El rotundo éxito que suponen las 640.000 firmas recogidas para que se dote de personalidad jurídica al Mar Menor no debería significar relajo ni bajada de guardia para revertir el ecocidio. De aquí a seis meses, cuando el Congreso debe empezar a estudiar legislativamente el asunto, tienen que pasar más cosas. La primera, que el Gobierno regional se tome el asunto por el camino adecuado. El de Madrid parece que espabila.

Desde 1995 que gobierna el PP, los Ejecutivos murcianos arrastran los pies en todo lo relacionado con el medio ambiente. Y, cuando los han levantado, ha sido para pisotearlo. No viene al caso relacionar los numerosos asuntos en los que la presidencia regional y las consejerías han hecho la vista gorda, con permisividad rayana en la prevaricación, incluso alentando directamente desmanes ambientales sin cuento ni fin, aunque supuestamente legales.

Después de todo lo visto y el clamor de las 640.000 firmas - número que la Junta Electoral Central rebajará, obviamente, pues habrá repeticiones, errores, etc.-, no se sabe muy bien qué espera San Esteban para ponerse a actuar de una vez. Pero López Miras parecía hasta el jueves seguir empeñado en su particular guerra preventiva contra el poder central, personificado esta vez en la ministra Ribera, a la que puso poco menos que de mentirosa un día antes de que llegara para explicar los millones asignados a la laguna en los PGE: «Si la ministra viene a decir que hay dinero en el Presupuesto para el Mar Menor, no es verdad». Luego pensó, y le pareció bien lo que la vicepresidente tercera propuso.

Para el presidente y sus voceros la prioridad, la única verdad de la buena, es el cansino mantra que repiten: cortar el aporte de nutrientes por la Rambla de El Albujón. Sin embargo, ninguno de los defensores de esa tesis señala que solo dejando de utilizar intensivamente abonos químicos con nitratos el caudal que llega a la laguna no sería ‘veneno’, como lo llamó López. No figuran las palabras ‘nitratos’ o ‘abonos químicos’ en el discurso oficial pretendidamente regenerador del tolerado desastre ambiental que dura ya demasiados años. Tampoco figura la frase de «supresión total del regadío ilegal».

En simple lógica, habría que pensar que, eliminando el ‘veneno’ en la irrigación de origen, el agua del Albujón bajaría limpia o, al menos, no tan ‘nutritiva’ como ahora. Mas de esto dizque no se habla en San Esteban y aledaños. Lo que se propone es, sencillamente, trasladar las aguas venenosas a una depuradora, con el subsiguiente dispendio en obras y energía.

Llegados a este día, habrá que ver qué hay en dinero contante y sonante (en presupuesto, vamos) para revertir el ecocidio. Ribera ofrece 382 millones de euros de los PGE de 2022 y siguientes. En la Comunidad, que tiene el 80% de las competencias sobre el Mar Menor, lo que sabemos es que, en octubre, el propio López anunció que, si se pasó de los 50 millones de 2020 a nada menos (¡) que 55 presupuestados para 2021, los de 2022 «serán los que más dinero lleven destinado para apoyar la recuperación» de la joya de la corona del turismo regional. Pero los presupuestos regionales del año entrante están aún pendientes del requisito previo de fijar el techo de gasto para poder ser presentados a la Asamblea. Es de suponer que el montante que dedique el Gobierno regional a revertir el ecocidio sea muy superior al que ofrece el Estado, en coherente proporcionalidad a las competencias del Ejecutivo de López Miras sobre el Mar Menor. Contaremos y veremos.