Hace unas semanas se celebró la Convención del PP. Partido que, según la mayoría de encuestas, tiene muchas posibilidades de llegar a la Moncloa, en alianza con la ultraderecha, tras unas próximas elecciones. Coincidiendo con ese evento, hubo una serie de pronunciamientos públicos de ese mundo que siembran la zozobra en la opinión, no ya progresista, sino simplemente demócrata. Temor que viene arrastrándose desde el inicio de una legislatura caracterizada por el continuo llamamiento, desde las filas reaccionarias, a alguna suerte de golpe de Estado para poner fin a un Gobierno criminal e ilegítimo.
Uno de los platos fuertes de aquel encuentro fue la intervención de Vargas Llosa. El Premio Nobel aseguró, sin inmutarse, que en unas elecciones lo importante no es la libertad de voto, sino votar bien (es decir, a los suyos), puesto que si no se ejerce el sufragio en esa dirección, los pueblos pueden (y merecen) sufrir consecuencias muy negativas. Toda una enmienda a la totalidad al sistema democrático, en completa sintonía con quienes, desde las instituciones y la calle, acusan de okupa a un Gobierno surgido de un Parlamento emanado de la voluntad popular. Quizá por ello ni un solo dirigente del PP censuró las palabras del escritor usuario de los paraísos fiscales.
Indiferencia ante la democracia, pero también ante la corrupción. A la Convención fue invitado Sarkozy, al que se presentó como referente europeo del espacio conservador cuando llevaba ya en la mochila una condena de tres años en Francia (allí sí caen los de más arriba) por corrupción y tráfico de influencias. Mientras el francés estrechaba la mano de Casado, le vino de París otro recado en forma de un año de cárcel por financiación irregular. Sorprendentes estos tiempos en los que contemporizar con delincuentes e ideólogos del sentido obligatorio del voto no acarrea coste político alguno. Pareciera que una parte de la opinión pública antepone una serie de valores, ideológicos y culturales, a la decencia democrática y a la honradez en el ejercicio de la política.
Por eso no sorprende que el PP se pueda permitir afirmar con rotundidad que, cuando recupere el poder, las pensiones subirán sólo el 0,25%, en lugar del IPC como ocurre ahora. A lo que se ve, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es cosa de comunistas. Como también debe serlo, según nuestro ínclito presidente regional, una ley de vivienda (que piensa desobedecer) más tibia que la que se aplica en bastantes ciudades y naciones del mundo occidental, que habrían devenido en delegaciones de Corea del Norte. Por no hablar de la sorprendente defensa, desde los escaños de las derechas, de los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas, escenificada sin pudor alguno, a pesar de que dichas ganancias abusivas son la causa de la subida estratosférica del recibo de la luz. Ningún diputado de esa corriente se puso colorado cuando el pasado 14 de octubre votó contra el decreto que rebaja las tarifas. Ya se sabe: acotar un poco la codicia de un oligopolio, para que la gente pueda pagar un servicio básico, es comunismo, porque va, como diría Ayuso, contra la libertad.
Paradigma de este comportamiento es el que sufrimos en nuestra región. Aquí, con luz y taquígrafos, en contra de toda la legislación y normativa, obviando informes técnicos y científicos, el Gobierno regional permite que tanto la agricultura como la ganadería intensivas estén envenenando el Mar Menor. Seguramente porque si cercenamos la libertad de este lobbie para emprender (lo que incluye poder arrojar sus residuos tóxicos a la laguna), estaríamos cayendo, otra vez, en un pecado de comunismo.
Si nos vamos al socio del PP, Vox, el panorama empeora. Este partido viene proponiendo suprimir las autonomías, ilegalizar a un tercio del Congreso de los Diputados y expulsar de España a los menores no acompañados. No importa que con estas medidas estén pisoteando la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en relación a los menores: una buena parte de los medios aseguran, sin ruborizarse, que se trata de un partido plenamente constitucional. Y sueltan este disparate porque Casado nunca podrá gobernar sin el concurso de Abascal. De ahí el blanqueo de este personaje y de la fuerza política que representa.
En definitiva, las derechas españolas están en modo subversivo. Les sobra el Estado del Bienestar, hasta el punto de que Ayuso ha dicho que la enseñanza pública no puede ser universal, retrotrayéndonos con esta declaración más de un siglo atrás. Se han echado al monte, rompiendo todos los consensos sobre los que se han erigido las democracias occidentales al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y están empleando la violencia. Porque violencia es incitar al odio y la discriminación hacia determinados colectivos, acosar durante meses a unos menores en su vivienda, llamar delincuente al Gobierno legítimo, difundir bulos destructivos que polarizan y enfrentan a la sociedad y utilizar una Justicia politizada para encubrir la corrupción y perseguir a la izquierda.
En Italia, Francia o Alemania están planteándose endurecer las medidas contra la extrema derecha. Aquí no podemos quedarnos atrás. Sobre todo porque tenemos un problema añadido al de esos países: nuestros conservadores han vinculado su suerte, porque piensan que no tienen otro medio de alcanzar el Gobierno, al neofascismo. Es su tragedia y la del país. Dan mucho miedo.
