ETA anunció el abandono de las armas hace ya diez años, el 20 de octubre de 2011. Fue totalmente derrotada en su gran objetivo de doblegar a la democracia con la amenaza del terror. Hoy, lo único incompresible es que la crispación política haya llegado hasta tal punto que ha impedido que la democracia conmemorara, unida y satisfecha, una gran victoria.

Vencer a ETA no fue fácil. Hubo muchos años de sufrimiento. Y no se trataba solo de acabar con una banda armada. Había que separarla también de los apoyos que tenía en sectores de la población vasca que votaban a las sucesivas encarnaciones de la izquierda abertzale y que, sin aprobar siempre la violencia, simpatizaban con la mezcla de independentismo y comunismo que eran su bandera.

Y porque no era solo acabar con un grupo terrorista, tres Gobiernos españoles (tres) negociaron tres treguas. La primera fue la de Argel en 1989 gobernando Felipe González. La segunda, la de Aznar de 1998 que siguió al Pacto de Lizarra. La tercera, la de Zapatero de 2006 que acabó con el atentado de Barajas del 30 de diciembre de aquel año y preparada por contactos entre Jesús Eguiguren, presidente del PSE, y Arnaldo Otegui. 

Las dos últimas treguas crearon grandes esperanzas en la opinión pública (se iba a acabar con el terror) y también entre la izquierda abertzale que quería hacer política. Y en ambas tuvo un papel Arnaldo Otegui. Pero todo acabó mal. Los Gobiernos, el de Aznar y el de Zapatero, poco podían ceder sobre el fondo (la independencia o la autodeterminación), pero tenían cierto margen porque España quería acabar con el terrorismo. Podían manejar la ecuación paz por presos. 

Y el Pacto de Ajuria Enea de 1988 (PSOE, PP, PNV) ofreció al independentismo la vía política a cambio del fin de la violencia. Pero ETA, fanatizada, creía que podría obtener más. Por eso el absurdo atentado de Barajas en plena negociación.

Antonio Camacho, que fue secretario de Estado de Interior (2004-2011) y que era ministro de Interior después de Rubalcaba, cuando ETA entonó el adiós a las armas, ha mantenido siempre un meritorio silencio. Pero el pasado domingo, preguntado por Abc sobre el momento clave de la derrota de ETA, dijo: «Un atentado nunca tiene aspectos positivos, pero el de la T-4 en Barajas demostró a una parte de la sociedad vasca, y a la izquierda abertzale, que ETA no tenía ninguna intención de dialogar, de solucionar la losa que amenazaba a la democracia». La negociación de Zapatero fue clave. Con la T-4, ETA perdió mucha credibilidad ante la sociedad vasca. Fue su gran fracaso político.

Pero antes ya había sido acorralada por la crueldad gratuita de sus crímenes y (no sin errores como la guerra sucia) por los partidos democráticos, las fuerzas de seguridad y los tribunales de justicia. Pero todavía hicieron falta cinco años más, hasta 2011, para que el acoso policial y la caída de varias de sus cúpulas la obligaran a admitir su derrota militar.

Lo relevante es que ya llevamos diez años sin ETA. Y la izquierda abertzale se ha acogido a la democracia para seguir existiendo. Es su derecho, pero pese a sus relativos éxitos (en las últimas elecciones vascas fue el segundo partido más votado) no acaban de ser un partido normalizado porque no han condenado a ETA, sino solo (Otegui esta semana) el sufrimiento causado y la tardanza en abandonar las armas.

Por eso el PNV prefiere gobernar Euskadi con el PSOE a hacerlo con Bildu. Hay mayoría nacionalista, pero generaría excesiva tensión. Y la gran mayoría de presos siguen fuera de Euskadi pese a los diez años transcurridos. Y aunque Bildu ya votó los presupuestos de 2021.

Ahora Bildu quiere pesar y contar en Euskadi. Y en España. Tiene derecho, en proporción a sus votos. Pero dos acotaciones. Una, mientras no condene a ETA (difícil porque hay quienes se vanaglorian de su pasado) no serán un partido como los otros. Dos, lo que es un error (en el que cae parte de la derecha) es querer excluirlos, de entrada, de la vida política. 

Lo relevante es que ETA perdió. La presencia del Bildu en los Parlamentos solo indica que hay bastantes ciudadanos vascos que los votan y que la democracia española no prohíbe ideologías. Solo exige respetar el Estado de Derecho.