No se puede calificar de otra manera lo ocurrido el pasado viernes en el ayuntamiento de Fortuna: el gobierno, integrado por Ciudadanos, PSOE y Unidas por Fortuna (IU y Podemos), pierde la alcaldía porque un concejal del PSOE, «traicionando al partido político que lo presentó a las elecciones municipales», pacta su apoyo a la portavoz del PP para presentar una moción de censura tras haber sido despojado de sus competencias dentro del equipo de gobierno y ante un panorama judicial que lo sitúa, de momento, como investigado por delito electoral.

Un comportamiento de manual perfectamente descrito en el Pacto Antitransfuguismo, que califica de ‘anomalía política’, entre otras cosas, tales maniobras.

No obstante, como sabemos, el PP anunció el abandono de dicho Pacto en junio, eso sí, con efecto retroactivo desde abril para no darse por aludido, tras la moción de censura en Murcia, por el informe de la Comisión de Expertos que calificó de tránsfugas no solo a los cuatro diputados/as de Ciudadanos, sino también al propio López Miras.

Dicha moción dejó en la región un panorama institucional inaudito: un presidente tránsfuga y un Parlamento (presidido por otro tránsfuga) cuya Mesa y Junta de Portavoces tienen ahora una mayoría absoluta favorable al PP gracias a la maniobra de los exdiputados/as de Ciudadanos para apropiarse de su Grupo Parlamentario y hacer portavoz a Francisco Álvarez desahuciando a Ana Martínez.

Ahora, no conforme con todo esto, el PP suma un gobierno municipal, el de Fortuna, fruto de una traición personal que falsea las mayorías surgidas de las elecciones municipales en dicha localidad.

Lo ocurrido en Fortuna no es una moción de censura más al modo previsto en nuestra legislación electoral, como las ocurridas en Alguazas o Ricote durante esta legislatura, es un acto de corrupción política que se suma a los perpetrados por el PP en marzo pasado y que deterioran los fundamentos de la propia democracia.

En esto estaría de acuerdo hasta el propio Partido Popular si no le implicara directamente, como lo estuvo el 11 de noviembre del pasado año cuando rubricó su «firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas». Cabe preguntarse, pues, cuál es el modelo de democracia que propugna el PP y defiende su presidente López Miras.