relevarlo, entonces su secretario general, Luis Alberto Marín, tardó más de un mes o por ahí en decidirse a tomar posesión, y cuando lo hizo nombró a un nuevo comité de expertos en sustitución del original, una decisión que, al parecer, es legalmente discutible, pues los nuevos integrantes de la mesa ya conocen las ofertas existentes, razón por la cual, una de las empresas que aspiran al contrato, el Grupo Zambudio, habría denunciado el hecho, lo cual podría poner en entredicho la resolución que se espera antes del primero de diciembre. 

 Otro de los aspectos principales en que se basa la denuncia del PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción es la circunstancia que aquí también hemos venido comentando de que el director general de La7, la marca de Secuoya, Antonio Peñarrubia, sea el esposo de la secretaria general de Presidencia del Gobierno, con rango de consejera, Mar Moreno. Aparte de lo evidente, es decir, del hecho de que la responsable de la agitación y propaganda del Gobierno sea la consorte del jefe del principal aparato de publicidad del Ejecutivo regional, financiado con dinero de todos los murcianos, hay una lógica incompatibilidad a ojos de cualquiera, no solo formal, sino necesariamente legal. La condición de Moreno como consejera (su cargo, ya digo, es ‘con rango de consejera’) le permitiría asistir a los Consejos de Gobierno, con voz aunque sin voto, e incluso sentarse en el sillón azul de la Asamblea Regional, como se deduce de lo que hizo alguno de sus antecesores con la misma titulación política. Otra cosa es que Moreno renuncie a esos privilegios, pues se trata de una personalidad enormemente discreta que trabaja de manera estajanivista y desde la sombra (con escasa habilidad para cumplir sus obligaciones con las voces críticas, dicho sea de paso) en favor de la imagen del presidente, eludiendo la propia. Cuando fue designada para el cargo, ni siquiera se hizo publicidad del hecho en nota alguna desde San Esteban, y los medios de comunicación reparamos en su nombramiento al revisar el Boletín Oficial de la Región. Cuando por entonces reclamamos al gabinete de la Presidencia una foto suya para ilustrar la noticia ni siquiera obtuvimos respuesta. Es como si no existiera, pero existe. Y manda más que algunos otros consejeros, y sobre ellos. Y cada mañana remite un correo a la jefatura de Informativos de TeleMiras señalando las actividades que han de ser tratadas como «información preferente». Si en el Consejo de Administración de la empresa contratante hay una persona que es familiar de una de las marcas concurrentes al contrato ¿qué fiabilidad acerca de la equidad del concurso podrían tener el resto de firmas concursantes? La de la tómbola de la feria de tu pueblo, donde siempre toca, si no un pito, una pelota. 

Moreno, como Peñarrubia, pertenecen al llamado clan de quien ellos mismos llaman el ‘Tito Vicente’ (Martínez Pujalte), quien mantiene su influencia en la política regional a través de su esposa, Isabel Borrego, diputada al Congreso en la plaza que su marido ostentó antes que ella, una vez que éste perdió su influencia en el partido de Rajoy por el caso de los cafelitos en el Palace a 5.000 euros la sentada con ciertos empresarios (asunto sin consecuencias judiciales, pero documentado por la prensa en su momento). Borrego, diputada paracaidista en la Región una vez que no la apoyaron para las listas en la Comunidad Balear, de donde procede, gastó muchos euros en factura telefónica desde la sede del PP murciano pidiendo apoyos para Pablo Casado en el congreso en que éste fue elegido presidente del PP, una apuesta que la ha convertido en intocable. Y méritos hace, pues según testimonio de la ya innombrable Cayetana Álvarez de Toledo, fue sorprendida por ésta husmeando en su taquilla o alrededores. Del mismo modo, ciertos funcionarios murcianos de la consejería de Hacienda advierten de las supuestas visitas a esa casa del Tito Vicente, hasta el punto de que alguno asegura que «vive aquí», cosa nada extraña si recordamos que fue sorprendido en su día saliendo de tapadillo de la Fiscalía del Supremo en los momentos más acuciantes de las acusaciones contra el entonces presidente Valcárcel, que fue quien lo rescató para Murcia desde la Comunidad Valenciana. Pujalte parece haber adquirido una nueva vitalidad después de que el pasado verano naufragara con grave riesgo en Águilas, en las inmediaciones de la Isla del Fraile, a bordo del barco de su amigo Jesús Caicedo, otro miembro del PP que ha tenido problemas con la Justicia, presidente de la Autoridad Portuaria de Almería que en sus tiempos de alcalde de Cuevas dejó el Ayuntamiento en la bancarrota, válgame el Señor.

De entre todo lo que se puede contar al respecto solo falta lo que me dijo hará cosa de un año un alto cargo del Gobierno, que ya no está en él: «No querrás que le demos la concesión de la tele a Zambudio, que es socio de Roures, amigo de Pablo Iglesias». Ese es el baremo.

Lo dicho: si dice cuacuá, lo mismo es un pato.