Parece mentira que tengamos que seguir hablando de ello, pero así es. El PP sigue con su extraña manía de intentar agradar a todos los que alguna vez fueron votantes suyos, aun cuando sólo sea por seguir manteniendo la ficción de una derecha unida que ni existe ya ni, probablemente, vaya a volver a existir nunca: la aventura de Ciudadanos sobrevivió a duras penas al batacazo electoral por el que Rivera abandonó el partido, pero es muy probable que en las próximas convocatorias electorales autonómicas y generales terminen quedándose sin los pocos representantes que aún tienen, muchos de los cuales, de hecho, ya han encontrado acomodo o se han reintegrado (los que se habían ido de este partido a Cs) a la que Casado sigue insistiendo en denominar ‘casa común de la derecha’.
Más difícil se antoja que vuelvan los de Vox al partido del que se fueron precisamente por la tibieza de un PP que desde entonces ha fluctuando entre sus polos extremos para intentar contrarrestar la creciente influencia entre sus votantes de los de Abascal y sus planteamientos desacomplejadamente radicales en temas de derechos sociales de homosexuales, mujeres, etc. Tal vez así se expliquen sus cada vez más complicados equilibrios para convencer a un número amplio de votantes y explicarles con claridad movimientos contradictorios que afectan a esos mismos colectivos, como su obligada connivencia allí donde gobiernan con posturas de Vox como el pin parental, la reducción o eliminación de subvenciones a colectivos feministas o de defensa de la mujer contra la violencia de género que sufren, o la propia eliminación de las leyes de protección de las personas LGTBI.
Para terminar con sus recientes abstenciones en sendas votaciones del europarlamento para que las parejas del mismo sexo sean reconocidas en toda la UE y para incluir la violencia machista en la lista de delitos europeos, que intentan absurdamente justificar diciendo que son temas competencia de las naciones y el tratado de la Unión impide que la eurocámara los regule, por lo que si el PP votara a favor estaría ‘votando ilegalidades’. Argumento, en cambio, que obvian cuando insistentemente recuerdan la sugerencia de la comisión sobre el modelo de elección del CGPJ (validado en su día por el Constitucional) queriendo que en sus posibles votantes arraigue el convencimiento de que la UE está emitiendo un mandato para cambiarlo que el gobierno de Sánchez incumple de manera flagrante, cuando en realidad la comisión sólo ha insistido en la ‘urgencia’ de renovar el órgano y reiniciar (en el Parlamento español, único competente para ello) las discusiones para una posible reforma basada en los ‘estándares europeos’ para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces.
