Joe Biden, ese presidente tan socialdemócrata en lo interno como reaccionario en lo exterior, cuando hace algunas semanas era interpelado por los periodistas respecto de la dificultad de las empresas estadounidenses para encontrar trabajadores, contestó con un escueto «¡páguenles más!» dirigido a los empleadores. Aquí, en España, los sectores hosteleros de algunos territorios se quejan, igualmente, de que no disponen de mano de obra, a lo que habría que replicarles en los mismos términos que el mandatario norteamericano.

Nuestra economía adolece de un grave problema que es común al de todas las sociedades capitalistas, aunque en nuestro caso presenta rasgos más intensos. Me refiero a la desigualdad creciente que experimentamos desde hace 40 años, lo que nos ha situado a la cabeza en este aspecto dentro de la eurozona. Desigualdad que provoca una reincidencia en las crisis económicas y la imposibilidad de materializar el potencial productivo de la economía. Retomando tanto las palabras de Biden como el título del presente artículo, hay una parte de la sociedad que debiera pagar más de lo que paga y otra parte, mucho más voluminosa, que ha de pagar menos.

A tal fin se diseñó un programa de gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: se trataba, se trata, de reequilibrar el poder y la renta en el seno de una sociedad, la española, en la que ambos basculan excesivamente hacia el polo donde se residencian las élites. Así, se pretendía que los ricos y los dueños de grandes patrimonios abonaran más impuestos, reforma fiscal mediante, a fin de expandir el Estado del Bienestar creando empleo. También que los sueldos se elevaran, tanto por la vía del incremento del salario mínimo como por la derogación de una reforma laboral, la del PP, que anuló por completo la capacidad de negociación de la clase trabajadora, induciendo una devaluación salarial crónica nefasta para el progreso del país. Asímismo, que los más vulnerables recibieran un ingreso mínimo vital que hiciera posible su inserción social y la elusión de la miseria.

Y pagar menos. Para empezar, reduciendo los abusivos alquileres mediante la tramitación de una ley de vivienda que intervenga su precio en zonas tensionadas y que impida el desahucio de los más frágiles. Y continuando con el precio de la luz, manipulado especulativamente por un oligopolio sin escrúpulos al que no le importa hundir la economía y llevar a la ruina a los hogares de menor renta con tal de mantener sus obscenos beneficios.

Pero hete aquí que la pandemia y la crisis económica subsiguiente parecen haber arrinconado este proyecto consensuado entre las dos fuerzas que integran la coalición gubernamental. La parte socialista remolonea continuamente en cuanto se abordan los temas de vivienda o reforma laboral. Sánchez llega incluso a tranquilizar a este respecto a los fondos buitre con los que se ha reunido en EE UU. En lo tocante a la reforma fiscal que necesitamos como agua de mayo, el presidente acomete los Presupuestos de 2022 advirtiendo de que no piensa gravar más las rentas del capital, a pesar de las recientes resoluciones de organismos internacionales en sentido contrario, en las cuales, paradójicamente, ha participado activamente el propio Gobierno de España.

Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital hace aguas porque no llega ni a la mitad de las personas y familias previstas. Y en relación al salario mínimo, la negativa a actualizarlo desde enero de este año a pesar de la inflación, de una subida media en los convenios del 1,5% y de las pensiones y sueldos de funcionarios un 0,9%, ha provocado la pérdida de poder adquisitivo de quienes menos ganan.

Por no hablar del balbuceo gubernamental ante las provocaciones del sector eléctrico llevando el kilovatio hasta la estratosfera. O de una idea estratégica de las pensiones que circunscribe el problema de éstas a una cuestión de gasto, proponiendo un fondo de solidaridad intergeneracional que bebe de la misma fuente ideológica que el derogado factor de sostenibilidad del PP.

Lo que se aduce básicamente tanto desde el ala liberal del Gobierno como desde la patronal es que, a pesar del intenso rebote que está experimentando nuestro PIB (el mayor de Europa), este crecimiento de rentas que se propone podría poner en peligro la recuperación. Es decir, nunca parece llegado el momento de mejorar la situación de las clases populares. Cuando se decrece, porque no hay recursos. Cuando se crece, porque se espanta la inversión. La experiencia histórica y los expertos no enfeudados al sector financiero nos muestran justo lo contrario: si cuando la economía empieza a reactivarse no se ceba la bomba de la demanda, del consumo, esa mejoría se ralentiza, la creación de empleo no acaba de consolidarse y, finalmente, el despegue se queda por debajo de su capacidad de elevación, pudiendo incluso acabar en aterrizaje forzoso. La desigualdad que se enquista acompaña a esta ausencia de eficiencia económica y vuelta a empezar: no hay manera de que la tasa de paro escape de los dos dígitos.

Los fondos europeos, presuntamente, pueden mejorar el aparato productivo. Pero si no se acometen las reformas mencionadas, todo puede quedar en agua de borrajas. Y este país habrá perdido, una vez más, el tren de su modernización económica y social. La izquierda gobernante no puede ser cómplice del fraude que algunos, tanto desde el Gobierno como desde instancias de poder no electas, están fraguando. Para que no se cumpla lo que firmaron Sánchez e Iglesias.