La Real Academia Española de la Lengua, en su acepción geográfica, define una ‘gola’ como el «canal por donde entran los buques en ciertos puertos o rías». Es decir, que cuando hablamos de golas, por definición y dondequiera que se encuentren, lo estamos haciendo de canales navegables.

Por tanto, y ya de inicio, queda claro que la conocida como Gola de Marchamalo, sita en La Manga del Mar Menor, no es legalmente otra cosa que un canal marítimo de comunicación naval entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo.

Es más, el Catálogo de Cartas Náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina, dependiente de la Armada Española, y que es trasladado a todas las cartas de navegación internacionales, establece que el canal de la Gola de Marchamalo tiene una carta sonda que permite el tránsito de buques con un calado de hasta un metro, lo que evidentemente exige (para evitar colisiones con el fondo) una profundidad real efectiva de unos 1,5 metros, que es la que históricamente siempre ha existido y que, en su virtud, ha propiciado un importante intercambio de volumen de agua entre ambos mares.

En este sentido, en la primavera de 2018, en mi condición de delegado del Gobierno, y a instancias de la Capitanía Marítima de Cartagena, formulé un requerimiento exigiendo el dragado de esta gola (como, por cierto, ya se había hecho muchas veces con anterioridad, la última en 2011, siendo secretaria de Estado de Medio Ambiente la hoy ministra Teresa Ribera, que se niega a hacer ahora lo que sí hizo entonces sin ningún problema), con el objetivo de proceder a la recuperación de su profundidad original al suponer su ausencia de calado un serio riesgo para la navegación marítima. Huelga comentarles que la moción de censura que vino a continuación, y que propició la llegada del PSOE al poder, dio lugar a que se abandonara por completo dicha intención desde la Administración Central del Estado.

Y es que basta con asomarse al canal para ver los embarcaderos de yates que se construyeron en los años ochenta y noventa en los chalets que dan al mismo. Y eso es así porque por allí pasaban a diario decenas de embarcaciones con calado, mientras que hoy sólo lo pueden hacer, y con dificultad, algunas piraguas.

Hace cuarenta años, los chavales saltábamos al agua desde el puente que hay sobre el canal porque debajo había más de dos metros de profundidad, de forma que no pretendan engañarnos ahora con sus patrañas esos falsos profetas que auguran el apocalipsis definitivo del Mar Menor si le entrara agua salada limpia del Mediterráneo.

Aquí el único colapso del ecosistema lo están propiciando esta gola anegada de arena y los vertidos de nitratos que se producen tanto por la rambla del Albujón, como por las filtraciones de las aguas subterráneas del acuífero del Campo de Cartagena. Y su solución es competencia única y exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, porque nadie más que él puede tomar decisiones en esos ámbitos.

Es más, si cuando hasta la propia Fiscalía le ha advertido a la Comunidad Autónoma que se abstenga de intervenir en dicho canal por tratarse de un espacio de dominio público de titularidad exclusiva del Estado, ¿a qué está esperando Sánchez para dragarlo? ¿A que el Fiscal siente en el banquillo de los acusados a su vicepresidenta en las diligencias penales que le acaba de abrir por delito medioambiental?

Por tanto, basta de calumnias sobre los peligros que supondría para el Mar Menor el dragado de este canal, pues son absolutamente falsas y quienes las vierten más mentirosos que Pinocho. Durante décadas la Gola de Marchamalo ha sido navegable y el Mar Menor se ha encontrado en un estado formidable.

El Gobierno regional de Fernando López Miras ya ha adoptado todas las medidas medioambientales y de limitación de las actividades contaminantes que le correspondían, ahora le toca mover ficha al Gobierno de España. Y debe hacerlo ya porque la situación es insostenible.

#SOSMarMenor