Era lo tradicional de primeros de año pasadas las fechas navideñas cuando se escuchaba aquello de ‘la cuesta de enero’. La constatación de lo escuálidas que habían quedado las carteras tras el gasto de las fiestas y de lo difícil de enfrentarse al duro enero de subidas de precios. También de impuestos, visibles en aquellos sellos que precintaban los paquetes de tabaco y los tapones de las botellas de alcohol.

No subía el IPC, porque no existía, y además era mucho más directo y desnudo decir que subía la vida. Toda ella de sopetón con la angustia de verse obligado a reajustar la espasmódica economía doméstica.

Hechos los nuevos cálculos, el resto de meses fluían sin mayores sobresaltos a no ser que una repentina devaluación de la peseta diera al traste con la balanza de pagos y las inversiones en los polos de desarrollo. Siempre por culpa de aquellas finanzas de cartón piedra de los gobiernos del bigote rectilíneo.

Ahora el que sube sí es el Indice de Precios al Consumo, otrora llamado cesta de la compra que a mí siempre me ha transportado a verme recorriendo los pasillos de un hipermercado picoteando productos por las estanterías y escandalizado por las etiquetas que marcan los euros que cuestan.

El coste de la energía eléctrica, los carburantes, el gas y el transporte que han impulsado el IPC hasta el 4% de incremento en setiembre preludia lo que los fabricantes y comerciantes se resisten a aplicar: el encarecimiento de todo tipo de artículos y servicios de aquí a final de año.

Los expertos auguran que el 221 cerrará con una inflación del 5% y acarreará serios problemas a este Gobierno que negocia los Presupuestos Generales del Estado. Con esa subida, pensionistas y funcionarios habrán perdido un poder adquisitivo que no recuperarán en el 2022 ya que las Cuentas les adjudican incrementos de dos puntos en prestaciones y salarios.

Pero además, quizás lo más sangrante, es que esos 115.000 murcianos que el informe de la Red de Lucha contra la Pobreza de 2020 coloca en situación de necesidad moderada o severa lo tendrán todavía peor para calentarse, comer decentemente o pagar el alquiler.

En este escenario, al que los optimistas le auguran el final para el verano del año que viene, es en el que deberían estar quienes nos gobiernan porque se necesitan medidas de inmediato para hacer frente a la cordillera, que no cuesta, de otoño e invierno.