El rico refranero español tiene respuesta para casi todo, incluidos los trabajadores temporales de las administraciones públicas, llamados genéricamente interinos. Y se utiliza, este dicho, cuando nadie quiere asumir ninguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo: 'Entre todos la mataron y ella sola se murió'.
Lamentablemente me temo que ni ahora ni en octubre, cuando está previsto que se apruebe la ley sobre la temporalidad, se solucionará la situación que viven cientos de miles de trabajadores temporales públicos, y que las medidas que se adopten solo servirán para cubrir el expediente y poco más, sobre todo porque, y lo venimos algunos reclamando hace mucho tiempo, habría que cambiar demasiadas leyes, incluida la propia Constitución, para garantizar un proceso muy extraordinario.
La mayoría de la gente se empeña en seguir equiparando a todo el personal temporal de las Administraciones públicas, como si el problema fuera solo uno, y no es así, al contrario, el problema es múltiple, variado y no solo cada Administración tiene sus propios temporales, llegados de mil maneras, sino que incluso dentro de una misma Administración, pongamos por caso un Ayuntamiento cualquiera, existen varios tipos de trabajadores temporales.
Ni todos los temporales provienen de bolsas de trabajo fruto de un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ni todos han sido elegidos a dedo por el alcalde o concejal de turno, o por ser amigos de consejeros y directores.
Si a esto le sumas que en la negociación ha aparecido un inesperado pero conocido actor, las asociaciones de interinos, hartas de sentirse engañadas por las organizaciones sindicales tradicionales de la función pública, al que hasta ahora nadie le había invitado a preparar y diseñar su propio ‘entierro’, el resultado es que la confusión y las dudas, tras el paso del famoso ‘Icetazo’ por el Congreso, no solo no han desaparecido, sino que han aumentado.
El Estado, por mucho que se empeñe, no puede obligar a una Administración autonómica o local a establecer un proceso extraordinario; en el mejor de los casos, podría facilitar, con la modificación de varias leyes, la posibilidad de acogerse a ellas, y no todas las Administraciones están por la labor de incorporar a sus plantillas a miles de trabajadores temporales, puesto que incluso, de manera legítima, que nadie lo olvide, están apostando por todo lo contrario, privatizar servicios y ponerlos en manos privadas, como está ocurriendo en educación, sanidad, informática, medio ambiente, etc.
La solución, vengo gritando en el desierto desde hace años, está en la voluntad política, e incluso con las actuales normas, muchas Administraciones públicas han conseguido hacer procesos selectivos donde la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los trabajadores temporales han consolidado sus puestos y plazas de trabajo.
Si alguien busca un macroproceso extraordinario se equivocará, solo solucionaremos el grave problema de la temporalidad con microcirugía, actuando organismo a organismo y plaza a plaza, y buscando la solución, que la hay, a cada caso. Pero para eso hacen falta unos ingredientes básicos e imprescindibles: voluntad, trabajo, transparencia, dedicación, preparación y formación, y de momento, ni hay voluntad, ni ganas de trabajar- El oscurantismo sigue siendo el rey y, por desgracia, en muchos casos no existe ni preparación y mucho menos formación.
El culebrón de los trabajadores temporales, ni mucho menos ha terminado; al contrario, el espectáculo ha comenzado.
