La Formación Profesional puede convertirse en una de las herramientas principales para el desarrollo de los nuevos sectores productivos de la economía verde, digital e inclusiva que promueve la Unión Europea. Y puede y debe también ayudar a superar esa paradoja de nuestra economía, que no logra crear suficientes empleos de calidad para los jóvenes y al mismo tiempo tiene sectores productivos con dificultades para completar sus plantillas por falta de profesionales con la cualificación específica que precisan las empresas.
Para que esto suceda, es precisa una profunda modernización de nuestra FP. Esto es lo que el Gobierno de España viene haciendo desde 2018, cuando se inició un proceso de cambio que Pedro Sánchez ha definido como una auténtica ‘revolución silenciosa’ en la Formación Profesional. Esta nueva Formación Profesional se ha convertido además en una de las iniciativas estratégicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por su capacidad para ayudar en esa transformación de nuestro sistema productivo que España necesita y Europa nos exige a cambio de su financiación. Gracias a este mecanismo, la Formación Profesional cuenta con una inversión de 2.200 millones de euros para realizar esta profunda actualización.
Para el año 2025 el 49% de los empleos en España requerirán un nivel medio de cualificación, del que ahora apenas dispone un 25% de la población activa. Si junto a ese dato consideramos las altas tasas de paro juvenil en nuestro país (un 38 % de los menores de 25 años), podemos concluir que nos encontramos ante un momento idóneo para que la Formación Profesional dé el gran salto adelante que se venía reclamando desde hace mucho tiempo.
En la hoja de ruta que seguimos desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional para alcanzar este objetivo, un paso decisivo será la aprobación antes de fin de 2021 de la nueva ley que regulará la FP. El texto establece una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores (tanto empleados como desempleados), ordenada en itinerarios que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes. Esta nueva estructura permitirá el acceso a toda una serie de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que será acumulable y acreditable, y permitirá a cada persona diseñar su propio itinerario formativo en función de sus necesidades y circunstancias vitales.
Apostamos por un modelo dual actualizado y adaptado a la idiosincrasia de cada centro de Formación Profesional y de cada empresa, que permita a los estudiantes conocer y familiarizarse con el centro de trabajo desde prácticamente el inicio de la formación. Y creemos en un modelo íntimamente conectado con la realidad empresarial del entorno más cercano, contemplando las necesidades formativas de cada territorio, en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas.
El cambio ya se ha iniciado. Se han puesto en marcha diez nuevas titulaciones y quince cursos de especialización. Se han renovado el 60% de las cualificaciones profesionales. Se crearon 60.000 nuevas plazas en el curso 20-21 y está previsto llegar a las 200.000 en los próximos cuatro años.
Como reflejan las solicitudes de admisión presentadas para el curso que comenzará en septiembre, hay un enorme interés por parte de los jóvenes para orientar su futuro profesional a través de la FP. En los últimos cuatro cursos el número de alumnos en FP en toda España se ha incrementado en un 19,5 % alcanzando la cifra total de 974.445 estudiantes.
Esta demanda creciente confirma que la imagen de la FP está cambiando para el conjunto de la sociedad, lo que asegura una parte del éxito del cambio de modelo que propugnamos. La otra parte nos exige a las Administraciones públicas (tanto la central como las autonómicas) celeridad y coordinación para poder responder a la intensa demanda social y empresarial.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional está colaborando con las Comunidades Autónomas para atender este ilusionante interés de los estudiantes por las oportunidades que les ofrece la nueva FP. Para ello, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo económico adicional a los 375 millones de euros previstos en el Plan de Modernización para crear en cuatro años las mencionadas 200.000 nuevas plazas. Es algo que vamos a discutir y acordar con las CCAA, ya que son ellas las que tienen la competencia de planificación y gestión de la oferta de plazas.
Para el Gobierno de España se trata de una prioridad estratégica como palanca del proceso de recuperación de nuestra economía. Contamos además con financiación suficiente gracias a los fondos europeos y tres años de trabajos previos que dan profundidad y solvencia a esta reforma de la Formación Profesional. Nuestra ambición es ser capaces de conseguir un verdadero pacto de Estado, tanto a nivel parlamentario como territorial y con los agentes sociales, y para ello ofrecemos a todas las partes interesadas una voluntad plena de diálogo y de acuerdo para mejorar esta nueva Formación Profesional, que España necesita con urgencia como parte de ese futuro esperanzador que les debemos a nuestros jóvenes.
