Identificar la creación de una empresa pública eléctrica en España con las políticas venezolanas o cubanas no solo es un insulto a la inteligencia, sino que dice mucho de las personas que quieren confundir y hacer demagogia con esa mentira. Los casos de empresas públicas energéticas en Europa son tan evidentes que incluso parece ofensivo volver a desglosar sus nombres, así que aquellos a quienes la palabra ‘nacionalizar’ les produce efectos secundarios deberían, por lo menos, leer un poco más y mentir menos.

Pero, sin duda, si el Gobierno español se replantea la posibilidad de crear en el medio y largo plazo (apostando por que vayan cumpliéndose las diferentes concesiones que terminan la mayoría de ellas más allá del año 2030, y renegociarlas) significa que renuncia a intervenir en el mercado energético, por lo que mientras los españoles de a pie seguimos pagando cantidades indecentes por un derecho básico, veremos cómo las eléctricas ofrecen a sus accionistas beneficios insultantes. Solamente Iberdrola, la misma que nos inunda de anuncios con su compromiso con el medio ambiente y patrocinando alguna que otra liga, no solo vacía pantanos en Extremadura para hacer su particular ‘agosto’ energético, sino que ha obtenido en el primer semestre cerca de 2.000 millones de euros de beneficio neto, 5.444 millones de beneficio bruto. Solo una empresa, y hay varias, gracias a lo que pagamos los españoles de luz, ha obtenido de beneficio lo mismo que la agricultura ha producido en un año.

Unidas Podemos, si no consigue convencer a su socio de Gobierno de la necesidad urgente de hacer algo en el mercado energético, debería, salvo que quiera seguir el mismo camino que Ciudadanos, abandonar el Gobierno de coalición inmediatamente, de lo contrario, se convertirá en cómplice, por omisión, de su incapacidad para abordar y solucionar un tema tan fundamental para la sociedad.

Sólo desde la oposición, el grupo que ahora dirigen las ministras de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tendrán mayor capacidad de influencia en las políticas públicas, pues su papel dentro del Ejecutivo se está mostrando apenas influyente; más aún, muchos empiezan a verlo como una piedra en el zapato (antes decíamos china, pero como está el patio de las susceptibilidades, mejor meterse uno el dedico en otra parte, que tampoco se puede decir ahora).

Tanto PP como Vox (Ciudadanos ya forma parte de los libros de historia), la única alternativa posible al actual Gobierno en las próximas elecciones, que serán en 2023, no necesariamente en noviembre, no solo están en contra de cualquier tipo de empresa pública o nacionalización, sino que son firmes defensores de una mayor desregulación, y el PSOE está, una vez más, demostrando que cada vez que tiene que hacer un guiño a su izquierda le entra cierto vértigo; su complejo a abrir sus corazón y sus sentimientos sigue lastrando su independencia y su historia.

Así que me temo que las eléctricas, como la industria del petróleo, seguirán agarrándonos por el cuello, y nos seguirán zarandeando mientras nos quede un maldito euro en el bolsillo. Su avaricia no tiene límites, y a veces ni su vergüenza.

Quien crea que una posible rebaja del recibo de la luz depende de la derecha de este país, comete un error tan garrafal como el que cometen los trabajadores temporales de la Administración (interinos), poniendo velas a la diputada Olona de VOX, y es que poner al zorro a cuidar las gallinas nunca es la solución.