Todos hemos visto durante los últimos dieciocho meses cómo las situaciones de pobreza pueden ir apareciendo de la noche a la mañana agravando la realidad social y económica de las familias.

La responsabilidad adquirida por TODO el Gobierno regional con la lucha contra la pobreza es previa a dicha situación. Precisamente por eso en mayo de 2019 firmamos ese segundo Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia, propuesto por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-RM), y que fue y es respaldado, entre otros muchos, por los grupos parlamentarios, así como por las universidades, los sindicatos y las organizaciones empresariales de economía social. Un ejemplo más de que desde el consenso, la colaboración y la coordinación, podremos combatir la pobreza y avanzar en la reconstrucción de Región y sus familias.

Tras la aprobación del Pacto contra la Pobreza, se elaboró un documento desde la EAPN, adaptado a las nuevas situaciones generadas tras el Estado de Alarma y las consecuencias sociosanitarias generadas por la covid.

Es sobre este último documento en el que estamos trabajando desde los distintos departamentos, administraciones e instituciones, para en los próximos días presentar el informe final del grado de desarrollo y cumplimento de las medidas de dicho Pacto a la Comisión Rectora de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, constituida el pasado mes de julio, para impulsar la coordinación de los diferentes departamentos de la Administración regional involucrados en el fomento de actuaciones contra la pobreza y que favorezcan la inclusión social. Porque todos remamos a una: servicios sociales, empleo, sanidad, educación, economía, fondos europeos, así como todas las actuaciones que se proyecten desde las entidades locales y de la Administración del Estado.

Será dicho informe y la ya aprobada Ley de Servicios Sociales lo que nos sirva como base y guía a la hora de realizar las actuaciones políticas que prevengan las causas que generan la pobreza en nuestra Región.

Cierto es que desde el Gobierno de la nación no se nos está poniendo nada fácil. Muchas familias murcianas están verdaderamente ahogadas como consecuencia de la indiscriminada subida de la luz a la que nos ha llevado el Ejecutivo del señor Sánchez, que está batiendo records día tras día. Todo esto unido a que sólo se han atendido el 25% de expedientes del Ingreso Mínimo Vital presentados en la Región, dejando al margen a un 75% de solicitantes, todas ellas familias vulnerables, nos plantea un escenario contra el que nos es mucho más complicado luchar, ya que aun tratándose de una medida inicialmente positiva, ha generado más expectativas que atendido necesidades reales.

Sin embargo, desde la consejería estamos realizado un trabajo continuado a partir de todos los ámbitos para garantizar el bienestar y la cobertura básica de las necesidades de la ciudadanía. Nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza es firme, y así se refleja en el aumento de un 12,36% de la financiación para el apoyo de programas que realizan las entidades encaminados a este mismo fin, alcanzando los dos millones, y un 20% la subvención nominativa a la EAPN. Pero es que además hemos destinado por primera vez un presupuesto de 300.000 euros para el impulso de la Ley de Servicios Sociales, y hemos favorecido la contratación de ochenta profesionales por parte de los Servicios de Atención Primaria de los Ayuntamientos, a los que se irán sumando más.

Porque sabemos que el esfuerzo que desarrollan las entidades locales es vital. De ahí que también dirijamos subvenciones a los Ayuntamientos para proyectos sociales de apoyo a la familia, o para la integración y promoción del pueblo gitano y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos aumentado la financiación para el desarrollo de las prestaciones básicas de nuestros municipios, y subvencionado acciones encaminadas a realizar proyectos de empleabilidad, que permitirán la realización de 2.500 itinerarios de inserción sociolaboral a lo largo del año, o ayudas para la contratación para personas en situación de exclusión social, previendo que unas cincuenta de ellas se incorporen al mundo laboral.

Dentro de poco tendremos el informe de este grado de implementación y desarrollo del Pacto que todos podremos analizar. A partir de ahí empezaremos a trabajar en una estrategia regional que nos permita reducir las tasas de pobreza, siempre desde el consejo de todas las entidades y junto a la EAPN que es quien está guiando nuestros pasos.

Vamos por buen camino, aunque somos conscientes de que siempre habrá por mejorar. El trabajo colaborativo y las políticas sociales que elaboramos entre todos son la senda por la que hemos de seguir, para que la población en riesgo de pobreza y exclusión social continúe descendido como lo venía haciendo en los últimos años desde 2015, que ha pasado de un 44,9% a un 29,7%.

Entre todos retomaremos ese rumbo del que la covid nos ha desviado.