Opinión | Tribuna libre

Andrés Pacheco Guevara

La adopción de mayores, posible fraude

La vigente regulación de la adopción puede originar verdaderos perjuicios a determinados parientes de la persona adoptada. Ello puede surgir de la aplicación combinada de los preceptos del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 2011, hoy en vigor.

Bien conocido es que en las familias, incluso entre los hermanos, los asuntos de dinero propician enfrentamientos a todos los niveles, con normal residenciación de los mismos en los juzgados y tribunales. Las herencias son lógicamente la sede habitual de estos procedimientos.

Revistando las normas oportunos puede observarse que el art. 175.2 del Código Civil establece que únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados, pero por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiese existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un año. Y se permite que adopten los cónyuges o las parejas unidas por análoga relación de afectividad a la conyugal. Es importante también destacar que si el adoptado fuese mayor de edad, la extinción requerirá su consentimiento expreso.

Las adopciones se vehiculizan judicialmente por los trámites de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, atribuyéndose la competencia para conocer del expediente al Juzgado de Primera Instancia correspondiente al domicilio del adoptante y siempre con la intervención del Ministerio Fiscal. El adoptado mayor de edad ha de prestar su consentimiento ante el juez. Y es importante contemplar la posibilidad de que los progenitores del propio adoptado pretendan que se les reconozca el derecho a prestar su asentimiento, debiéndolo poner de manifiesto en dicho expediente. Pero si el adoptando es mayor de edad no será preciso oir a los progenitores ni al tutor o la familia acogedora. El texto sustantivo determina también la extinción de la adopción a petición de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hubieren intervenido en el expediente, mas la norma exige para tal extinción en el supuesto de un adoptado mayor de edad su consentimiento expreso.

Pues bien, la ley reclama la remisión de un testimonio de la resolución firme en que se acuerde la adopción al Registro Civil correspondiente, para que se practique su inscripción.

De capital trascendencia a los efectos analizados en este estudio es la contemplación de los cambios en la filiación del adoptado a consecuencia del expediente. La determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción. Pero es normal que las resoluciones que acuerdan tal estado integren la asignación tal adoptado, aun mayor de edad, de los apellidos del o de los adoptantes. Y en este ámbito es oportuno analizar el art. 53 de la nueva Ley del Registro Civil. Esta norma, bajo el rótulo de ‘cambio de apellidos’, dispone lo siguiente: el encargado del Registro Civil puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el cambio de apellidos, entre otros supuestos, «cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren utilizando antes de la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de edad».

Este precepto es la clave de la tesis aquí sostenida, es decir, la posibilidad de que algunas personas perjudiquen o defrauden gravemente a otros mediante la obtención de su adopción, siempre tratándose, obviamente, de adoptados mayores de edad.

Sin duda, en la mente del legislador anida la sana pretensión de que quien es adoptado en su mayoría de edad pueda conservar sus anteriores apellidos, algo plausible en orden a no entorpecer sus relaciones a partir de ese momento. Mas es de detectar que en la realidad el corto plazo de dos meses para instar el cambio pueda impedir que los posibles perjudicados con la adopción lleguen a enterarse de la misma, la que nunca les fue noticiada en el curso del expediente de jurisdicción voluntaria.

Por eso hay que añadir en orden a ese perjuicio el factor representado por la clandestinidad. La jugada y la opacidad de la misma se consuman acudiendo el adoptado antes de los dos meses al Registro Civil para obtener su derecho a volver a ostentar sus apellidos originales.

Sugiero, por todo ello, una reforma legal que evite que parientes del mismo grado, incluso hermanos, se vean apeados de algunas herencias ante la actitud connivente de los adoptantes, ascendientes de ambos, con ese pariente o hermano. Ya se han constatado casos reales, alguno de ellos en Murcia.