La llegada de septiembre suele ser un tiempo difícil para las familias con hijos en edad escolar. El estrés que suponen las matriculaciones llega sin solución de continuidad tras un periodo vacacional en el que precisamente tratamos de olvidar (o al menos relegar) esas tensiones. Pero es que además del nuevo curso y todos los retos que supone para nuestros hijos, sobre todo cuando se afronta un cambio de centro o de ciclo, septiembre es un mes que suele golpear duramente las economías domésticas.

Una buena prueba la estamos teniendo estos días, con los sucesivos récords de precios de la electricidad o con los carburantes en precios hasta un 20% más altos que hace un año. Si sumamos la inflación derivada o los gastos aplazados de las vacaciones, el golpe a las economías domésticas se hace duro de digerir. En este contexto, septiembre pasaba además factura con los libros de texto, completando un cóctel letal para los salarios, que recordemos que en la Región de Murcia siguen por debajo de la media nacional (1.509 euros frente a 1.701), y lejos de los niveles por encima de los 2.000 euros de autonomías como País Vasco o Madrid.

Esa factura, esa ‘cuesta de septiembre’ que las familias debían padecer en nuestra Región fue lo que este grupo parlamentario se propuso eliminar o al menos suavizar cuando impulsamos la Ley de Gratuidad de Libros de Texto. Un proyecto que a pesar del bloqueo al que fue sometido por parte de la bancada socialista, fue finalmente aprobado por unanimidad en marzo de 2018. Ese mismo año, 42.000 familias de alumnos de Tercero y Cuarto de Primaria ya se beneficiaron de libros de texto gratuitos. Al siguiente curso, la gratuidad se extendió a los dos últimos cursos de Primaria y en 2020 al primero de la ESO.

Este año, los libros gratis alcanzan al fin a 2º de la ESO, sumando otros 20.346 alumnos. En total, y según las cifras oficiales de la consejería de Educación, hay ya casi 130.000 alumnos (entre 3º de Primaria y 2º de la ESO, más los de FP Básica, Educación Especial y Aulas Abiertas) cuyas familias no sufren ese asalto a sus rentas que suponía hasta hace bien poco el pago de los libros de texto. Eso es lo que se llama política útil, el reflejo de cómo este grupo parlamentario recogió una problemática que estaba en la calle y la trajo a la Asamblea Regional para elaborar una ley que se está aplicando y está demostrando que funciona.

Pregunten si es así a esos padres que al llegar al colegio o al instituto reciben sus manuales sin tener que hacer malabares financieros. Algunos de ellos tenían incluso que endeudarse para hacer frente a esa temida ‘cuesta de septiembre’, que los liberales y nuestras políticas útiles hemos, si no eliminado del todo, sí allanado en gran parte.

La ley, además, contempla que en los dos próximos años la gratuidad se extienda a los dos últimos cursos de la educación obligatoria, aunque los nubarrones de la infausta Ley Celáa arrojen ahora dudas sobre si esta gratuidad podrá ser posible en tiempo y forma debido a los cambios curriculares. Pero mi mensaje a las familias con hijos en edad escolar y el de este grupo parlamentario es claro: trabajaremos porque se cumpla con el calendario de gratuidad contemplado en la ley, y si no fuera posible, implementaremos mecanismos para compensar sus economías domésticas. Porque si algo no ha cambiado desde que en 2018 luchamos por conseguir el consenso en torno a esta ley es nuestra voluntad de servir a todos los murcianos, de hacer políticas útiles y de mejorar sus condiciones de vida. Y eso no va a cambiar nunca.