Un año más, los datos reflejan que la violencia contra el personal sanitario sigue en escala ascendente y, salvo en los primeros meses de la pandemia –etapa en la que descendieron levemente–, continuaron su incremento a partir de mayo de 2020. A fecha de hoy, crecen a un ritmo preocupante.

La violencia sufrida por el colectivo sanitario es uno de los grandes temas olvidados del Sistema Nacional de Salud.

Tras un año y medio de pandemia y darlo todo por la Sanidad y por nuestros pacientes durante todo este tiempo, nos resultaba difícil imaginar que estos ataques se pudiesen disparar como lo han hecho.

Si nos remitimos a los datos facilitados por el Servicio Murciano de Salud, las agresiones siguen una curva ascendente e imparable: durante este año 2021 y sin que todavía haya acabado el año, ya han aumentado en un 30% con respecto a 2020.

El colectivo más afectado por la violencia a personal sanitarios son las médicas de los centros de salud de Atención Primaria. En este ámbito asistencial se concentra el 47,5% de las agresiones; seguidas de un 22,4% de agresiones a Enfermería y el 14,8% al personal administrativo.

Este hecho es especialmente remarcable, ya que los médicos representamos el 20% de todos los trabajadores del Servicio Murciano de Salud y en nuestro colectivo se concentra el 50% de las agresiones totales.

En el ámbito de la Atención Hospitalaria, la Medicina también es la categoría más agredida, con un 33,5% de agresiones sufridas por médicos y médicas en hospitales.

Las formas de agresión más frecuentes son las amenazas verbales, los gritos y los insultos; mientras que las agresiones físicas no han aumentado pero se mantienen. Para poder acabar con esta lacra es fundamental que no normalicemos los ataques verbales: no todas las agresiones son físicas y una amenaza, coacción, grito o insulto es igual de grave que un golpe.

Las causas por las que se suele producir la violencia en las consultas, según los datos facilitados por la Administración, son la no aceptación de las normas de los centros sanitarios o la demanda de atención inmediata. También, el no estar de acuerdo con la decisión del médico o la demanda de pruebas complementarias o medicación concreta. En este sentido, es esencial recordar a la población que el fin del médico es ayudar al paciente y que, en ningún caso, es el responsable de las deficiencias del sistema sanitario.

Los usuarios agresivos, ante las carencias sanitarias, culpan al médico de la mala gestión/planificación. Ante esto, la Administración, con su lenguaje político y palabras vacías, es incapaz de informar a la población de los cierres de un centro de salud o las restricciones implantadas… Las decisiones las toma la Administración y no los médicos.

En el Mapa de Agresiones elaborado anualmente por el Servicio Murciano de Salud queda constatado que algunos consultorios de la Región de Murcia han registrado varias agresiones (centros que podríamos denominar zonas calientes) y que, a pesar de ello, no disponen de ningún sistema de protección hacia sus trabajadores, como vigilantes de seguridad, botón antipánico u otros métodos disuasorios que ayuden a prevenir agresiones y proteger la integridad física y mental de los trabajadores.

Desde las organizaciones profesionales, insistimos en que el Servicio Murciano de Salud debe revisar estos datos y dotar a los centros más vulnerables de las medidas de seguridad oportunas y suficientes.

Las denuncias interpuestas judicialmente durante el año 2020 han aumentado en un 26,6% con respecto al año 2019 y, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a todos los profesionales: es necesario denunciar cualquier tipo de acción violenta, ya que solo se notifican las más graves y la mayoría quedan silenciadas. Debemos mostrar tolerancia cero a cualquier tipo de agresión o ataque para que el agresor no quede impune y los sanitarios podamos trabajar en un clima que refuerce la fundamental relación médico-paciente. A eso es a lo que aspiramos todos los profesionales: a atender a nuestros pacientes en la máxima confianza.

A la problemática que desencadena una agresión, se suman situaciones que se han agravado con el paso de los años y con la pandemia: la falta de sustitutos en verano, que ralentiza la asistencia sanitaria; el incremento de las listas de espera; el gran volumen de consultas y la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos nuestros médicos… Caldo de cultivo para que el médico sea mal señalado como el culpable.

Los representantes de la profesión médica hemos propuesto al Servicio Murciano de Salud, en numerosas ocasiones, medidas más contundentes para frenar la violencia a sanitarios. No hemos obtenido una respuesta rápida ni efectiva.

Echamos de menos más campañas de información dirigidas a la población para que se visibilice este problema y para que, entre todos, pongamos fin a esta tragedia. Echamos en falta que la población sea debidamente informada de sus derechos y deberes y de las consecuencias legales, asistenciales y de cualquier otro tipo asociadas a una agresión. Necesitamos la puesta en marcha de iniciativas de concienciación contra cualquier agresión, por mínima que sea. Es fundamental que los agredidos denuncien a sus agresores.

Algunas de las soluciones contra las agresiones pasan por contar con unas plantillas de facultativos bien dimensionadas y acordes a la demanda asistencial, de modo que las demoras en la atención sanitaria disminuyan y, de este modo, desaparezca uno de los motivos que puede conllevar una acción violenta contra el médico.

Insistimos en que el Servicio Murciano de Salud debe implementar medidas preventivas, como la presencia de un vigilante de seguridad en los centros. Es responsabilidad del empresario/empleador (Administración pública o entidad privada) la protección de su personal en materia de riesgos laborales y responsabilidad de todos denunciar las deficiencias detectadas en este sentido.

De igual modo, solicitamos la desadscripción automática del cupo al agresor, que sea informado de las consecuencias de su acto violento. El médico que trabaja en los servicios sanitarios públicos tiene el carácter de autoridad (y también queremos que así sea en el ámbito privado), por lo que los actos contra su integridad son susceptibles de ser tratados jurídicamente como delito de atentado, previsto en el artículo 550 del Código Penal.